Después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes la iniciativa que anunció la víspera Pedro Sánchez para intentar poner coto a los “chiringuitos” universitarios privados, fruto a su juicio de una estrategia “deliberada” de los presidentes autonómicos del Partido Popular de detraer recursos de las universidades públicas, el Gobierno ha salido al paso de las inmediatas críticas contra el plan lanzadas por Alberto Núñez Feijóo y, sobre todo, por la madrileña Isabel Díaz Ayuso. La portavoz del Ejecutivo, la socialista Pilar Alegría, ha advertido que Ayuso es “muy elocuente en debates estériles”, pero ha instado a la presidenta de la Comunidad de Madrid a que “deje de perder el tiempo queriendo confrontar e invierta más en las universidades públicas”.
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, este martes en la Moncloa tras el Consejo de Ministros
Alegría, en todo caso, ha recalcado que el plan del Gobierno no trata de “confrontar” la educación superior pública con la privada. “Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esta confrontación es una mentira. Esto va de universidades buenas contra universidades malas”, ha subrayado. La iniciativa del Ejecutivo, pese a la interpretación del PP, no ataca a las universidades privadas, según ha alegado, sino que intenta poner freno a lo que los norteamericanos llaman “universidades de garaje”, y que Sánchez definió como “chiringuitos”. “Son centros que solo tienen de universidad el nombre, son un negocio para expender títulos, sin mínimos requisitos de calidad”, ha criticado la ministra portavoz.
Pero ha reiterado, como la víspera hizo Sánchez, que la Comunidad de Madrid ha recortado en un 30% el presupuesto de sus universidades públicas –entre ellas la Complutense o la Autónoma-, mientras el Gobierno ha aumentado en un 35% los recursos para la única universidad de la que ostenta la titularidad, la Uned.
“Si Ayuso y Feijóo plantean una confrontación entre las universidades públicas y privadas, están mintiendo y engañando”, ha insistido Alegría. Y ha emplazado a Ayuso a que “sea responsable de sus competencias”, y a ponerse “manos a la obra” para destinar más recursos presupuestarios a las universidades públicas. Los recortes de estos presupuestos públicos, ha subrayado, impiden garantizar la calidad y la igualdad entre estudiantes de la educación superior.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho por su parte esta mañana que “puedo asegurar que hay decenas de chiringuitos en el Gobierno del señor Sánchez“ que entre las universidades privadas en España.
Feijóo replicaba de este modo a las críticas que ayer lanzó el presidente del Gobierno en la presentación de su proyecto de reforma del sector universitario privado. El presidente argumentó que las titulaciones superiores en España no pueden estar en manos de ”chiringuitos educativos“ que sea una ”máquina expendedora“ de títulos.
Por su parte la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha condenado lo que considera una campaña del Gobierno de Pedro Sánchez contra la universidad privada y ha remarcado que, en muchos casos, ”no son familias ricas“ las que la eligen por lo que ”sería un suicidio para una región como la nuestra el atacar este sistema universitario“.
La presidenta regional ha añadido que ”es llevar ese guerracivilismo a todo para que estemos en división permanente, para que España siempre se parta en dos en cualquier debate, en cualquier orden de la vida“.
Ayuso asegura que la Comunidad de Madrid está creciendo entre los 100.000 y los 120.000 habitantes al año, por lo que ”la universidad privada no resta alumnos a la pública“, ya que ”a la pública se accede libremente por una nota de corte“.”Muchas veces muchos estudiantes no pueden optar a la pública por notas de corte y van después a la privada“ y ha recordado que ”hay que tener en cuenta el número de plazas“, indicando que en la pública hay 205.000 y en la privada 103.000”.
El Gobierno aprueba este martes un cambio en el procedimiento de creación de nuevas universidades privadas. Con esta reforma planteará que sean vinculantes los informes tanto de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) integrado por las comunidades autónomas y también el Gobierno central. Hasta ahora estas evaluaciones eran preceptivas pero no vinculantes y el gobierno autonómico tenía la última palabra.
Además los promotores de nuevos centros deben demostrar capacidad financiera suficiente desde el inicio de la apertura de la universidad y no a los cinco años, que es como contempla la actual ley. El Ejecutivo quiere garantizar que estas instituciones tienen experiencia en la gestión de este tipo de proyectos para evitar la entrada de fondos de inversión que solo buscan rentabilidad. Además deberán garantizar una cifra mínima de alumnos.
Morant asegura que algunas comunidades están saltándose los informes contrarios del Consejo de Política Universitaria
En este contexto, esta mañana la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha acusado este martes a las comunidades de Madrid y Andalucía de dar el visto bueno a la creación de nuevas universidades privadas “que no cumplen con la calidad mínima exigible”, al tiempo que “asfixian” a la universidad pública.
Así se ha referido Morant, en una entrevista en Telecinco recogida por EFE, a la reforma del real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios que este martes tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros.
La ministra ha denunciado que algunas comunidades, como la andaluza o la madrileña, “están saltándose los informes desfavorables” del Consejo de Política Universitaria “que dicen que esas universidades no tienen suficiente calidad”, y ha señalado directamente a los centros privados de nueva creación “que están pasando con criterio desfavorable de calidad”.
Desde la izquierda, Podemos y Sumar han reclamado medidas más ambiciosas para frenar el crecimiento de universidades privadas. Javier Sánchez Serna, diputado de Podemos en el Congreso, ha criticado que “hacer declaraciones está muy bien, pero en tu séptimo año de gobierno es mejor actuar y gobernar”. La formación morada propone una moratoria en la creación de universidades privadas hasta que la universidad pública esté correctamente financiada y pueda absorber toda la demanda de estudiantes. Además, plantean endurecer los requisitos de investigación, elevando del 5% al 30% la inversión obligatoria en este ámbito.
Podemos y Sumar exigen una moratoria para frenar el “negocio” de las universidades privadas
Sumar, por su parte, defiende una moratoria más amplia, de hasta diez años, para evitar la mercantilización de la educación. “Muchos de estos centros solo mercantilizan un derecho básico como la educación”, ha denunciado Verónica Barbero, diputada de la formación. Sumar también apuesta por un blindaje constitucional de la financiación universitaria hasta alcanzar el 1,3% del PIB, así como por un sistema de becas que garantice el acceso a la universidad con independencia de la renta.
