Las víctimas del atentado de El Descanso, ocurrido el 12 de abril de 1985, analizarán las circunstancias desveladas por La Vanguardia los dos últimos días para emprender acciones que aclaren los hechos. La junta de la asociación sopesará en su próxima cita lo ocurrido en aquel ataque, que causó oficialmente 18 muertos y 82 heridos, según explicó una fuente cercana a la dirección.
Este diario reveló que una colaboración entre funcionarios españoles y militares americanos permitió la noche de la matanza sacar del restaurante El Descanso de Madrid de forma clandestina los cadáveres de tres militares –uno de ellos de alta graduación– asesinados allí, posiblemente por casualidad. Los militares cenaban en aquel lugar vestidos de civil. El alto mando, según explicaron dos fuentes diferentes, pertenecía a la estructura de la OTAN y estaba de paso por la base norteamericana de Torrejón de Ardoz. El aparato militar de Estados Unidos habría simulado un accidente aéreo en los días siguientes para justificar estas muertes. Un accidente que encajaría en estas coordenadas sucedió el 20 de abril en Pensilvania.
Lee tambiénUna operación secreta al margen del juez
El caso está judicialmente archivado. En el 2005 se reabrió cuando un posible inductor de los atentados del 11 de marzo del 2004 en Madrid –Mustafá Setmarian– fue identificado por una víctima como el hombre que dejó junto a la entrada la bolsa que contenía el explosivo. Fue archivado meses después, porque el tipo estaba en paradero desconocido. Aquel año fue supuestamente detenido en Pakistán y entregado a las autoridades estadounidenses. La investigación ya había quedado archivada el 9 de marzo de 1987 por falta de autor conocido, pese a que uno de los retratos robot realizados por testigos del atentado era sorprendentemente parecido a Setmarian, un sirio –se acababa de nacionalizar español– que corría por Madrid y era conocido de la policía.
Las secuelas
Los posibles delitos en la operación, entre funcionarios públicos españoles y militares americanos, estarían prescritos casi 40 años después
La operación de Madrid se ejecutó según ambas fuentes ocultándola deliberadamente al juez instructor, Carlos Granados, titular entonces del juzgado de instrucción 10 de Madrid. Este ha declinado todas las peticiones de este periódico para conocer su versión de los hechos y ayer insistió por correo electrónico en que su testimonio carece de valor “dado el tiempo transcurrido”. Granados llegó a ser magistrado del Tribunal Supremo y fiscal general del Estado y hoy es director de la Oficina de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid.
El abogado de la asociación de víctimas, Antonio Segura, estima que, si se actuó de ese modo, pudieron cometerse los delitos de encubrimiento y obstrucción a la justicia; quizás, apuntó, fraude procesal, aunque para ello “habría que acreditar el daño causado a las víctimas”. En tanto que algunos de los actuantes eran funcionarios públicos, podría haber habido prevaricación. Todos estos presuntos delitos, casi 40 años después, estarían prescritos.
