Agentes de la Guardia Civil irrumpieron en el Ayuntamiento de Cabrera de Mar. Los agentes bajaron a toda velocidad de los vehículos Jeep que aparcaron en las puertas del Consistorio. Iban con el rostro cubierto con pasamontañas y armados con metralletas. Era 28 de octubre de 2020. Arrestaron al alcalde Jordi Mir, registraron su despacho y se llevaron documentación. A pesar de la espectacularidad de la operación, el alcalde quedó en libertad por la tarde tras negarse a declarar. Hace dos semanas su caso quedó archivado. Detrás de aquel operativo estaba el juez Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, especialista en dirigir operaciones rimbombantes que con el paso del tiempo se deshacen como un azucarillo. El registro de Cabrera de Mar fue uno de los treinta que ordenó y en el que fueron detenidas 21 personas, entre ellas los considerados miembros del Estado Mayor del procés , David Madí, Xavier Vendrell, Xavier Vinyals y Oriol Solé. Cuatro años después todas las causas y subcausas de la denominada operación Voloh, que investigaba la supuesta concesión de subvenciones para financiar el procés y los contactos del president Carles Puigdemont con Rusia, ha acabado en nada. Todo archivado.
El juez Aguirre lleva décadas dirigiendo el juzgado de instrucción 1 de Barcelona. Por sus manos han pasado macrocausas y grandes escándalos de corrupción, como el Gran Tibidabo, pero la mayoría acaban enmarañados en una madeja de subcausas y piezas separadas abiertas por el propio juez, imposibles de ordenar, que se saldan con condenas menores o acaban en nada. En el año 2012, Aguirre ya fue artífice de una polémica operación cuando se presentó a Egara, al cuartel general de los Mossos en Sabadell, junto a la Policía Nacional para practicar un registro por el caso Macedònia, en el que se investigaba una supuesta connivencia de unos mossos con unos narcos. El juicio se celebró en 2021, trece años después, y también acabo en nada. Todos absueltos.
Su último gran caso, el de la presunta trama rusa del procés , también ha sido archivado. Esta semana la Audiencia de Barcelona, en uno de los autos más duros que se recuerdan, le ha ordenado al juez que archivara el asunto y le ha advertido que si no acata la orden lo acusará de desobediencia. Sin embargo, todo apunta a que Aguirre no dictará el archivo. Está de baja y se jubila a mediados del mes que viene con lo que nadie cuenta con que se reincorpore al juzgado y tendrá que ser su sustituta la que dicte el archivo.
La Audiencia de Barcelona acusa al juez de fraude de ley en la causa de la trama rusa del ‘procés’
En diciembre de 2022, Aguirre reclamó un refuerzo en su juzgado debido a la sobrecarga de trabajo que suponía el caso Voloh. Una juez sustituta asumió la carga diaria del juzgado y él liberó su agenda para volcarse en la trama rusa y el resto de piezas en las que había dividido la investigación. Además, en 2023, otro gran caso cayó en sus manos: el caso Negreira, que indaga la supuesta compra de árbitros por parte del Barça. En los dos asuntos, su manera de proceder le han valido severos varapalos de la sección 21 de la Audiencia, la Sala encargada de resolver los recursos que se interponen en contra de sus decisiones.
La investigación de la trama rusa llevaba parada desde 2022, cuando se realizaron las últimas diligencias, pero al magistrado le surgieron las prisas a medida que avanzaban las negociaciones sobre la ley de Amnistía. Algunos medios publicaron la estrategia que el juez tenía en mente. Quería torpedear la ley del olvido penal con la trama rusa del procés , causa que ya tenía abierta. Según aquellos primeros artículos periodísticos, Aguirre imputaría a Puigdemont por un delito de traición, tipo penal excluido de la ley y así impediría que pudiera beneficiarse de la amnistía. El juez, a partir de unos conversaciones interceptadas al exresponsable de relaciones internacionales de CDC Víctor Terradellas y la confirmación de que dos supuestos emisarios del Kremlin se habían reunido con Puigdemont, estaba convencido de que los independentistas se habían apoyado en Rusia para lograr la independencia a pesar de que no había aparecido ninguna otra prueba más.
El juez no tuvo reparos en conceder una entrevista a la televisión pública alemana en la que lo daba por hecho. No había acabado la investigación ni tan siquiera había procesado a los imputados, pero afirmó ante las cámaras que Rusia apoyó el proceso de independencia en Catalunya para desestabilizar al conjunto de democracias europeas. El mismo día en el que aparecía en la televisión alemana prorrogó seis meses más la instrucción de la causa a pesar de que la Audiencia de Barcelona le había advertido de que llevaba un año sin aportar nada nuevo. Aquella prórroga se dictó el día antes de que el Congreso votase por primera vez la ley de amnistía. La norma no superó el trámite debido al voto contrario de Junts.
Unos audios revelaron como el magistrado se jactaba de haber frustrado la primera votación de la amnistía
Al día siguiente, según revelaron unos audios publicados por el Canal Red, de Pablo Iglesias, Aguirre comentó a los funcionarios de su juzgado: “Me han dicho que ayer lo de la ley de Amnistía se tumbó por mí”. El partido de Puigdemont quería que la ley también amnistiara los delitos de traición tras conocer las intenciones de Aguirre a través de la prensa. En aquellos audios filtrados, el juez también añadía que la amnistía “sería la tumba del Gobierno” y que a Pedro Sánchez le quedaban “dos telediarios alemanes”. “A tomar por culo”, zanjaba.
En junio, una decisión de la sección 21 tiró por tierra las intenciones del magistrado. La Sala estimó un recurso del investigado Xavier Vendrell y obligó a Aguirre a archivar toda la causa por haberla prorrogado fuera de plazo. Le recriminaba que en los seis meses anteriores no había hecho absolutamente nada. “Seis meses de completa inactividad”, subrayó el tribunal.
Tras aquel varapalo, no se dio por vencido y buscó una fórmula “para superar los obstáculos técnico procesales”, según lo calificó él mismo. Abrió otra pieza separada, imputó a los expresidentes Puigdemont y Artur Mas, la exconsellera Elsa Artadi y el periodista Carles Porta, entre otros, y los acusó de traición. Para fundamentar esa acusación redactó un auto de 58 páginas profundizando en el concepto de guerra híbrida, que a su juicio es la nueva forma de guerra del siglo XXI. Gracias a esa visión, imputó por traición –un tipo penal concebido para ser aplicado en el marco de conflictos bélicos– a los investigados, al considerar que habían instigado a través de las redes una guerra informativa contra España alentados por el Kremlin. Más allá de la teoría no había ningún hecho nuevo. La sección 21 lo ha acusado esta semana de actuar “en fraude de ley” y de basar su escrito en sus “opiniones personales sobre el procés ”.
La sección 21 ya obligó al instructor a desimputar a Joan Laporta en el caso Negreira
El caso Negreira tampoco estuvo exento de polémica y se llevó otro serio correctivo por parte de la sección 21, que le aplica un marcaje férreo. Cuando estalló su otro gran caso, Aguirre estaba de baja. La instrucción la inició la juez Silvia López Mejía, que consideró que la conducta de los expresidentes del Barça que pagaron a Negreira encajaba en los delitos de administración desleal y corrupción en el deporte. A pesar de que todos los mandatarios azulgranas desde la época Gaspart habían abonado al exnúmero dos de los árbitros un montante total de 7,3 millones, la acción penal solo podía dirigirse contra Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. Para los anteriores, el delito había prescrito.
Cuando el juez Aguirre volvió al trabajo, quiso dar un nuevo enfoque a la investigación, a pesar de que no habían aparecido nuevas pruebas. Pensó que los pagos a Negreira podían encajar en un delito de soborno cuyo plazo de prescripción era mayor y así alcanzaba la primera etapa presidencial de Joan Laporta. Para ello antes debía sortear un escollo: el delito de soborno está previsto solo para los funcionarios públicos. Aguirre hizo su propia interpretación. Negreira podía ser considerado un funcionario público en términos penales puesto que formaba parte de un organismo, el Comité Técnico de Árbitros, que a su vez pertenecía a la Federación Española de Fútbol que recibía fondos públicos.
Por primera vez en la historia un miembro de la Federación era considerado un funcionario público. Con esa pirueta jurídica, añadió el cohecho (soborno) a la investigación, alargó el plazo de prescripción e imputó a Laporta. Sin ningún hecho nuevo, bastó una nueva interpretación para añadir un delito que hasta entonces nadie había visto, ni la Fiscalía, ni la Liga, ni tan siquiera el Real Madrid, que forma parte de las acusaciones del caso. La sección 21 también le paró los pies y le dijo que Negreira no podía ser considerado funcionario público y le obligó a desimputar a Laporta.
