Lamine Dampha y Oumar Kujabi, con 18 años recién cumplidos, llegaron a El Prat el 12 de marzo procedentes de Canarias. El pasado sábado La Vanguardia explicó la historia de estos dos jóvenes que habían permanecido casi dos años en un centro de menores tras una arriesgada travesía en patera procedentes de Gambia. Aterrizaron en el aeropuerto acompañados por una educadora que tomó el vuelo de vuelta, dejándolos solos y con la única indicación que fueran a la iglesia de Santa Anna. Allí aparecieron asustados y convencidos de que acabarían durmiendo en la calle. La parroquia que define la situación de “tráfico legal de personas” les da asistencia y cobijo a la espera de resolver su situación porque se les envió a Barcelona sin documentación.
Inmigrantes en el puerto de Arrecife, rescatados a 24 kilómetros de la costa canaria
El caso de Lamine y Oumar es un claro ejemplo de que en España la política de acogida de menores migrantes adolece de falta de generosidad y también de perspectiva de futuro. Así lo demuestran las reacciones que ha suscitado el pacto alcanzado entre el Gobierno y Junts para reformar la ley de Extranjería y redistribuir entre las comunidades a los 4.400 menores que malviven hacinados en Canarias y Ceuta.
Para Junts el objetivo es “limitar” el número de menores que lleguen a Catalunya
El acuerdo con los posconvergentes es vital para evitar que la medida de caiga en el Congreso. Para Junts el éxito del pacto que se fraguó tras meses de negociaciones se resume en “limitar el número de menores no acompañados destinados a Catalunya”, no en su redistribución. Y saca pecho de que Catalunya asumirá entre 20 y 30 menores, mientras que Madrid deberá admitir a más de 700.
Lee tambiénUn alivio largo tiempo esperado por Canarias
Las cifras de acogida en la capital española, que el Gobierno no ha querido corroborar, ha sido la chispa que ha encendido un acalorado debate sobre un tema extremadamente sensible. Al fin y al cabo estamos hablando de menores. Isabel Díaz Ayuso ya ha anunciado que lo recurrirá y el resto de barones del PP lo han tachado de “insolidario” y lo rechazan de plano. Sobre todo aquellas comunidades cuya estabilidad política depende de Vox.
Es cierto que Catalunya tiene su sistema de acogida al límite. No es la única autonomía que está en esta situación, pero de lo que se trataría es de conjurarse para que el reparto llegue en tiempo y forma con los recursos económicos suficientes para garantizar el futuro de estos menores. Resulta vergonzoso que los partidos entren en una batalla insolidaria por no acoger inmigrantes. No hay que olvidar que Catalunya es lugar de paso migratorio hacia otros países y no dejarán de llegar.
