La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acaba de remitir un escrito al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga el 'caso Koldo', para rectificar una parte del informe que acababa de remitir sobre el patrimonio del exministro de Transportes José Luis Ábalos.
En el oficio, al que ha tenido acceso La Vanguardia, los agentes aclaran al instructor que se confundió pesos colombianos con el símbolo del dólar americano y por eso se calculó que la compra de la parcela en Colombia había costado 2,1 millones de euros, cuando en realidad le costó a Ábalos 751 euros, en el año 2003.
Tras darse a conocer el informe de la UCO, el propio Ábalos escribió en su cuenta de la red social X que “en realidad” la operación consistió en la compra de un “terreno rústico en la montaña de Tuluá” que adquirió en el 2003 “hace 22 años”, y vendió “sin construcción alguna” en 2013, “hace 12 años”.
El exministro ve “más fuerte aún” la información que consta en el informe de la UCO sobre el precio de compraventa que atribuye a una confusión de la Guardia Civil entre pesos colombianos y dólares. Es decir, según Ábalos, la UCO habla de 2,5 millones de dólares cuando pagó 2,5 millones de pesos. Si así fuera, la compra no habría alcanzado los 900 euros al cambio de entonces, tal y como acaba de reconocer el instituto armado.
En este último oficio, el agente firmante explica al juez que “se ha detectado un error en la interpretación de la moneda utilizada para la compra de este inmueble”. “Se consideró el empleo de dólares americanos ($) en lugar de pesos colombianos ($), motivo por el cual la cantidad correcta serían 751,23 euros”.
En el año de esta adquisición, Ábalos no tenía ninguna responsabilidad orgánica en el partido socialista y era concejal del Ayuntamiento de València y diputado provincial. Además, sería veinte años antes de su relación con el empresario Víctor de Aldama, que acusa al exministro y exsecretario de Organización del PSOE de haber recibido comisiones ilegales a cambio de contratos públicos en plena pandemia de la Covid.
La UCO en su informe también hace referencia a otros dos inmuebles en Perú, aunque sobre éstos Ábalos ya explicó en su declaración como investigado que fueron destinados a una ONG. La Guardia Civil ha pedido al magistrado que ordene la práctica de una serie de diligencias, entre las analizar todas las cuentas bancarias de las que el exministro es titular, quitando las 258 en las que aparece vinculadas al PSOE por su antiguo cargo de secretario de organización del partido socialista.
El juez ordena rastrear las cuentas de Ábalos desde el 2014
A pesar de este error, el juez ha acordado una serie de diligencias que le solicitaba la UCO y ha aceptado el error cometido en el oficio. Puente ha dictado un auto en el que requiere los informes a una entidad financiera y a la Agencia Tributaria sobre el exministro y la Fundación Fiadelso.
Para el juez, parece más que razonable “proceder al análisis de los movimientos de las cuentas bancarias de las que Ábalos resulta o resultó ser titular, -así como de sus declaraciones tributarias y de las correspondientes a la Fundación en la que tuvo activa intervención-“, para comprobar si ha habido alguna clase de ingresos irregulares.
El instructor también reclama a la UCO que en el análisis de las cuentas busque las salidas de dinero que, de alguna forma, pudieran justificar, por ejemplo, los gastos de reembolso al exasesor de Ábalos, Koldo García, de las cantidades supuestamente anticipadas por el exsocialista.
El juez reclama los datos desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad, como pide la UCO, al considerar preciso extender estas pesquisas hasta varios años antes de que Ábalos entrara en conocimiento y relación con el empresario Víctor de Aldama, y con Koldo García. ”Solo así podrá conocerse si han existido, con ocasión de esas nuevas relaciones, cambios relevantes en las conductas o gestiones económicas de Ábalos, en relación con la mayor o menor disposición significativa de fondos bancarios para atender a sus gastos".
De este modo, el auto acuerda la expedición de mandamiento judicial a la entidad financiera Caixabank reclamando cuentas bancarias y/o productos financieros, así como cajas de seguridad que tengan contratados las personas físicas o jurídicas que figuren como titulares o autorizados de cada uno de los productos , así como todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al Seplac sobre las indicadas cuentas bancarias.
El magistrado también reclama a la Agencia Tributaria para que aporte el correspondiente informe de suministro a los juzgados de Ábalos y la fundación Fiadelso y para el periodo comprendido entre los ejercicios 2014 a 2024, ambos incluidos.
