En el informe de la Universitat Pompeu Fabra sobre la delicada situación de la vivienda de protección social en Catalunya se pone de manifiesto la falta de previsión de las administraciones públicas (en plural), la falta de dotación presupuestaria y sobre todo la falta de colaboración entre las distintas administraciones afectadas. Un dato que sorprende es que en los últimos diez años las viviendas de protección oficial promovidas por las administraciones públicas ascienden a solo el 40% del total, y recae el 60% restante en iniciativa privada. No debe sorprendernos, pues nuestras administraciones no han creado ni previsto los instrumentos necesarios para fomentar estas construcciones. ¿Por qué desde la Administración no se dictan las normas y se ofrecen los incentivos suficientes para que sea la iniciativa privada (tan denostada últimamente) la que siga siendo el motor real de promoción de vivienda de protección social ante la baja participación del sector público?
Alfonso Casanovas Giménez
Barcelona