El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, lleva casi un año esquivando a la justicia por un presunto fraude fiscal y falsedad documental por utilizar empresas para justificar trabajos irreales y así pagar menos a Hacienda, según le acusa la Agencia Tributaria.
Este lunes tiene que acudir ante la jueza de instrucción número 19 de Madrid, quien ya le ha citado hasta en cinco ocasiones, teniendo que cancelar por diversos motivos las cuatro anteriores.
Con la ayuda del gabinete de la presidenta, González Amador ha logrado crear un halo de sospecha sobre la investigación de la Agencia Tributaria y el papel de la Fiscalía. De hecho, ha conseguido que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acabe investigado por un presunto delito de revelación de secretos por supuestamente difundir información relativa a esta investigación.
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La presidenta madrileña, su partido, el Partido Popular, y su equipo llevan un año acusando a la Fiscalía y al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar a González Amador como un arma política contra Díaz Ayuso. El último movimiento de la defensa del empresario es reclamar al Tribunal Supremo la “conservación de todos los datos” que hayan acumulado, entre otros, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y otros tres ex altos cargos de Moncloa.
Mientras que el empresario ha logrado colocarse en el papel de víctima en el tribunal Supremo, en una causa en la que el juez Ángel Hurtado ya incluso apuntó hacia la Moncloa, en los juzgados de Madrid sigue investigado y la juez ha ampliado la causa a un presunto delito de corrupción en los negocios por haber enriquecido a un director del grupo sanitario Quirón a cambio de contratos.
Precisamente esta nueva vía de investigación –reclamada por las acusaciones populares representadas por Mas Madrid y PSOE y apoyada por la Fiscalía– ha sido recurrida por González Amador ante la Audiencia Provincial de Madrid.
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Fuentes jurídicas apuntan que el empresario pretendía esperar a que llegara esa resolución antes de someterse a un interrogatorio delante del juez. Existen sospechas de que la pareja de Díaz Ayuso, a través de su empresa, pagó 499.836,92 euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención, una operación en la que la Fiscalía ve una posible “comisión encubierta” que hay que investigar.
En este año desde que en febrero del pasado año la Fiscalía interpuso una denuncia contra él y su empresa Maxwell por dos presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental, todo lo que ha tenido que ver con González Amador se ha enrevesado políticamente. Incluso Díaz Ayuso lanzó una sospecha sobre el robo de ordenadores a los abogados de su pareja sentimental sobre lo que está sucediendo en su entorno y acusó al Gobierno de Sánchez de estar implicado en esta operación para desacreditarla.
A pesar de todas estas idas y venidas, el empresario deberá acudir este lunes a los juzgados de plaza de Castilla después de que la Fiscalía reclamara a la jueza que fijara una fecha para su interrogatorio después de aceptarle varios aplazamientos, el último por un viaje de negocios.
La última suspensión fue en enero y no sólo afecta a González Amador, sino a los otros cuatro investigados en la causa, quienes todavía no han declarado desde que se abrió la investigación por un presunto fraude a Hacienda de 350.961 euros entre 2020 y 2021.
