Impotencia de Estado
Las instituciones públicas resultan incapaces de asegurar las prestaciones fundamentales. Dicha ineficacia constituye la característica central del panorama político actual. La administración (incluyendo a la Generalitat o a los consistorios) no logra salvaguardar las comunicaciones. Establece de forma ininterrumpida reglamentos y limitaciones de tráfico, emplea dispositivos de control para sancionar y veta el acceso urbano a vehículos antiguos (aquellos que las personas con menos recursos pueden costear). Posee una gran efectividad en términos de recaudación y castigo, pero fracasa al asegurar el desplazamiento. Las vías de comunicación sufren colapsos constantes que provocan serios daños económicos y particulares, además de un consumo energético que choca con el discurso ecologista habitual. Sobre el ferrocarril, por desgracia, ya se ha expuesto todo. Los ciudadanos han dejado de creer incluso en las movilizaciones, sabiendo que carecen de efecto. La debilidad de las instituciones es la patología más evidente de nuestro sistema democrático.
Se trata de una incapacidad generalizada. Resulta imposible asegurar el acceso habitacional a la juventud. Inmediatamente tras el fallecimiento de Franco, España contaba con 35.946.425 pobladores. En la actualidad ya alcanza los 50 millones. Expresado en términos regionales: en menos de un ciclo generacional, Catalunya ha experimentado un incremento poblacional de dos millones. Sin embargo, la oferta inmobiliaria no ha logrado, ni por asomo, seguir el ritmo de este inmenso crecimiento demográfico. El sistema sanitario se encuentra al límite y existe el riesgo de que en los centros hospitalarios ocurra un colapso similar al del transporte ferroviario. A excepción de casos afortunados, la calidad educativa no responde a los requerimientos de la época actual. La administración pública tampoco logra asegurar la protección en las vías públicas durante la noche ni el resguardo de los bienes particulares ( okupaciones ). Ciertamente, la extrema derecha aviva y sobredimensiona los conflictos de falta de seguridad, no obstante, discutir con dicha postura recurriendo a datos numéricos no contribuye a mitigar el temor: los agentes permanecen en las dependencias administrativas en lugar de patrullar las calles.
Dado que cada administración falla, el conflicto partidista genera un desánimo generalizado.
Los magistrados, por otro lado, se encuentran absortos en sí mismos. No existe problema más longevo en nuestro sistema democrático que una administración judicial pausada y complicada. Los juzgadores se quejan de la carencia de recursos, aunque jamás descuidan la atención a sus propios beneficios corporativos. Los conflictos entre los tribunales y el ejecutivo se remontan a la época de Francisco Ledesma, quien fuera titular de justicia con Felipe González de 1982 a 1988 (casualmente, conversé con él poco tiempo después de su salida del cargo y me detalló la obstrucción de los empleados públicos ante la renovación de las sedes judiciales). Dividido en corrientes de pensamiento, el Consejo General del Poder Judicial se involucra profundamente en el ámbito político al tiempo que desatiende su labor primordial: supervisar y dinamizar la operatividad de los tribunales.
Un inconveniente de lo que en EEUU se denomina el deep state consiste en que oculta las obligaciones de los altos cargos públicos, de la judicatura y de diversos entes reguladores de relevancia, al tiempo que expone a los ejecutivos frente a las amenazas, dificultades y dilemas de la administración actual. La confrontación partidista se intensifica durante las catástrofes: pandemia, dana, cortes de luz, Cercanías... Con la intención de obtener beneficios electorales, las formaciones opositoras atacan con dureza a la fuerza gobernante, al tiempo que se desvanecen rápidamente las culpas de los expertos, empleados públicos y entidades de control.
Las agrupaciones de conductores de Renfe, por citar un caso, exhiben actualmente su capacidad de obstrucción. Debido a que la ciudadanía no profundiza en ello, ignoramos qué porcentaje de culpa por el deterioro de infraestructuras y convoyes recae sobre empleados, personal público y firmas externas. Lo que resulta evidente es el funcionamiento del sector estatal: independientemente del signo político, en cada organismo financiado con fondos públicos, los requerimientos operativos se supeditan al beneficio del colectivo: salarios, descansos, licencias, traslados, etcétera.
Resulta por ello irracional el conflicto partidista sobre las deficiencias estatales: en lugar de analizar y optimizar el desempeño del aparato administrativo, la pugna política únicamente funciona para desgastar ejecutivos; y dado que toda administración termina por fallar forzosamente, el enfrentamiento termina generando un desánimo social. Tal abatimiento servirá de alfombra roja para la extrema derecha. Festejar e intensificar la incapacidad del Estado actual supone degradar el sistema democrático mediante ácido fluorhídrico.