Sumar ha presentado una proposición de ley en el Congreso para que España no colabore “con el mantenimiento de situaciones de ocupación ilegal y de apartheid como las que Israel lleva a cabo en Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén Este”. Se trata de una iniciativa que aboga por prohibir cualquier tipo de acuerdo de asociación con con aquellos Estados que ocupen ilegalmente otros territorios y que, de prosperar, también afectaría a Marruecos “por la ocupación del Sáhara”. Una circunstancia que tensionaría las relaciones entre Madrid y Rabat.
Así lo han detallado este mediodía la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, y la diputada Tesh Sidi cuando se cumple un año del reconocimiento por España del Estado de Palestina. El grupo plurinacional, socio del PSOE en el Gobierno, considera “más acuciante que nunca” hacer frente “a la ocupación y el apartheid que Israel practica desde hace décadas y frente al genocidio que está cometiendo ahora mismo”.
Barbero ha subrayado que el cumplimiento del derecho internacional “es esencial para preservar la paz y seguridad internacionales”, así como para “proteger a las poblaciones civiles en situaciones de conflicto y para garantizar el respeto al principio de legalidad de las relaciones entre los Estados”.
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En este sentido, ha deslizado que el Estado español tiene la responsabilidad de “respetar, proteger y hacer cumplir el conjunto de normas internacionales que prohíben la ocupación ilegal de territorios, la anexión por la fuerza y la consolidación de situaciones derivadas de vulneraciones graves del derecho internacional”.
En este punto ha tomado la palabra Tesh Sidi. La diputada de origen saharaui ha recordado que el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU han reiterado en diversas ocasiones el derecho del pueblo saharaui a la determinación “y ha rechazado los intentos de anexión por parte de Marruecos”.
El texto de la proposición de ley se detalla que ningún ente del sector público pueda reconocer de forma expresa ni tácita como legítima la soberanía o la administración ejercida por una potencia ocupante sobre un territorio ocupado ilegalmente. “Eso supone que quedaría prohibido, por ejemplo, la apertura de representaciones diplomáticas o consulares en territorios ocupados o la firma de tratados internacionales que incluyan los territorios ocupados con el Estado ocupante”, ha apostillado Sidi.
De igual forma, vetaría que las autoridades y las entidades públicas de España puedan llevar a cabo ningún tipo de acuerdo de negocio jurídico bilateral o multilateral de carácter público, comercial, militar, económico, cultural, deportivo, tecnológico, académico, científico o institucional. “La iniciativa está enfocada a los acuerdos económicos. A Israel le sale rentable el genocidio: si no, no estaría ocupando Palestina”, ha sentenciado.
