El presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido ha denegado la petición de tres magistrados del bloque conservador de aplazar la sentencia sobre la ley de amnistía y acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europa.
En un acuerdo, el presidente del órgano de garantías toma esta decisión tras consultar a la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, ponente del primer recurso de inconstitucionalidad presentado, el del Partido Popular, y que será el primero en resolver sobre la amnistía.
El acuerdo explica que no se estima procedente el señalamiento prematuro del debate sobre la presentación de una cuestión prejudicial ante el TJUE, separado de la deliberación principal sobre el fondo del recurso de inconstitucionalidad planteado por el PP. Así, adelanta que este señalamiento se realizará próximamente.
Asimismo se deniega la suspensión solicitada sobre la deliberación, votación y fallo del recurso mientras no se resuelvan las cuestiones prejudiciales planteadas al TJUE por diversos órganos de la jurisdicción ordinaria.
El acuerdo explica que la función de control abstracto de constitucionalidad que debe realizar el Tribunal es independiente de las decisiones adoptadas por otros órganos jurisdiccionales en el ámbito de su competencia específica.
Todo ello sin perjuicio de que en el curso de la deliberación del proyecto de resolución del recurso se formulen las manifestaciones y proposiciones que los magistrados estimen procedentes.
Los magistrados Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa pretendían que de esta manera, el órgano de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido, y que actualmente cuenta con una mayoría progresista, frenara el estudio de la ley.
Actualmente, se está ultimando la ponencia sobre el recurso de inconstitucionalidad planteado por el PP. El propio Conde-Pumpido dijo públicamente que se esperaba poder llevar esta ponencia al pleno antes de verano, es decir entre mayo y junio.
Varios tribunales, como el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas y un juzgado de lo Penal de Vilanova ya han presentado cuestiones prejudiciales ante Europa al entender que la ley aprobada con el apoyo del PSOE y los independentistas es “arbitraria”.
