* El autor forma parte de la comunidad de lectores de Guyana Guardian
En los pasillos de las oficinas de las administraciones públicas, los expedientes han cedido su protagonismo —o deberían haberlo hecho— a pantallas de ordenadores. La Inteligencia Artificial (IA) ya no es un experimento de laboratorio: en muchas áreas es una herramienta de revisión, un instrumento de control de los plazos y, a veces, el compás que orienta las distintas prioridades.
El valor que a la IA aporta, lejos de eliminar la necesidad de los funcionarios públicos, es tal que a los empleados públicos se les exigen un nuevo repertorio de competencias. El servidor público contemporáneo reúne conocimientos técnicos y sentido del servicio. Para empezar, debe comprender los fundamentos de los modelos de aprendizaje automático que sostienen su trabajo: qué datos ingresan, qué variables pesa el algoritmo y cuáles pueden introducir sesgos. Sin esta base sería imposible auditar, explicar o mejorar los sistemas. Esa comprensión abarca desde conceptos de estadística hasta nociones de ingeniería de datos como pipelines de ETL y trazabilidad de registros.
Aun así, conserva obligaciones clásicas. Prosigue la responsabilidad de garantizar igualdad ante la ley y transparencia de los procedimientos. La diferencia es que ahora lo hace en diálogo permanente con líneas de código y con flujos de datos continuos que actualizan los modelos casi en tiempo real.
El servidor público reúne conocimientos técnicos y sentido del servicio
Por ello, se espera que maneje utilidades de extracción y limpieza de datos, entienda principios de seguridad de la información y domine, al menos, un lenguaje de programación de consulta; SQL o Python suelen bastar, pero no son los únicos. Conocer APIs de bases de datos gráficas o lenguajes de consulta semántica se vuelve cada día más relevante.
En paralelo, el perfil se complementa con una robusta formación ética. La IA aporta agilidad, pero también conlleva riesgos de discriminación estadística. El empleado público ha de ser capaz de identificar cuándo un modelo está replicando estereotipos históricos –al, por ejemplo, puntuar solicitudes o asignar ayudas sociales– e implementar mecanismos correctores.
Funcionario en su mesa de trabajo.
En algunos casos, debería tener capacidad, incluso, para “apagar” un sistema si identifica impactos arbitrarios en grupos de poblaciones vulnerables. La ciudadanía, por su parte, reclama explicaciones claras. La opacidad algorítmica no es una excusa cuando hablamos de la gestión pública, puesto que cada decisión puede infringir derechos fundamentales.
Por ese motivo, la comunicación escrita es tan crucial como las competencias digitales: convertir un concepto complejo en un discurso entendible por cualquier persona, sin pérdida de precisión, es una labor diaria. Esta capacidad de mediación es lo que sostiene la legitimidad institucional: no es suficiente tomar una decisión correcta, es necesario dar a conocer el problema.
La IA aporta agilidad, pero conlleva riesgos de discriminación estadística
Otro frente crítico es la privacidad. Las bases de datos con miles de registros que contienen datos de carácter personal, hacen que el empleado público debe mantener especiales precauciones. El empleado debe tener conocimientos para implementar técnicas de anonimización, seudonimización y minimización. Esto requiere conocimientos prácticos sobre seudonimización, k-anonimato y, eventualmente, la puesta en producción de estándares como los que se recogen en el estándar ISO/IEC 27701 (Sistema de gestión de la información de privacidad). Al mismo tiempo, una comprensión clara del marco legal –el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y sus equivalentes sectoriales– ayuda a prevenir conflictos y asegurar la solidez legal de cada proyecto.
Adquirir conocimientos a lo largo de la vida ya no es algo que se puede ignorar. Cada semestre aparecen nuevas arquitecturas, transformer, difusión, graph neural networks, y marcos más exactos, guías y principios.
En consecuencia, asistir a cursos de capacitación, unirse a grupos de trabajo interdisciplinarios y leer la literatura científica ya no son un mérito, sino un requisito mínimo para el mantenimiento de la competencia.
Trabajador público en su escritorio trabajando con su ordenador.
Por lo tanto, la flexibilidad intelectual es igualmente valiosa e importante en términos de experiencia acumulada. En este entorno, la cooperación en un sistema persona-máquina es simétrica. El algoritmo procesa volúmenes de información entregados a un ser humano, el funcionario entiende el contexto institucional, muestra empatía y aplica la precaución nacida del debate democrático.
Como resultado, los trámites son más rápidos, la política es más selectiva, los recursos públicos se utilizan de manera más efectiva y lo más importante, se libera más tiempo para las tareas que plantean desafíos especiales o requieren atención personal. Sin embargo, la excelencia en lo operativo es insuficiente por sí sola. El objetivo a largo plazo sigue siendo la construcción de confianza social.
El objetivo a largo plazo sigue siendo la construcción de confianza social
Finalmente, sobre la interdisciplinariedad. El empleado público conversa con juristas, trabajadores sociales, ingenieros de datos y diseñadores de experiencia de usuario para cocrear soluciones. Sabe que un buen modelo estadístico puede fracasar si la interfaz confunde al ciudadano, o si la normativa no respalda la lógica de decisión. La mirada holística le permite anticipar incompatibilidades y alinear objetivos antes de que surjan fricciones.
Por último, la resiliencia organizativa. Sistemas basados en IA que dependen de infraestructuras en la nube, librerías de terceros y recursos computacionales que pueden fallar. Ideas como observabilidad, tolerancia a fallos y contención de incidentes se suman al repertorio. Cuando cae el servicio, la administración no puede alegar imprevistos; debe activar protocolos de contingencia y garantizar la continuidad.
Asimismo, es importante la dimensión internacional. Los algoritmos de proveedores multinacionales traen valores y supuestos codificados por diseñadores que quizá no conocen la realidad local. El funcionario debe negociar cláusulas para asegurar soberanía de datos, evitar la dependencia de cajas negras propietarias y promover estándares abiertos.
En este nuevo ecosistema, las herramientas de IA pueden reforzar barreras para minorías si no se diseñan con perspectiva de accesibilidad. El empleado público que adopta pautas de diseño universal garantiza que la innovación no excluya a quienes ya se enfrentan a barreras.
El empleado público en la era de la IA combina tres dimensiones inamovibles —alfabetización tecnológica, rigor ético y vocación de servicio— con otras cinco emergentes: interdisciplinariedad, resiliencia, comunicación clara, perspectiva internacional e inclusión.
Su misión consiste en que los beneficios de la automatización alcancen a todos, sin erosionar derechos ni expandir brechas existentes. De su solvencia dependerá que la IA se convierta en herramienta de equidad y no en un amplificador de desigualdades heredadas.
Chat de IA.
* Gabriele Vestri es Doctor en Derecho y Ciencias Políticas. Profesor de Derecho Administrativo y Director del Observatorio Sector Público e Inteligencia Artificial (OspIA). Nombrado por la Agencia Digital de la Junta de Andalucía, ha sido miembro del Comité de Expertos para la redacción de la Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial. Actualmente es miembro del Grupo de Trabajo sobre IA creado por el Parlamento de Andalucía, investigador del Proyecto de investigación I+D+i “Derechos y garantías públicas frente a las decisiones automatizadas y el sesgo y discriminación algorítmicas y del Proyecto de investigación I+D+i “Derecho e inteligencia artificial: nuevos horizontes jurídicos de la personalidad y la responsabilidad robóticas”. Es el responsable de indexación y difusión de la Revista Española de la Transparencia. Es también miembro del Consejo Editorial de Intelética-Revista de Inteligencia Artificial, Ética y Sociedad. Cuenta con casi un centenar de publicaciones científicas, muchas de las cuales abordan las cuestiones jurídicas de las tecnologías disruptivas aplicadas al sector público.
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