El Partido Popular Europeo (PPE) y los grupos de ultraderecha vuelven a unir fuerzas en el Parlamento Europeo, esta vez, para cargar contra la ley de amnistía y la inmersión lingüística. Vox logró este jueves sacar adelante dos enmiendas en la Eurocámara que entre otras cosas lamentan los “ataques al Estado de derecho y la separación de poderes” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
Se trata de un informe no vinculante sobre la actividad de la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo del año pasado, con estas enmiendas que fueron aprobadas por un estrecho margen de votos, 298 a favor (el PPE y los tres grupos de ultraderecha con representación en la cámara) y 273 en contra (socialistas, liberales, verdes y la izquierda).
El informe, que analiza la actividad de una Comisión que presidía la eurodiputada catalana Dolors Montserrat –ahora número dos del PPE que dirige Manfred Weber–, toma nota que toma nota de un “incremento repentino” de peticiones de origen español en la segunda mitad de ese año “acerca de los riesgos que para el Estado de Derecho en España representaba la voluntad del Gobierno de España de aprobar una ley de amnistía contraria al ordenamiento constitucional y europeo”.
Vox también logró luz verde sobre una segunda enmienda contra la inmersión lingüística en Catalunya, donde lamenta que “las autoridades competentes en materia educativa de la región no hayan aplicado las recomendaciones emitidas por la Comisión de Peticiones en su informe de 19 de marzo de 2024 posterior a la misión, orientadas a proteger los derechos lingüísticos de los estudiantes y sus familias”. Se trata de una misión acordada en el 2022, por entonces a instancias de Ciudadanos –que ya no tiene representación en la Eurocámara– destinada a estudiar si se cumplía el 25% de la educación en castellano, pero ninguno de los eurodiputados progresistas quisieron secundarla.
No es la primera vez que el PPE vota con los grupos de ultraderecha en la Eurocámara. Por ejemplo, en noviembre, el PPE se apoyó en los grupos ultras para aprobar una serie de enmiendas que debilitaban la ley contra la deforestación, clave en la agenda verde europea. También se aliaron para apoyar a crear centros de deportación de migrantes fuera de la UE para reconocer al candidato de la oposición venezolana Edmundo González como presidente electo.
