Tres magistrados piden al TC acudir a Europa y suspender la tramitación de la amnistía

Cuestión prejudicial

Tres miembros del bloque conservador del tribunal de garantías piden frenar el estudio de los recursos contra la medida de gracias hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido y los magistrados, Inmaculada Montalbán Huertas, Ricardo Enríquez Sancho, María Luisa Balaguer Callejón, Ramón Sáez Valcárcel, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera, María Luisa Segoviano Astaburuaga, César Tolosa Tribiño, Juan Carlos Campo Moreno, Laura Díez Bueso y José María Macías Castaño, durante un pleno jurisdiccional, en la sede del Tribunal Constitucional, a 14 de enero de 2025, en Madrid (España).

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido junto al resto de magistrados del pleno 

Marta Fernández/ Europa Press

Tres magistrados del bloque conservador del Tribunal Constitucional han presentado hoy un escrito en el que piden que se plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto de la ley de amnistía por el procés.

Según han confirmado fuentes del tribunal, estos tres magistrados reclaman que se suspenda la tramitación de los recursos interpuestos contra la ley del olvido mientras Europa se pronuncia.

Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa pretenden que de esta manera, el órgano de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido, y que actualmente cuenta con una mayoría progresista, frene el estudio de la ley.

Actualmente, se está ultimando la ponencia sobre el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Partido Popular. El propio Conde-Pumpido dijo públicamente que se esperaba poder llevar esta ponencia al pleno antes de verano, es decir entre mayo y junio.

Varios tribunales, como el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas y un juzgado de lo Penal de Vilanova ya han presentado cuestiones prejudiciales ante Europa al entender que la ley aprobada con el apoyo del PSOE y los independentistas es “arbitraria”.

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