* El autor forma parte de la comunidad de lectores de La Vanguardia
En los últimos años, miles de autónomos y pequeñas empresas se enfrentan a un obstáculo cada vez más habitual: no pueden deducirse el IVA de servicios que contratan a grandes plataformas tecnológicas como Google o Microsoft.
La razón es más sencilla —y más inquietante— de lo que parece: las facturas son difíciles de encontrar, difíciles de entender o, directamente, imposibles de obtener si no se conocen los entresijos ocultos de la plataforma. Pero la cuestión no es solo técnica, sino política y fiscal.
Detrás de esta opacidad hay un juego de equilibrios sutil entre las grandes multinacionales y el Estado, que acaba perjudicando siempre a los mismos: los contribuyentes más pequeños. Las grandes tecnológicas cuentan con departamentos fiscales extremadamente sofisticados. No se limitan a cumplir con la ley: la exprimen hasta el límite.
Ubican beneficios en países de fiscalidad baja, trasladan costes donde resulta fiscalmente más ventajoso y mueven los ingresos de un lado a otro según conviene. Nada de esto es necesariamente ilegal. Pero en muchos casos, las prácticas rozan la frontera de lo aceptable. A veces incluso la cruzan.
El problema es que Hacienda, sencillamente, no puede —ni quiere— entrar en cada una de estas operaciones. No hay recursos suficientes para litigar contra estructuras diseñadas por firmas legales de primera división. Y entrar en una guerra fiscal abierta con gigantes como Amazon o Ebay implica riesgos políticos, económicos y diplomáticos que pocos gobiernos están dispuestos a asumir.
Las grandes tecnológicas llevan de cabeza a los autónomos por el IVA.
Aquí es donde entra en juego un mecanismo mucho más silencioso, pero muy efectivo: la dificultad de obtener las facturas… Quien haya intentado recuperar una factura en alguna de estas grandes plataformas lo sabe bien: hay que navegar entre complicados menús, consolas administrativas separadas, configuraciones en inglés e interfaces que cambian cada dos por tres. Y todo este sacrificio para que, si triunfas, en ocasiones tu victoria será un recibo sin el NIF ni el domicilio social de la multinacional.
Entra en juego un mecanismo mucho más silencioso, pero muy efectivo: la dificultad de obtener las facturas
Y aquí es donde todo encaja. Si el contribuyente no deduce el IVA, Hacienda no tiene que devolvérselo. El impuesto se ha ingresado, pero nadie lo compensa. Es un ingreso limpio para el Estado. Nadie ha defraudado, nadie ha mentido, nadie ha incumplido nada... pero alguien ha perdido. Y no es la multinacional. Es el profesional, el autónomo, la pequeña empresa que soporta un coste que no le corresponde.
Este mecanismo, lejos de ser accidental, encierra una lógica perversa que beneficia a las dos grandes partes fuertes del sistema: las tecnológicas y la Hacienda pública. Las primeras operan con una notable libertad fiscal, explorando cada resquicio legal sin apenas interferencias por parte de Hacienda.
Reclamación del IVA.
A cambio, el Estado —que difícilmente puede o quiere enfrentarse de forma sostenida a estas compañías en los tribunales— obtiene una compensación nada desdeñable: el IVA que miles de autónomos y pequeños empresarios pagan en sus facturas, pero que no logran deducirse por las trabas que imponen esas mismas plataformas.
No hay un pacto firmado entre Hacienda y las tecnológicas, pero sí un entendimiento tácito, una cesión mutua de terreno. Las empresas dificultan deliberadamente el acceso a las facturas. Y Hacienda, lejos de corregirlo o exigir transparencia, lo permite. Porque en esa opacidad se esconde una recaudación extra: la que proviene de todos esos contribuyentes que, confundidos o frustrados, renuncian a reclamar lo que es suyo.
Así se cierra el círculo: las grandes tecnológicas evitan una fiscalización real por parte del Estado, a cambio de dificultar el acceso a las facturas y permitir que Hacienda ingrese el IVA que miles de contribuyentes no pueden deducirse.
El resultado es un sistema cómodo para unos pocos y oneroso para muchos. Un equilibrio sostenido no por la equidad, sino por el silencio. Todo esto podría resolverse con una regulación simple: obligar a las plataformas digitales a emitir facturas completas, claras, localizables, en español y de oficio para cualquier operación sujeta a IVA en España. Pero no se hace. Porque el diseño actual, con toda su opacidad, le resulta aceptable a quienes de verdad mueven los resortes del sistema.
Y así, mientras las multinacionales siguen optimizando al límite la fiscalidad y Hacienda evita el choque frontal, el coste económico de esta complicidad silenciosa lo pagamos todos. Primero los autónomos y pequeños empresarios, que ven cómo se evaporan deducciones que deberían estar garantizadas. Y después el conjunto de la sociedad, que asiste, una vez más, al espectáculo de una fiscalidad que no trata a todos por igual.
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