El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado persevera en su tesis de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reveló datos confidenciales de la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que para ocultar su responsabilidad borró los datos de su teléfono e incluso cambió de terminal.
Desde la Fiscalía se alegó que existe un protocolo de protección de datos en el que se basó García Ortiz para borrar los mensajes y correos electrónicos relativos al asunto sobre el empresario Alberto González Amador.
Ahora el juez acuerda requerir al delegado de protección de datos de la Fiscalía para que aporte copia de los protocolos o normativa interna aprobada y existente en la institución de Ministerio Fiscal y, específicamente, en Fiscalía General del Estado, relacionados con el uso de teléfonos móviles y uso de email de todo tipo (particulares y corporativos) por miembros del Ministerio Fiscal.
El magistrado acuerda esta diligencia a petición de las acusaciones populares y tras la declaración como testigos de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y del fiscal que investigaba a González Amador, especializado en delitos económicos, y que negaron la existencia de tal protocolo.
En segundo lugar, el instructor ha accedido también a requerir al departamento de informática de la Fiscalía General para que aporte la relación de ocasiones en las que el fiscal general ha cambiado de móvil, con indicación de los datos de referencia de cada terminal; remita los dispositivos móviles entregados por Álvaro García Ortiz desde el 7 de marzo de 2024 a la Fiscalía General del Estado; e informe sobre si los anteriores dispositivos móviles han sido formateados.
En caso afirmativo, Hurtado reclama la identidad de la persona que haya procedido al formateo, fecha en la que dichos formateos se hayan producido, y software utilizado.
El resto de diligencias solicitadas como la imputación de personas vinculadas a Moncloa y la citación como testigos de otros periodistas -en este caso solicitada por la Abogacía del Estado-, han sido rechazadas.
En paralelo, la Abogacía del Estado ha pasado al contraataque y ya apunta a un “eventual” delito de falso testimonio de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la causa que se investiga al fiscal general del Estado por la supuesta revelación de datos de la pareja de esta última.
En dos escritos, a los que ha tenido acceso La Vanguardia, los servicios jurídicos del Estado reclaman al instructor del Tribunal Supremo Ángel Hurtado que suspenda la declaración como investigado del máximo responsable de la Fiscalía, Álvaro García Ortiz, prevista para el próximo día 29 de enero.
Dos falsedades de Rodríguez
Para la letrada, la declaración como testigo de Miguel Ángel Rodríguez contiene “dos afirmaciones abiertamente falsas” y, sin embargo, el instructor “tampoco parece que considere, a pesar de sus obligaciones como tal, merezcan ningún tipo de reacción”.
Estas falsedades son -según la abogada- que no sabía nada el 12 12 de marzo de la investigación del Diario.es sobre González Amador. El jefe de Gabinete de Díaz Ayuso aseguró ante el magistrado que los periodistas de este diario digital no le llamaron para corroborar la información sobre el fraude fiscal de González Amador. Sin embargo, estos periodistas han aportado mensajes de Whatsapp con Rodríguez sobre el asunto previo a la publicación.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, conversa con su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez (MAR)
La segundad falsedad -según este escrito- sería su afirmación de que dedujo por su edad, “porque tengo el pelo blanco”, que el fiscal rompió las negociaciones para llegar a un acuerdo de conformidad con González Amador “por órdenes de arriba”, afirmación que le hizo llegara un grupo de periodistas.
Sin embargo, la abogada del Estado advierte al instructor que Rodríguez tenía a su disposición antes de lanzar esa afirmación los correos completos entre el fiscal y el abogado que evidenciaban lo contrario, “pues el acuerdo no atisbaba ningún obstáculo en esa fecha”.
“Todas estas contradicciones justifican la necesidad de adverar la realidad de lo declarado mediante nuevas medidas de investigación para dotar de imparcialidad al conjunto de la investigación”, reclama.
La abogada del Estado acusa a Hurtado de citar al fiscal general en base a indicios no corroborados y omitiendo otros que constan en la causa y que le exculpan de la filtración de datos relativos al empresario Alberto González Amador.
La prueba “diabólica” del instructor
En el escrito, los servicios jurídicos del Estado entienden que los derechos de los investigados, el fiscal general y la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, no se están garantizando por el juez “cuando se omiten hechos sustanciales y relevantes”. Para la defensa, Hurtado está sosteniendo imputaciones “en meras opiniones, carentes de base probatoria alguna en lo instruido”.
“Estas afirmaciones colocan a esta parte ante una prueba diabólica de acreditar que no se ha producido lo que el magistrado instructor opina que sí se habría producido, sin base probatoria alguna”, advierte.
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La letrada solicita al juez que tome declaración a más periodistas que podrían certificar que tenían ya la información sobre el fraude fiscal de la pareja de Díaz Ayuso antes de que estuviera en manos de García Ortiz y pide que se cite al propio González Amador para que ratifique la querella contra el fiscal general del Estado.
La abogada del Estado quiere preguntar al empresario si autorizó a Miguel Ángel Rodríguez a difundir correos electrónicos enviados entre su abogado y el fiscal que le estaba investigando y con quien se intentó llegó a un pacto de conformidad para evitar el juicio contra él a cambio de reconocer los hechos y pagar una multa.
González Amador autorizó la difusión
La letrada se basa en la propia declaración de Miguel Ángel Rodríguez como testigo en la que reconoció que la pareja de su jefa le autorizó a difundir estos correos. Lo que ocurre es que sólo difundió parte de ellos para hacer creer a los periodistas, falsamente, que el fiscal había sido quien había ofrecido el pacto de conformidad (cuando fue el abogado se González Amador) y que éste retiró el acuerdo por órdenes políticas.
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“El propio querellante, se ha colocado en una situación de renuncia expresa a la reserva o no difusión de determinados datos, que después pretende que sean tutelados. Estos actos propios deben ser tenidos en cuenta, y justamente ponderados a la hora de valorar, también, el carácter secreto o reservado de información que le afecta”, recoge el recurso de la Abogacía del Estado contra la citación del fiscal general.
La defensa de García Ortiz explica que estas diligencias son “necesarias” teniendo en cuenta las “múltiples evidencias testificales que contradicen las constantes afirmaciones de Rodríguez respecto a que él no facilitó a los periodistas el correo de fecha 12 de marzo sino hasta las 22.21 de día 13 de marzo, una vez ya estaba publicada la noticia de El Mundo de las 21.29”.
La abogada se refiere al correo que el abogado de González Amador envió a la Fiscalía de Madrid por el que reclamaba un acuerdo de conformidad. Ese mail llegó a un correo genérico de la Fiscalía y la Abogacía del Estado calcula que tuvieron acceso a él al menos una veintena de personas, entre fiscales y funcionarios.
Las tesis defensora de García es que cuando empezaron a publicarse las primeras informaciones periodísticas al respecto, el fiscal general reclamó la documentación para saber qué contactos habían existido entre el fiscal del caso y el abogado de González Amador. Cuando le llegaron todos los correos (la noche del 13 de marzo), según su defensa, algunos periodistas ya lo habían publicado (el 13 de marzo), lo que hace imposible que él fuera el autor de la filtración.
Según explica la abogada del Estado, varios testigos han afirmado, que Rodríguez, “mucho antes, ya estaba trasladando esta información a los medios de comunicación, pues disponía de ella, al menos desde las 9.09 horas del día 12 de marzo”.
