El Consell Executiu ha acordado encargar al Departament de Territori el despliegue de la ley de barrios, una de las normas estrella del Ejecutivo de Salvador Illa con la que quiere apuntalar la que denominan “tercera gran transformación de Catalunya” a través de una mejora “urbana, ambiental y social” de los barrios, especialmente de los que concentran población más vulnerable. Con este trámite, el Govern habilita al departamento que dirige la consellera Sílvia Paneque a recurrir al instrumento del suplemento de crédito para dotar económicamente al fondo que subvencionará los proyectos de esta norma.
El Ejecutivo catalán quiere lanzar este año la primera convocatoria de subvenciones dirigidas a los ayuntamientos, que deberán presentar proyectos de intervención para lograr transformaciones físicas, ecológicas y sociocomunitarias en sus barrios. Estas convocatorias tienen como marco normativo la ley de mejora urbana, ambiental y social de los barrios y villas del año 2022, que sustituyó y actualizó a la antigua ley de barrios del 2004, que quedó derogada.
El objetivo del Govern de Salvador Illa es mejorar las condiciones de vida de la población de las áreas con alta vulnerabilidad social, déficits urbanísticos, carencia de equipamientos y servicios, dificultades de accesibilidad, riesgos ambientales y graves exposiciones a efectos de la emergencia climática. Todo ello, con la voluntad de evitar el riesgo de fractura social y también de hacer frente a la crisis ambiental.
El Ejecutivo evita concretar la dotación del plan de barrios que prepara
Para hacerlo posible, el fondo económico con el que se dotará irá a cargo de la Generalitat, con financiación procedente del Estado y de la Unión Europea, pero el Ejecutivo catalán aún no ha desvelado el montante que dedicará a este proyecto ni a la primera convocatoria, prevista para junio o julio de este año. Paneque se ha limitado a señalar en rueda de prensa que “la dotaremos con el máximo de recursos que sea posible porque el espacio público y las reformas vinculadas son muy necesarias”. En todo caso, la intención del Govern es superar la dotación del plan que puso en marcha el ejecutivo de José Montilla en el 2010, que fue de unos 200 millones de euros.
En cualquier caso, en la actual situación de prórroga presupuestaria será necesario recurrir al decreto ley para habilitar un suplemento de crédito que permita obtener los recursos económicos necesarios. El encargo del despliegue de la norma aprobado hoy por es el trámite administrativo previo para recurrir a este suplemento de crédito, que el Govern deberá aprobar en el Parlament de forma prioritaria con los socios de investidura.
El trámite administrativo aprobado es el instrumento previo para recurrir al correspondiente suplemento de crédito
El primer paso aprobado este martes permite empezar a desplegar la ley de barrios durante el 2025, después de que el comisionado para el impulso de las políticas de mejora urbana, ambiental y social de los barrios y las villas, adscrito al Departament de Territori, empezara el pasado 1 de octubre el procedimiento para aprobar el reglamento que concreta y desarrolla la ley. Este reglamento aún deberá someterse a información pública antes de ser aprobado por el Consell Executiu.
La consellera Paneque ha recordado que el plan de barrios es uno de los proyecto más recordados y mejor valorados por los gobiernos de progreso de Pasqual Maragall y José Montilla. Según la dirigente, este plan “significó una inversión en espacio urbano para ganar calidad de vida, muy arraigada a la identidad de los barrios, y ahora, con el nuevo plan se pretende recuperar espacios urbanos, ganar espacios contra el calentamiento y el impacto negativo cambio climático, mejorar la seguridad ciudadana, y generar un urbanismo comprometido con las personas. En definitiva, para ”ganar calidad de vida".
