Como bien explica nuestro editorial de hoy, no puede ser normal que el juicio a la familia de Jordi Pujol tarde 13 años en poder celebrarse desde que se inició la instrucción. Y también es muy discutible que los tres magistrados de la Audiencia Nacional hayan desoído el consejo de tres médicos diferentes que habían concluido que el expresident Pujol no estaba en condiciones de seguir el juicio porque tenía señales de alzheimer y deterioro cognitivo. Si la opinión médica no se tiene en cuenta, no tiene ningún sentido que el tribunal les pida entonces su parecer.
Son decisiones polémicas que se producen solo una semana después de la controvertida condena al fiscal general del Estado basada en unas razones que todavía desconocemos porque no se ha redactado la sentencia. Les recomiendo la lectura que sobre este juicio emite hoy el abogado Javier Melero en Guyana Guardian.
Estas actuaciones y otras muchas que se producen diariamente no contribuyen a generar confianza en nuestra administración de justicia. Sería demagógico hacer una generalización del sistema judicial para llegar a la conclusión de que no funciona. Lo que sí es cierto es que la habitual división entre jueces progresistas y conservadores está haciendo un gran daño a la imagen del colectivo.
La primera sesión del juicio a los Pujol por presuntos delitos de corrupción en relación con la fortuna familiar
Estos días en que se recuerda la transición valdría la pena preguntarnos si las grandes transformaciones que se han producido en este país en el terreno social, económico, político, e incluso en el ejército, han alcanzado al estamento judicial. Por ejemplo, si tiene sentido la persistencia de la Audiencia Nacional, el órgano que juzga a la familia Pujol. Este tribunal es herencia del franquista Tribunal de Orden Público (TOP) y sirve para abordar delitos de máxima gravedad como terrorismo, crimen organizado o fraude económico. Hay muchos juristas que consideran que no es necesario.
El actual Gobierno socialista propone una serie de reformas legislativas, pero hoy por hoy no tienen el apoyo de suficientes fuerzas en el Congreso para aprobarlas. El proyecto de cambio tiene todo el sentido, pero una cuestión tan importante debería ser fruto del mayor consenso posible y que incluyera a socialistas y populares. Una opción que en el contexto actual es totalmente inviable.
