La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado, a través de un nuevo informe al que ha tenido acceso La Vanguardia, que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cambió de terminal telefónico el pasado 23 de octubre de 2024, una semana después de que el Tribunal Supremo abriese una causa para investigarlo.
El Instituto Armado remite este informe al Tribunal Supremo después de que el instructor Ángel Hurtado solicitase más información tras constatar que no se encontró ningún mensaje en su terminal entre el 8 y el 14 de marzo, periodo en el que se filtró supuestamente información de la investigación por fraude de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En un informe, la UCO analiza los números de teléfono e IMISI/IMEI (identificadores) asociados a las tarjetas del dispositivo telefónico incautado a García Ortiz durante el registro efectuado en su despacho el pasado 30 de octubre. Y explica que se han encontrado dos números de teléfono, uno del que recibe mensajes de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada en la causa, y otro a nombre de un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.
La UCO concluye que “el inicio de actividad de los IMSISs aparejados a estos IMEIs es de fecha de 23 de octubre de 2024, es decir, se habría producido un cambio de terminal telefónico en ese día respecto a las tarjetas precitadas”. Los investigadores detallan que, “en lo que respecta a los números de teléfono asociados a las tarjetas objeto de dicha diligencia, y la titularidad asociada a los mismos, se han identificado dos números”.
La UCO indica que el inicio de la actividad de los dos números de teléfono asociados al Fiscal General es de fecha de 23 de octubre
Por otro lado, la UCO precisa que ha detectado dos “IMSIs (identificador único de cada abonado) de las tarjetas que se encontraban en el dispositivo móvil localizado durante la diligencia de entrada y registro”, uno vinculado al primer número de teléfono y otro al segundo, y ambos activados en 2020. Finalmente, señala que, “en relación con los números de IMEI (identificador único de cada dispositivo telefónico) asociados al terminal móvil localizado”, se han encontrado dos.
Cabe recordar que el instructor del caso, Ángel Hurtado, pidió a la UCO esta información después de que le enviara otro informe con el análisis del contenido del teléfono móvil incautado a García Ortiz, en el que halló “0 mensajes” y ello a pesar de que en el informe referido al mismo análisis pero del terminal requisado a Rodríguez sí encontró intercambio de mensajes entre el 8 y el 14 de marzo, los días investigados por ser los clave de la presunta filtración.
Fuentes fiscales consultadas entonces por Europa Press reconocieron que García Ortiz borró personalmente los mensajes referidos a ese periodo temporal, si bien aclararon que no lo hizo de forma específica respecto a esos mensajes, sino como parte del borrado cíclico que hace de todos los mensajes almacenados en su teléfono móvil por los protocolos de protección de datos y seguridad de la Fiscalía General del Estado.
El origen del caso
Las pesquisas judiciales comenzaron a raíz de una querella presentada por la pareja de Díaz Ayuso por la nota de prensa difundida a las 10:20 horas del 14 de marzo por la Fiscalía de Madrid, donde se daba cuenta del intercambio de correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal que le investigada por presuntos delitos fiscales, Julián Salto.
El Ministerio Público difundió el comunicado para desmontar lo que consideraba un “bulo”, en alusión a la noticia publicada a las 21:29 horas del 13 de marzo en El Mundo, donde se indicaba que fue el fiscal quien ofreció pactar a González Amador, en vez de al revés, como ocurrió.
Sin embargo, cuando el Supremo abrió causa el pasado 16 de octubre descartó delito en esa nota de prensa porque la información que ofrecía ya se había publicado horas antes en los medios. Así, puso el foco en la filtración de los 'emails' a la prensa a lo largo de la noche del 13 de marzo.
A ello hay que añadir que la UCO, en el informe donde analizó el contenido del teléfono móvil de Rodríguez, acusó a la Fiscalía de ser también la responsable de la filtración a la prensa de la existencia de una investigación contra González Amador por presuntos delitos fiscales, noticia que se publicó en eldiario.es a las 6:01 del 12 de marzo.
Lee tambiénEl juez ordena a la Guardia Civil que identifique los números de teléfono del fiscal general
