La estrategia comunicativa que, con Miguel Ángel Rodríguez a la cabeza, ha venido desplegando la Comunidad de Madrid en la defensa de Alberto González Amador por los supuestos delitos fiscales y de falsedad documental cometidos por la pareja de Isabel Díaz Ayuso quedó parcialmente dañada hace una semana, cuando M.A.R, como se conoce al jefe de gabinete de la presidenta regional, reconoció en sede judicial que buena parte de su argumentación eran simples “deducciones”. Pero este viernes ha quedado parcialmente invalidada al revelarse a través de unos mensajes de móvil que la versión ofrecida desde la Puerta del Sol sobre el supuesto pacto ofrecido por la Fiscalía a González Amador era falsa a sabiendas.
Así se desprende de los mensajes aportados por el propio Rodríguez al Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado por un supuesto caso de revelación de secretos.
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En los cuatro folios de documentación incorporados a la causa se confirma que González Amador envió un correo al jefe de gabinete de Ayuso confirmando que su abogado estaba negociando desde hacía semanas con la Fiscalía el pago de una multa económica para evitar una pena mayor de cárcel por los delitos que previamente había reconocido. “Buenos días Alberto. He recibido correo del fiscal. Parece que todo sigue en pie. Le voy a llamar al fiscal para ir concretando. La idea mía es que al final solo haya un condenado. Y multa mínima”, figura en el dispositivo móvil.
Sin embargo, y a posteriori, M.A.R distorsionó esa documentación para transmitir una versión sesgada a la prensa sosteniendo que dicha negociación se había parado “por órdenes de arriba” con el objetivo de denunciar una supuesta cacería del Gobierno contra un ciudadano anónimo cuyo contacto, curiosamente, guardaba en su móvil como “Alberto Quirón”, aludiendo al grupo sanitario más beneficiado por las externalizaciones hospitalarias adoptadas por la Comunidad de Madrid.
El PSOE denuncia que “la verdad de todo es una decisión de M.A.R de filtrar una mentira a la opinión pública”
Rodríguez, quien la semana pasada declaró como testigo ante el Supremo, defendió que cuando dio su versión de los hechos no tenía conocimiento de la existencia de negociaciones previas y que la propuesta de pacto había partido de la Fiscalía y no del abogado de González Amador como así había ocurrido. Aunque sí que matizó que, cuando trasladó a un grupo de periodistas afines que todo había sido frenado “desde arriba”, lo que estaba expresando en realidad no era “información”, sino su “opinión” de los hechos.
Destapada la cronología de los hechos, el líder del PSOE de Madrid, Óscar López, señaló que “lo que hay es un delito y una gran mentira; un delito y un bulo para tapar el delito”.
Según declaró el también ministro para la Transformación Digital, el comportamiento del jefe de gabinete de Ayuso “vuelve a demostrar el origen y la verdad de todo” el caso por el que se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que “es un delito que comete la pareja” de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, para a continuación agregar que “la verdad de todo es una decisión del jefe de gabinete de Ayuso de filtrar una mentira a la opinión pública”.
López volvió a reclamar la demisión de Ayuso y recordó que “el último que se atrevió a hacerlo salió por la ventana”. “Desde que se conocen los chanchullos” de Ayuso hemos visto cómo fueron capaces de “cargarse” incluso al jefe de su partido “y ahora tratan de hacer con el fiscal general lo mismo que hicieron con el señor Pablo Casado”.
Posible delito de “corrupción” y “soborno”
El juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha llamado a declarar en calidad de investigado a Alberto González Amador el próximo día 7 de febrero, en la causa que se sigue contra él en este órgano judicial por la presunta comisión de dos delitos fiscales.
El ministerio público lo había pedido ante la suspensión en varias ocasiones del interrogatorio y que en marzo se cumple el plazo máximo de un año para la instrucción del asunto.
En paralelo, la Fiscalía apoya que se inicie una investigación nueva a González Amador por el presunto pago de una comisión de medio millón de euros al presidente de Quirón Prevención a través de su mujer.
En un escrito, el fiscal se posiciona a favor de abrir una pieza separada para investigar nuevos delitos además del fraude fiscal por el que arrancó la causa. Los indicios provienen de la inspección de la Agencia Tributaria, que detectó un pago de casi 500.000 euros de Alberto González Amador al presidente de Quirón Prevención por una sociedad sin apenas valor y con un ordenador y tres aparatos de depilación como único activo material. Un inventario por el que la instructora considera que la operación podría encubrir el pago de una comisión ilícita a modo de “soborno”.
