El Congreso de los Diputados sigue dando pasos para quitar la mordaza a la ley de Seguridad Ciudadana sin visos aparentes de que el tercer intento para reformar la norma aprobada en 2015 por el rodillo del Partido Popular vaya, esta vez, a naufragar. El Gobierno y sus socios parlamentarios habituales han tumbado este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox, desde donde han afeado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, saltarse las “líneas rojas” para la modificación de la ley que él mismo trazó en la pasada legislatura: prohibición de las pelotas de goma como material antidisturbios, las faltas de respeto a los agentes, las multas por desobediencia y la limitación de las devoluciones en caliente.
La votación de hoy ha sido un puro trámite parlamentario, puesto que las enmiendas a la totalidad presentadas por las derechas estaban abocadas al fracaso. Pese a ello, la diputada Ana Vázquez (PP) y Javier Ortega Smith (Vox) han defendido sus textos con duras críticas al Gobierno, acusándolo de apoyarse en sus socios para “amordazar” a los ciudadanos que quieren “salir a la calle tranquilos”, poder “defender su propiedad frente a la ocupación” o tener unas “fronteras seguras”. En líneas generales, la oposición defiende que la reforma de la ley mordaza dejará “desprotegidos” a los agentes de todos los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en un contexto, dicen, en el que la inseguridad está comiendo terreno, día a día, en las calles de España. Una versión que coincide con la mayoritaria entre sindicatos y asociaciones policiales, que ayer pincharon en su convocatoria de concentración frente al Congreso de los Diputados.
Vázquez ha verbalizado este sentir desde la tribuna, culpando al Gobierno de Pedro Sánchez de “defender” a delincuentes que quieren “echar” a la Policía Nacional y la Guardia Civil de Catalunya y el País Vasco frente a los “españoles que quieren sentirse seguros”. La diputada popular ha rebautizado la norma de Seguridad Ciudadana como “ley Otegi”, en alusión al pacto al que llegó el PSOE con EH Bildu para impulsar una reforma definitiva de la ley, después de que en la pasada legislatura volviese a fracasar por las exigencias, precisamente, de EH Bildu y ERC. “La mordaza es la que le intentan poner a los jueces desprestigiando el sistema judicial o a los medios de comunicación”, ha resaltado Vázquez.
Durante las intervenciones del resto de grupos parlamentarios se ha evidenciado la voluntad de los aliados de Sánchez de modificar de una vez por todas la norma que lleva más tiempo en vigor con gobiernos progresistas que conservadores. Pese a esa buena predisposición, partidos como Podemos y Junts —que esta vez no ha participado en el debate— ya ha avisado que darán la batalla durante el periodo de enmiendas en la Comisión de Interior para que se incluyan en la reforma sus demandas que van más allá de las pactadas hasta ahora. De hecho, Ione Belarra ha defendido una “derogación total” de la ley mordaza, y no una reforma como se pretende.
Jon Iñarritu (EH Bildu) ha recogido el guante del nuevo nombre que le ha dado la diputada del PP a la norma —por ley Otegi—: “Ojalá tuviéramos tanta capacidad de influencia”. Iñarritu ha centrado su intervención en el uso de las pelotas de goma como material antidisturbios, que ha censurado en todo momento. “No las defendemos ni cuando las usan contra ustedes”, se ha referido a las derechas por su participación en las protestas frente a la sede del PSOE en Ferraz durante las negociaciones de la ley de amnistía, en las que la Policía Nacional cargó contra los más violentos. Por su parte, el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro ha criticado “la aberración democrática” de la ley que sacó adelante el PP gracias a la mayoría absoluta con la que contaba durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. El parlamentario de ERC ha defendido que la reforma dotará de un “equilibro” entre seguridad y libertad para “vivir con dignidad. Francesc-Marc Álvaro ha descartado que la reforma perjudique a las fuerzas policiales, a diferencia, tal y como ha sacado a relucir, la detención de un jefe policial —por el arrestado de la UDEF— que escondía en su casa unos 20 millones procedentes del narcotráfico o el espionaje a líderes independentistas con el programa Pegasus.
