El Gobierno se dispone a abrir una de las discusiones que más agravios y reproches suscitan entre los españoles, ya que mezcla el sentimiento de pertenencia con el bolsillo. Se trata del modelo de financiación, el reparto del pastel entre las comunidades. Un melón que permanecía cerrado desde hace más de 15 años. Ningún ejecutivo ha querido abordarlo antes hasta disponer de los recursos suficientes como para que todos aumenten el botín, aunque eso no impida acusar al vecino de avaricia. También es cierto que el Gobierno de turno tiene por el mango el cuchillo de partir la tarta, así que procura que el nuevo modelo responda a sus intereses. Por eso, no es descabellado aventurar que el sistema beneficiará a Andalucía y Catalunya.
Foto de familia de las autoridades asistentes a la XXVIII Conferencia de Presidentes, en Palau de Pedralbes de Barcelona, a 6 de junio de 2025
Desde hace meses se suceden las reuniones discretas entre los equipos de Hacienda y los de la Generalitat y ERC para pactar el nuevo modelo. Catalunya vuelve a liderar las negociaciones después del procés, cuando los independentistas consideraron incompatible prometer la secesión inminente y discutir mejoras en el marco autonómico. ERC está abordando la discusión sabiendo que se trata de un modelo para todas las comunidades, aunque como es lógico barre para su casa. Tiene difícil lograr la ordinalidad, es decir, que se garantice por ley que Catalunya no recibirá por debajo de lo que aporte, aunque sí puede corregir en la práctica esa diferencia. Los republicanos han dejado para el 2026 la otra pata de la financiación, o sea, los cambios legales para que la Generalitat recaude todos los impuestos, empezando por el IRPF.
Esquerra se está implicando a fondo, mientras que Junts ha preferido quedarse al margen, pese a su capacidad para condicionar al Gobierno. Si ERC persigue que la cifra resultante sea atractiva para Catalunya, la vicepresidenta María Jesús Montero tira hacia Andalucía, donde será candidata a la Junta. Cuando ella era consejera, exigía 4.000 millones a Rajoy. “No vamos a pedir menos”, advierte Juanma Moreno Bonilla. Así que ahí tenemos una cifra suelo para Andalucía.
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Mientras, Montero alentará las contradicciones entre líderes autonómicos, casi todos del PP. No sería de extrañar que la Comunitat Valenciana o Baleares salgan mejor paradas, mientras que puede ocurrir que quien más se sienta agraviada sea Isabel Díaz Ayuso.
