El Parlament ha avalado hoy con los votos del PSC, ERC y Comuns -y la abstención de Junts-, el tercer y último suplemento de crédito con el que, pese a carecer de nuevos presupuestos, el Govern se asegura cierta estabilidad para mantener la legislatura. A los 2.168 millones de euros del primer acuerdo y los 1.301 millones del segundo se añaden ahora 468 millones de un decreto consensuado con ERC y tras haber asumido el Ejecutivo de Salvador Illa compromisos sociales con los comunes. Las medidas tienen que servir para proyectos educativos, culturales, deportivos y relacionados con la vivienda y con la lengua catalana. Son recursos que se añaden a los presupuestos del 2023 que consiguió aprobar Pere Aragonès cuando presidía la Generalitat.
La consellera de Economia, Alícia Romero, ha vuelto a remarcar que esta nueva inyección de recursos es posible gracias a “la buena marcha de la economía, que nos ha permitido más ingresos”. Romero ha aplaudido el apoyo de ERC y Comuns, pero ha admitido que le gustaría “aprobar presupuestos para marcarnos un horizonte”. Su departamento ya trabaja en ellos y espera la colaboración de republicanos y comunes.
La respuesta de ERC ha tardado poco en llegar. El diputado Albert Salvadó ha advertido desde el hemiciclo que “sin un nuevo modelo de financiación para Catalunya no habrá presupuestos”. “Nos mueve el compromiso firme de un nuevo sistema de financiación”, ha señalado antes de afirmar que Esquerra no piensa renunciar a esta financiación: “Es un objetivo estructural y es irrenunciable”.
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Por parte de la oposición, aunque se han abstenido, Junts per Catalunya ha criticado que no ve el “país normal” que el Govern vende porque, si fuera así, “tendría que haber presupuestos”. Al mismo tiempo, el diputado Jordi Munell ha lamentado que estos recursos adicionales que se pueden utilizar con los suplementos de crédito llegan a costa del “empobrecimiento de los ciudadanos con más impuestos”. Munell también ha considerado que el acuerdo firmado con sindicatos y patronales sobre estos decretos solo sirve para “intentar escenificar una mayoría que no es estable”. Para los posconvergentes, en el fondo es un “mensaje de debilidad y falta de liderazgo”.
El Partido Popular ha destacado que el PSC “prometió un Govern fuerte y estable y se demuestra que no es así”. El parlamentario de los populares Hugo Manchón ha sostenido que su formación “no será el salvavidas de la sucursal de Pedro Sánchez en Catalunya” y ha pedido al Executiu “abandonar la dictadura lingüística financiada por todos y cerrar delegaciones”. Joan Garriga (Vox) ha acusado al Govern de “comprar apoyos con el dinero del bolsillo de los catalanes” y ha cargado contra el tercer suplemento porque “se ha pactado más dinero para imponer la lengua catalana” y porque implica “más despilfarro”.
En cuanto a los Comuns, David Cid ha defendido los acuerdos porque “con o sin presupestos, los compromisos se tienen que cumplir” y ha abogado por los pactos porque “los problemas de los partidos no son los de la gente y los recursos tienen que llegar a la ciudadanía”. En paralelo, Cid ha enviado un mensaje a los socialistas para las cuentas de 2026: exigirán el cumplimiento de estos acuerdos para negociar y pondrán encima de la mesa “más vivienda, mejores servicios públicos y más transporte”.
Junts reprocha al Govern “el empobrecimiento de los ciudadanos con más impuestos”
La CUP, que ha rechazado el decreto, ha reprochado al Govern que “escape de la obligación política de un debate presupuestario” con los decretos y que haga “propuestas genéricas sin desglosarlo”. Laia Estrada ve “opacidad y arbitrariedad” en algunas medidas y ha hablado de “operaciones partidistas”. A juicio de los anticapitalistas, el PSC está haciendo una gestión “tecnócrata y de mínimos” que “impide abordar de forma profunda los problemas del país”. Y Sílvia Orriols (Aliança Catalana) ha afirmado que se está haciendo una “mala gobernanza” por abusar de la figura del decreto ley, que debe ser “esporádica”.
Sea como fuere, una de las cuestiones pactadas con Esquerra en este decreto es la incorporación de 200 profesionales a la Agència Tributària de Catalunya (ATC). Como reconoció ERC, la cifra es escasa y el montante acabará de definirse en el momento que se convoquen las plazas. Los republicanos aseguraron que se requiere un mínimo de 800 profesionales para que la ATC pueda operar correctamente. En todo caso, es un punto que se enmarca en la financiación singular que Salvador Illa acordó con los de Oriol Junqueras para su investidura y de la que se espera que a finales de junio el Govern presente su propuesta.
Entre otras materias, el Govern también pactó con ERC 200 millones de euros para que entre el 2026 y el 2028 se impulse la rehabilitación de viviendas plurifamiliares y unifamiliares. Además el Govern se comprometió a aumentar el parque de alquiler asequible.
Con este último suplemento de crédito aprobado, el Govern centrará sus esfuerzos en la confección de los presupuestos del 2026. Por ahora, ERC ha dejado bien claro que su aval a unas nuevas cuentas de la Generalitat dependerá de si se producen avances significativos en dos asuntos: la financiación singular para Catalunya y el traspaso de Rodalies.
