Un fiscal general en el banquillo es una imagen que resume los choques institucionales que alienta la política en España. Como lo fue en su día todo un gobierno de la Generalitat enviado a prisión. Entre esos hechos aparentemente sin relación alguna existe un nexo, el de una guerra por el poder que se cuela en todos los estamentos, incluso el judicial. Se juega mucho el Tribunal Supremo en pocos meses con la sentencia sobre el fiscal general y las resoluciones de la justicia europea sobre el procés .
Entre el Gobierno y la judicatura se abrió una grieta el día que Podemos entró en el Consejo de Ministros. Pero la fisura se convirtió en sima abisal con el pacto entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. Por dos motivos: por un lado, aquel acuerdo contenía una referencia al lawfare o uso de la justicia para fines políticos que levantó ampollas en el Tribunal Supremo. Carles Puigdemont exigió que se incluyera la alusión al lawfare en la ley de amnistía y el ministro Félix Bolaños se negó. Al final, se dejó en el texto del acuerdo político, pero igualmente, cayó como una bomba en el alto tribunal, que se sintió atacado en su reputación.
Tanto si el fiscal general es condenado como si es absuelto, alguien va a quedar muy mal
El segundo motivo que profundizó en la brecha fue la misma ley de Amnistía. Los magistrados que condenaron a los dirigentes independentistas podían asumir un indulto, un perdón del Gobierno, pero no una amnistía que borraba los delitos y que veían como una enmienda a la sentencia que podía influir en el ánimo de sus colegas europeos y llevarles a considerarla desproporcionada. De todos los atrevimientos de Sánchez, la amnistía ha sido el que más ha escandalizado. Ha motivado manifestaciones (incluidas las de magistrados ataviados con sus togas) y ha servido para tachar de inmoral al presidente.
Desde el momento en que al Supremo le cayó encima el desenlace del procés , se sabía que todas sus decisiones acabarían pasando por el cedazo de la justicia europea. Ahora estamos llegando al final del recorrido. Hace unos días el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avaló la prisión preventiva de los líderes del procés y sentenció que no se vulneraron por ello sus derechos políticos. También apoyó hace unos meses las decisiones del Constitucional contra las resoluciones del Parlament en 2017. Dos bofetadas a parte del relato independentista sobre la “represión” judicial. Falta por conocer el importante dictamen del TEDH sobre la sentencia del 1-O.
El fiscal general, a la izquierda, y el tribunal que debe dictar sentencia
En cambio, esta semana se ha sabido el criterio del Abogado General del TJUE sobre la ley de Amnistía, a modo de avance de lo que decida el tribunal. Su informe da el visto bueno a la norma y desmonta casi todos los argumentos en contra utilizados por jueces y políticos, como la tesis de la “autoamnistía” o su inconstitucionalidad, mientras que ha contribuido a la reconciliación en Catalunya. Si el tribunal lo confirma, se podrá estar en contra de la amnistía, por supuesto, pero será porque se aboga por hacer cumplir la condena impuesta, no por motivos jurídicos. Será un triunfo político del Gobierno.
El Supremo también ha juzgado estos días al fiscal general, Álvaro García Ortiz, por presunta filtración de datos de la causa por fraude fiscal al novio de Isabel Díaz Ayuso. Las sesiones han destapado rencillas entre fiscales. Es la punta del iceberg de la burbuja judicial madrileña, una maraña de alianzas y disputas (a veces derivadas de pugnas por puestos en el escalafón) que acaban por enturbiar sus decisiones. Este fiscal no es santo de la devoción de los conservadores y viceversa. No siempre los políticos son culpables de los fervores ideológicos en el poder judicial.
Así como los jueces no pudieron evitar que un conflicto político como el procés cayera en sus manos, sí han controlado todo el recorrido que ha llevado a García Ortiz al banquillo, de tal forma que, tanto si es condenado como si no, alguien va a quedar muy mal. Si es culpable, habrá que concluir que todo un fiscal general mintió ante un tribunal mientras el presidente del Gobierno le defendía a capa y espada, y los jueces trataban de embusteros a los periodistas que declararon a su favor. En este caso García Ortiz acudirá a instancias europeas, previa dimisión. La condena se leerá políticamente como un mensaje a la Moncloa. Si es absuelto, se deduce que no hicieron bien su trabajo ni la Guardia Civil, ni el juez instructor ni la Sala de apelación. Aunque el Supremo no pueda ni deba admitirlo, su decisión tendrá derivadas políticas innegables y una influencia en la forma de abordar otras investigaciones en curso que afectan al Gobierno.
Para recuperar a Junts
Negociaciones sobre inmigración
Si la amnistía sorteara todos los obstáculos judiciales que tiene aún por delante y pudiera aplicarse a Carles Puigdemont a principios del próximo año, el PSOE cree que se puede reconducir la relación con Junts, aunque la aprobación de los presupuestos casi no se contempla. Mientras, los socialistas están trabajando para tratar de desbloquear la delegación de competencias en inmigración a la Generalitat, otra de las exigencias de Junts, frenada por el voto en contra de Podemos, que rechaza el tono del preámbulo de la norma. Las negociaciones se llevan con discreción.
Votantes de 35 a 49 años
La chupa de Sánchez
Pedro Sánchez sorprendió esta semana al acudir a Radio 3 con una camiseta de esa emisora (de la que se declaró oyente) y una cazadora negra para comentar su música preferida. Habló, entre otras cosas, del último disco de Rosalía y de su añoranza por los festivales. Como ningún político da puntada sin hilo, hay que señalar que en el PSOE han detectado un agujero de votantes en la franja de los 35 a los 49 años. Lo corrobora una encuesta de la empresa Cluster recogida en Agenda Pública: el 22% de los votantes de esa franja eligen al PSOE, el 34% al PP y el 21% a Vox. Sánchez también se ha apuntado a Tik Tok.
