Junts tiene entre ceja y ceja abordar el problema de las ocupaciones delincuenciales y ha lanzado un paquete de medidas legislativas para hacer frente a esta cuestión, tanto en el Parlament de Catalunya como en el Congreso de los Diputados.
La formación posconvergente propugna que se acelere la expulsión de los ocupas y que se pueda acometer en solo 48 horas. Para ello, JxCat aboga por modificar diversas leyes, como la ley de Enjuiciamiento criminal (Lecrim), uno de los decretos de medidas urgentes que se aprobó durante la pandemia de la covid y una norma relativa a los tribunales.
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Con los cambios en la Lecrim, Junts quiere que ante un caso de ocupaciones se puedan adoptar medidas cautelares en las primeras 48 horas y que para poder seguir en un inmueble ocupado haya que presentar un título jurídico habilitante como un contrato de alquiler o unas escrituras de propiedad. Asimismo, se habilita a la policía para echar a los ocupas.
En caso de que los ocupas sean personas vulnerables, la formación propone que sea la administración quien se haga cargo de esas personas, pero que se les expulse de igual manera para no atentar contra el derecho a la propiedad.
Jordi Turull, acompañado por Miriam Nogueras y Glòria Freixa
Se trata de medidas que la formación de Carles Puigdemont ha trabajado codo con codo con el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB). Para evitar que la tramitación de estas modificaciones caigan en saco roto si se acaba la legislatura española de manera abrupta, la formación impulsa los cambios legales tanto en la Cámara baja como a través de la Cámara catalana, de tal manera que si hay elecciones generales la tramitación de la norma no decae y se puede abordar en la próxima legislatura.
A esas modificaciones hay que añadir los que el grupo de Junts en el Parlament de Catalunya quiere introducir en el Código Civil catalán y en la ley de Vivienda autonómica para que las comunidades de vecinos puedan activar también los procedimientos judiciales para el desahucio en casos de ocupaciones conflictivas que afectan a la convivencia si el propietario, habitualmente un gran tenedor en estos casos, no lo hace. En la reunión de la junta de portavoces que se celebra este martes en la Cámara catalana se decidirá si esta propuesta se tramita por lectura única, de forma más rápida, o siguiendo los cauces habituales.
