El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Javier Hernández, instructor de la causa abierta a 'Alvise' Pérez por la difusión de una prueba falsa de covid de Salvador Illa, ha dictado un auto en el que acuerda incoar diligencias previas para la investigación de delitos de falsedad e injurias presuntamente cometidos por el eurodiputado y le ha ofrecido comparecer voluntariamente antes de que la Eurocámara autorice su procesamiento.
Tras la apertura esta semana también por el TS de una causa por los mensajes dirigidos a través de Telegram contra la fiscal delegada de Valencia, Susana Gisbert, por un presunto delito de injurias a funcionario público, y la ruptura con los otros dos eurodiputados que concurrieron bajo la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta a las elecciones europeas de 2024, al líder ultraderechista se le amontonan las causas judiciales.
En este caso, el instructor señala que Alvise es diputado del Parlamento Europeo, por lo que acuerda que se inicien los trámites para solicitar la correspondiente autorización a la Eurocámara, conforme al Protocolo nº 7 sobre privilegios e inmunidades de la Unión Europea, para proceder contra el eurodiputado.
En el plazo de cinco días Alvise debe manifestar si está dispuesto a comparecer
No obstante, afirma, que tal y como previene en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en garantía de sus derechos de defensa, el querellado está en condición de ejercer sus derechos defensivos y comparecer voluntariamente. Por ello, dispone que se requiera al querellado para que, en el plazo de cinco días, manifieste si, de manera voluntaria y antes de que pueda concederse por la Cámara Europea la correspondiente autorización para proceder, está dispuesto a comparecer ante el instructor.
Por otra parte, el magistrado también indica que la personación como acusación particular en esta causa del Partit dels Socialistes de Catalunya, queda supeditada a que el PSC formule querella por el presunto delito de falsedad y presente una fianza de 15.000 euros para cubrir las posibles responsabilidades que pudieran derivarse del ejercicio de la acción penal.