“Ayuso debería de estar en la cárcel por sus llamadas al golpismo y su gestión de las residencias... Pero no lo está por la protección que le brinda un sistema judicial controlado por el PP”. Podemos ha criticado enérgicamente las últimas manifestaciones realizadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid a través de las cuales ha defendido que “ha llegado el momento de activar la cuenta atrás” y “reiniciar nuestra gran nación” para “expulsar” a Sánchez y sus socios de las instituciones.
Ayuso ha llamado en las últimas horas a poner ”pie en pared“ contra el Gobierno de Pedro Sánchez antes de que ”arruine“ el país. ”Esto va de valientes y de gente comprometida con su país“, ha enfatizado la presidenta regional, que ha apelado a grandes empresarios, medios de comunicación y gente de la cultura a ser ”valientes“ y ”parar esto de una vez“ con un Gobierno que tiene todo ”colonizado" para mantenerse en el poder.
En opinión del secretario de Organización de la formación morada, Pablo Fernández, la dirigente madrileña del PP “está abiertamente en modo golpista apelando a los grandes empresarios y a los medios de comunicación en su cruzada contra la democracia”.
“Ayuso es, sin duda, el principal síntoma de la anormalidad democrática en este país”, ha argumentado el portavoz de Podemos para insistir en que, “si a día de hoy no lo está es porque en España tenemos un sistema judicial en su mayoría controlado por el Partido Popular que la está protegiendo con todas sus armas”.
Podemos responsabiliza a Ayuso de las 7.291 víctimas mortales que registraron las residencias madrileñas en pandemia
Las supuestas responsabilidades penitenciarias que Fernández imputa a Ayuso incluyen la muerte de 7.291 personas en residencias durante la pandemia de covid-19.
En ese sentido, los familiares de fallecidos en residencias de personas mayores en la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de la covid-19 se han aventurado en una batalla legal que continúa abierta cinco años después.
Entre marzo y abril de 2020 murieron 7.291 personas mayores en las residencias de la región madrileña sin recibir la atención sanitaria adecuada por la aplicación de un protocolo que estableció que los infectados con dependencia física o cognitiva no fueran derivados a los hospitales, según datos del Gobierno madrileño publicados por InfoLibre.
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La plataforma que agrupa a familiares de las víctimas Marea de Residencias emprendió acciones legales para depurar responsabilidades sobre lo ocurrido a partir de mayo de 2020.
Se interpusieron 350 querellas, de las cuales 269 han sido archivadas y 81 continúan abiertas en distintos juzgados de la Comunidad de Madrid. Tras el archivo de los casos por la Audiencia Provincial de Madrid, 80 familiares han presentado un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional para pedir su reapertura y 189 decidieron no continuar con este procedimiento.
Las querellas se han dirigido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sus exconsejeros de Sanidad Enrique Ruiz Escudero y de Justicia Enrique López, y directores de residencias por los supuestos delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, derecho a tratamiento médico y prevaricación.
Los jueces han cerrado las investigaciones apoyándose en informes forenses que sostienen que los médicos de las residencias aplicaron la 'lex artis' del momento. Una vez agotadas todas las vías judiciales en España, el combate todavía puede continuar en el ámbito internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos u organismos de la ONU.