¿Se puede ser responsable político de emergencias sin tener ni idea? Sí, si los cambios de gobierno no se acompañan de purgas que se llevan por delante a los técnicos experimentados que apuntalan tus decisiones. Sí, si se impone la responsabilidad del cargo por encima de la incapacidad. Sí, si se atiende al sentido común y no a la ideología, el partidismo y el sálvese quien pueda. La dana de Valencia costó 228 vidas y, perdida la batalla de la calle para Carlos Mazón, el PP se ha entregado a la estrategia exculpatoria judicial. La jueza de Catarroja aprieta, pero la declaración de la exconsejera de Justicia e Interior no ahoga al presidente valenciano.
Carlos Mazón, presidente valenciano
Salomé Pradas, investigada por homicidios imprudentes, confesó entre llantos ante la jueza que no sabía nada de emergencias. ¿Quería saber? El día de la dana llevaba tres meses en el cargo, pero no era una ermitaña que bajó del Penyagolosa para ponerse el chaleco rojo y tomarse una cocacola en la sala de emergencias.
El sistema ES-Alert que asegura desconocer se había activado en España 45 veces antes de la dana en comunidades como Madrid y Catalunya, con gran estruendo público, y la Generalitat Valenciana lo probó en el 2023. Entonces ella era consejera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, áreas sensibles a las catástrofes. Soy una simple licenciada en Derecho, se justifica ante la jueza. ¿Sabía algo de medio ambiente? Fue irrelevante para que ocupara el cargo.
Ni alerta, ni confinamiento ni desalojos. Nada era nuevo. Las órdenes de confinar no se estrenaron con la pandemia. En enero del 2020, la Generalitat de Catalunya dictó un encierro de dos días a los habitantes de 26 municipios de Girona ante un escenario de posible desborde de los ríos Ter y Onyar. Las órdenes preventivas “excepcionales” del entonces conseller Miquel Buch eran “subir a las primeras plantas” y, si no las había, acudir a una de las zonas seguras habilitadas. Y todo eso por un caudal del 1.270 metros cúbicos… Lejos del tsunami del barranco del Poyo.
El sentido común llevó a la vicepresidenta a pedir a su equipo que “subieran a lo más alto” tres horas antes de la alerta
La delegación de responsabilidades en los técnicos busca la exculpación judicial al tiempo que es incapacitante políticamente. También para el presidente que nombra a los consejeros. La experiencia en la gestión de catástrofes siempre va acompañada de sentido común y de la máxima de que más vale pecar de exceso que lamentar víctimas. Si a las 14.40 horas el responsable de Emergencias, Emilio Argüeso, comunica a la vicepresidenta del Gobierno que “la cosa está fea” y los barrancos “van a colapsar”, la respuesta no puede ser “jope, si necesitas algo nos dices”. Los bomberos se fueron a comer...
El sentido común llevó a Susana Camarero a alertar a su equipo a las 17.22 horas del desbordamiento del río Magro y recomendar a “quien viva por ahí que se suba a lo más alto”, “que no salga nadie, por favor”. La alerta masiva se envió a las 20.11 horas, cuando ya había decenas de muertos y desaparecidos. Mazón aún llegó más tarde. Su paseíllo de entrada en la sede del Cecopi a las 20.28 horas redunda en la irresponsabilidad de la gestión. A las 21.31 horas, Argüeso confiesa por WhatsApp: “Esto es un desastre. Estoy a punto de colapsar”, “hay un lío del copón en todas partes”.
Feijóo no decide sobre Mazón y quedará en evidencia ante el PP europeo en València
Un lío también político para el PP, que no resuelve y que lo dejará en evidencia en el congreso de los populares europeos en València. Ni Pradas ni Argüeso descargan culpas sobre Mazón y se escudan en una supuesta cogobernanza de la sala de emergencias. La juez cree que se actuó tarde y mal el 29 de octubre, que no se atendió a los avisos de la Aemet y que se pudo salvar vidas, pero prefiere avanzar en la investigación antes de apuntar más arriba y señalar al presidente valenciano.
Mazón se sabe amortizado, pero cree que el pacto de presupuestos con Vox le absuelve, de momento. Unas cuentas no dan la felicidad, pero ayudan a protegerse tras el aforamiento. El TSJ de Valencia no ha admitido ninguna de las querellas presentadas contra él y las ha derivado a la justicia ordinaria. Y le permiten soñar con acabar la legislatura y garantizarse quince años de sueldo como miembro del Consejo Jurídico Consultivo: 90.000 euros al año, despacho, dos asesores, coche oficial, chófer y equipo de seguridad. Jope…
