El nuevo intento del Gobierno de Pedro Sánchez para lograr la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea se complica. Según ha podido saber este diario, entre ocho y diez países no ven con buenos ojos la petición del Gobierno español o se han mostrado escépticos, por lo que, como la decisión se debe adoptar por unanimidad, a día de hoy es poco plausible que se consiga en el próximo Consejo de Asuntos Generales del 27 de mayo. Todo, pese a la ofensiva del ministerio de Exteriores, que ha intensificado los contactos para convencer a los reticentes.
Fuentes diplomáticas señalan que entre los contrarios se encuentran los Bálticos, Suecia, Bulgaria, República Checa pero también Italia. Alemania y Francia están en el grupo de los escépticos, con los franceses mayormente preocupados por el coste que tendría esta iniciativa para la Unión Europea. Así resultó evidente en la primera discusión preparatoria que tuvieron los Estados miembros a nivel técnico este martes, mientras el próximo miércoles 21 de mayo se debería discutir a nivel de embajadores. Será entonces cuando España debería convencer a los dudosos. “Es un tema delicado, lo veo muy verde”, indican estas fuentes.
El borrador
El asunto ya figura en la agenda como un punto para “adopción”
El ministerio de Asuntos Exteriores de José Manuel Albares solicitó que la cuestión se vuelva a someter a votación en la reunión a nivel ministerial del Consejo de Asuntos Generalesque se celebrará a finales de mayo. Y, según el borrador de la agenda de la reunión, el asunto ya figura como un punto para la “adopción” de una “modificación del reglamento que determina las lenguas de uso por la Comunidad Económica Europea”.
El orden del día todavía puede sufrir modificaciones, pero si sigue fijado de esta forma sería la segunda vez que España trata de que se adopte la oficialidad del catalán. La primera vez fue en septiembre del 2023, y entonces España tenía a favor que ostentaba la presidencia de turno del Consejo. Ahora, la presidencia la tiene Polonia, que siempre ha dicho que no se opondría a ponerlo en el orden del día si Madrid así lo requería.
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En el 2023 también figuraba como punto para adopción, pero ante la falta de apoyos –de más o menos el mismo grupo de países– no se llegó a someter a votación y se quedó únicamente en un debate. Todo indica a que se repita el mismo camino y al final se termine solamente discutiendo durante la reunión, sin que finalmente vaya a votación ante las reticencias de un grupo tan numeroso y la exigencia de unanimidad.
Las diversas fuentes consultadas explican a La Vanguardia que las reservas de este grupo de países son las mismas que hace un año y medio. La principal es el miedo a que se abra una caja de Pandora y que el reconocimiento de las lenguas cooficiales españolas se convierta en un precedente al que puedan recurrir en el futuro otras lenguas minoritarias europeas. Por ejemplo, los Bálticos están especialmente preocupados por la minoría rusa en sus países.
Ofensiva diplomática
Albares se marcó como prioridad en el 2025 avanzar en el uso oficial del catalán
Otros Estados, como Francia, no tienen claro el coste que implicaría esto para la Unión Europea. Sánchez se ha ofrecido a que España se haga cargo de todos estos gastos, que según una primera estimación supondría 132 millones de euros –así lo dijo un informe preliminar de la Comisión Europea–, pero se trataría de un caso excepcional ya que ningún otro país lo ha hecho nunca. También existen dudas legales: los servicios jurídicos del Consejo también manifestaron sus dudas sobre si era legal modificar el reglamento de lenguas de la UE para incluir el catalán, el euskera y el gallego porque no son lenguas de los Tratados, dado que en el caso de España los tratados están exclusivamente firmados en castellano.
Fuentes diplomáticas confirman que el Gobierno está usando su maquinaria a nivel técnico para apostar por este asunto. Albares se marcó como prioridad en el 2025 avanzar en el uso oficial del catalán, el gallego y el vasco en la UE, y pidió al cuerpo diplomático que se pusiese las pilas. En enero, Albares abordó el asunto con su homólogo polaco, Radoslaw Sikorski, a quien trasladó la “importancia de este paso”, “no solo como un reconocimiento a la identidad nacional plurilingüe de España, sino como una contribución al respeto de la diversidad que caracteriza a la UE”, según el ministerio.
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Pero el Ejecutivo español ha topado con una Europa más escorada a la derecha, y poco interesada escuchar estas demandas. Se trata de un requisito que impuso Junts para investir a Sánchez, y el expresident Carles Puigdemont incluso vinculó la oficialidad del catalán con su rechazo a firmar el Pacte Nacional per la Llengua recién presentado en Catalunya. Fuentes de Junts ven con cautela este último intento del Gobierno español a la espera de si el Ejecutivo aportará algún elemento nuevo sobre la mesa.
En las últimas semanas la ofensiva por el catalán en Europa sí ha alumbrado dos pequeños pasos. El primero, que pueda enseñarse a partir del curso que viene en las Escuelas Europeas como una optativa, a la que tendrán acceso los hijos de funcionarios comunitarios, diplomáticos o personal de la OTAN que llevan a sus descendientes a esta red educativa. El segundo, que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha firmado un acuerdo renovado con el Comité Económico y Social Europeo (CESE) que permitirá extender el uso del catalán, el gallego y el euskera a las intervenciones de sus miembros en las sesiones plenarias. . El PSOE también está librando esta batalla para que el catalán también se hable en la Eurocámara. Para ello se requiere una mayoría de la Mesa, donde no se han producido avances significativos. De momento, y salvo un giro en las próximas dos semanas, la oficialidad en la UE parece lejana.
