La oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea deberá volver a esperar. Por lo menos, hasta que Madrid logre resolver las dudas expresadas por un grupo de por lo menos siete países que todavía necesitan aclaraciones sobre cuestiones financieras y jurídicas.
Como había prometido, España mantuvo el punto en el orden del día como adopción en el Consejo de Asuntos Generales de la UE. Pero, como sucedió en septiembre del 2023, no se llegó a votar. Esta vez fue Polonia –que ostenta este semestre la presidencia rotatoria de turno de la UE– quien decidió posponer la votación debido a que varios ministros levantaron la voz para reclamar a España que resolviese estas cuestiones antes de someterlo a una votación.
“Ahora es tarea de España aclararlo”, consideró el ministro polaco de Asuntos Europeos, Adam Szlapka.
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España aceptó el aplazamiento y prometió seguir trabajado con los países escépticos para volverlo a intentar tan pronto como sea posible. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, informó que se pondría en contacto de inmediato con sus homólogos de los siete países con dudas, mientras informó también que el resto, veinte (contando a España), estaban listos para adoptar una decisión que requiere unanimidad.
Sin embargo, diferentes fuentes diplomáticas europeas apuntan que serían por lo menos una decena los Estados miembros reticentes que no están listos para adoptar esta cuestión si se termina llevando a votación a corto plazo.
Entre los escépticos se cuentan piezas importantes del tablero europeo. Como Alemania, ahora gobernada por el canciller Friedrich Merz, que pertenece a la familia política del Partido Popular Europeo. Gunther Krichbaum, ministro de Estado para Europa, fue el primero en tomar la palabra para pronunciarse contundentemente en contra después de que lo defendiese el secretario de Estado de la UE español, Fernando Sampedro, que fue enviado por España a tratar de sacar adelante esta propuesta. En este tipo de reuniones, tomar primero la palabra tiene un alto significado y marca el resto de la conversación.
También los ministros de Italia, Austria, República Checa, Croacia, Finlandia o Suecia tuvieron inquietudes. “Espero que no tengamos que votar hoy”, dijo el ministro de Asuntos Europeos finlandés, Joakim Strand, a su llegada a la reunión. “Sigue habiendo preocupaciones del servicio jurídico del Consejo –añadió– y esto es algo que tenemos que tomarnos muy en serio”.
Preguntas sin resolver
El ministro finlandés ha sido el más claro al decir que no creía que la cuestión estuviese “madura” para votar
Cuatro países –Rumanía, Bélgica, Eslovenia y Portugal– tomaron la palabra para pronunciarse abiertamente a favor de España y otros, como Malta o Dinamarca también son partidarios. La siempre diplomática Francia, por su parte, está satisfecha de no figurar entre el bloque contrario, aunque de puertas para adentro la delegación francesa tampoco veía adecuado que se aprobase esta semana.
Las cuestiones no resueltas son, de un lado, financieras, porque aunque España se haya comprometido a abonar el coste técnico y material que implicaría el reconocimiento de las tres lenguas, todavía hay quien teme que en el futuro otro gobierno de diferente signo político se niegue a sufragar estas partidas. La Comisión Europea estimó en un informe preliminar que sería de 132 millones de euros, un cálculo aproximado basado en las estimaciones del gaélico, la última lengua en obtener la oficialidad.
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Del otro lado, hay países que no tienen claro el argumento español de que las opiniones de los servicios jurídicos del Consejo –que tienen dudas sobre si se deben reabrir los tratados para añadir estas tres lenguas– no son vinculantes. Se trata de una cuestión extremadamente de alta sensibilidad entre los Veintisiete Estados miembros.
Albares esgrimió que el Gobierno ya ha remitido un “informe muy sólido” respecto a la “total compatibilidad de la propuesta española con los tratados”, y defendió que la opinión de los servicios jurídicos del Consejo no deja de ser “una opinión más”. “Yo mismo he escuchado personalmente a los expertos legales de muchos Estados miembros que comparten con nosotros que no existe un obstáculo legal”, sostuvo Sampedro en Bruselas.
La sensación en la capital comunitaria es que este último intento España ha querido correr demasiado. La presión a las capitales del Ejecutivo de Pedro Sánchez sin duda ha ayudado a muchas delegaciones a entender la importancia política de la cuestión. Pero entre los reticentes hay quien está molesto con un el estilo que creen que ha sido demasiado agresivo, y piden abordar las cuestiones de fondo con el tiempo suficiente.
La negativa no es tajante, pero recomiendan pedagogía con los asuntos jurídicos y financieros. Y también paciencia.
