El Tribunal Constitucional ha estimado por unanimidad el recurso presentado por el Gobierno central contra varios apartados del protocolo de atención a los menores llegados en pateras y cayucos aprobado por el Ejecutivo de Canarias, según fuentes del tribunal. Estas mismas fuentes señalan que lo fundamental del protocolo queda anulado con la única excepción de dos puntos de mínima relevancia.
El pasado 8 de octubre la corte de garantías admitió a trámite el recurso del Ejecutivo y suspendió la aplicación del protocolo, aunque ya estaba a su vez suspendido cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Todos los magistrados han estado de acuerdo con la ponencia Ricardo Enríquez, que proponía estimar el recurso del Ejecutivo Central al argumentar que la comunidad autónoma ha asumido en su estatuto la competencia de asistencia social que incluye el acogimiento de menores, lo que, en la práctica, supone anular los preceptos recurridos por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Canarias, ante una situación límite de su sistema de acogida de menores, aprobó en septiembre de 2024 un nuevo protocolo en el que se recogía que los menores que llegan al archipiélago no están desamparados, sino bajo custodia de la Policía Nacional o la Guardia Civil, por lo que corresponde al Estado su custodia hasta que se realice una tediosa burocracia.
Según ese protocolo, antes de la entrega de los niños y adolescentes a las autoridades canarias se debía realizar una reseña de identificación, la inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada, previa audiencia al menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna, con conocimiento del fiscal.
El protocolo añadía que confirmada la disponibilidad de plaza –algo prácticamente imposible en Canarias-, la recepción del menor sería hecha en las comisarías de policía.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias dejó en suspenso el protocolo después de que la Fiscalía entendiese que vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, así como el derecho fundamental a la integridad moral reconocido en el artículo 15 de la Constitución. Aquel movimiento del Ministerio Público se sumo al realizado por el propio Gobierno central aquellos mismos días de septiembre, en el que se iniciaron os trámites para que se pronunciase el Tribunal Constitucional por un conflicto de competencias.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, defendió el protocolo ante la situación límite que vive el archipiélago, que tiene bajo su tutela a más de 5.500 niños y adolescentes sin amparo familiar. Una vez que el pasado verano fracasó el intento de reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer un reparto obligatorio entre comunidades autónomas de estos menores no acompañados.
“Si queremos garantizar la protección del menor necesitamos que la documentación, las reseñas y las fotografías estén. Igual que la fiscalía es en sus oficios muy exigente con la protección del menor una vez llega a Canarias e insta y gira oficios al Gobierno canario de manera exigente, creo que debe ser igual de exigente con la parte anterior que le compete al Estado”, expresó Clavijo, quien insistió en que el protocolo iba orientado “a proteger al menor, garantizar su seguridad jurídica en la situación de emergencia”.
