La sala de prensa del Congreso de los Diputados se ha quedado vacía este martes tras la nueva provocación de un activista de extrema derecha que ha vuelto a boicotear el normal transcurrir de la jornada en el hemiciclo. Ha sido durante la intervención de la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, cuando el sujeto en cuestión ha reventado la alocución impidiendo que los periodistas pudieran efectuar su trabajo conforme a las reglas que dicta la Cámara Baja.
No es extraño que los enviados por los pseudomedios que difunden de manera recurrente bulos y fake news obstruyan el desempeño de reporteros, cámaras y fotógrafos. Al contrario. Es muy habitual que intenten apropiarse del turno de preguntas sin que, como reza el reglamento, así se lo autoricen los correspondientes jefes de prensa. Lo hacen vociferando y gritando sin micrófono para elevar sus soflamas por encima de quien está realmente en el uso de la palabra y así, de paso, imposibilitar que ese corte sea válido para que lo publiquen las webs, las televisiones y las radios.
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Pero lo vivido en la jornada de hoy ha incluido múltiples amenazas y un elevado nivel de violencia verbal que ha provocado que la propia Barbero haya dado por concluida su rueda de prensa antes de tiempo dejando a una veintena de medios sin poder hacer preguntas a la diputada.
Ante esta situación, los corresponsales parlamentarios han optado por plantarse y no acudir a ninguna de las seis ruedas de prensa previstas para este martes. De esta manera, el resto de portavoces parlamentarios han visto cómo la sala de prensa se quedaba vacía de periodistas estando solo presentes los agitadores habituales que, en muchos casos, ejercen y han ejercido como asesores de partidos de extrema derecha. Algo incompatible a todas luces.
El plante, que ha sido aprobado por unanimidad por los 34 periodistas presentes en ese momento, busca presionar para la aprobación de la modificación del reglamento que ya está sobre la mesa de la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados. Más de medio centenar de periodistas de un amplio abanico de medios ha reiterado en las últimas semanas su rechazo a estas prácticas que ya son “habituales” y denuncia la dificultad de trabajar en estas condiciones “violentas”.
El texto para modificar el reglamento, firmado por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria y al que Podemos también ha anunciado su adhesión, recoge por primera vez unas reglas para que puedan desarrollar su trabajo en función de criterios deontológicos y de respeto. Ese reglamento es la única normativa con rango de ley capaz de establecer unas normas de convivencia y un régimen sancionador en caso de incumplirlas. PP y Vox, por su parte, no han querido adherirse al mismo
Tras el plante, algunas ruedas de prensa como la prevista por Compromís ni siquiera se han llegado a celebrar mientras que, en casos como la de los comunes, su portavoz, Aina Vidal, ha recordado que “la libertad de expresión no es un derecho a amenazar, a manipular ni a tratar mal a los políticos o a los periodistas”. “A eso se le llama ser un maleducado ni un fascista. Todo mi apoyo a los periodistas del Congreso y por supuesto vamos a estar a su lado apoyándoles en cualquier iniciativa que crean oportuna”, ha defendido.
El PP no piensa actuar contra los pseudomedios y acusa al resto de grupos parlamentarios de querer “acallar” y “controlar” a la prensa
A pesar del revuelo provocado y en una sala de prensa casi vacía, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, se ha desmarcado de la petición de Sumar de reformar el reglamento para que no se repitan incidentes como el de este martes. “No he visto el suceso y no puedo analizarlo”, se ha defendido Tellado, que sí ha criticado las consecuencias que tendrá en el Parlamento si se cambian las normas para “expulsar o retirar las credenciales de determinados periodistas”.
El portavoz popular se ha amparado en la libertad de expresión y de prensa para rechazar la “colaboración” del PP en la pretensión de la mayoría de los grupos parlamentarios de “acallar” y “controlar” a los medios ni “censurar” a nadie. “Estamos obligados a someternos al control de los medios por muy incómodas que sean sus preguntas, pero en el PSOE y Sumar están más preocupados por encubrir casos de corrupción y sus miserias”, ha exclamado el dirigente popular.
El PP está solo, junto a Vox, en su posicionamiento. El resto de grupos grupos recalcan que esto no conllevará “en absoluto, limitar, restringir o menoscabar el derecho de los medios de comunicación de obtener y difundir información veraz para la ciudadanía”. Su objetivo, según ha explicado el socialista Patxi López, son los “activistas de ultraderecha” que asisten a ruedas de prensa.
Qué dice el reglamento actual
El Reglamento del Congreso, que data de 1982, contempla que la Mesa de la Cámara regule la concesión de acreditaciones a representantes de los medios, pero con la reforma tendrá también que regular el procedimiento para la renovación de las mismas y fijará “los requisitos que resulten exigibles atendiendo a la necesidad de respetar el derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara”.
También prevé la creación de Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria del que formarán parte un miembro de cada grupo parlamentario y representantes de los colectivos profesionales en el ámbito de la información. Su misión será proponer la adopción de sanciones cuando se inicie un procedimiento contra un informador acreditado, aunque la última palabra la tendrá la Mesa de la Cámara.
Se obligará a los informadores acreditados a respetar “las reglas de cortesía parlamentaria” y las directrices de la Mesa, nadie podrá realizar grabaciones sin estar acreditado y los grupos podrán designar a una persona que coordine sus encuentros informativos, que será la encargada de dar instrucciones “al efecto de garantizar el orden en estos encuentros”.
En este contexto, habrá sanciones para quienes incumplan esta normativa y las reglas de cortesía y se establece una categorización de infracciones leves, graves o muy graves, con sus correspondientes castigos, incluida la suspensión de las credenciales por un tiempo determinado o incluso su revocación definitiva.