El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado este lunes prisión incondicional y sin fianza para el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tras interrogarlo a petición del fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, que lo había pedido por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. El magistrado imputa a Cerdán los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en el marco del llamado caso Ábalos en el que se investiga una presunta corrupción en el seno del Ministerio de Transportes.
El auto fija que “persisten los notabilísimos indicios” contra Santos Cerdán. “Concurre, en este caso y no en el de los demás investigados en esta causa especial, un riesgo cierto de que, si aquel se mantuviera en situación de libertad, se produciría un peligro fundado de que el mismo pudiera proceder a la ocultación, destrucción o alteración de fuentes de prueba relevantes para un futuro enjuiciamiento”, sostiene la resolución.
Tras ser notificada la resolución, Cerdán ha salido del Supremo en un furgón de la Guardia Civil rumbo a la madrileña cárcel de Soto del Real en la que ha ingresado poco antes de las 5 de la tarde. Puente sostiene que existe un “homogéneo y consistente conjunto de indicios” contra Cerdán “verdaderamente extraordinario”. Para el instructor, las grabaciones “explícitas” grabadas por Koldo García son fundamentales para la causa.
“En ellas, puede escucharse la voz de quienes, indiciariamente, pudieran ser tres de los investigados en la presente causa especial”: Ábalos, García y Cerdán. “Resultan elementos bastantes para considerar indiciariamente justificada no únicamente su participación, con eficacia ejecutiva, en los hechos investigados, sino su particular posición en ellos, de tal manera que García, particularmente, reclama a Cerdán las cantidades que aquél considera le son debidas, al propio García y a Ábalos, como consecuencia de las indiciariamente ilícitas adjudicaciones de obras públicas, a cuyo emplazamiento se refieren explícitamente”.
Santos Cerdán saliendo del Tribunal Supremo en un coche policial
El magistrado advierte que las obras en cuestión quedan identificadas en el informe policial aportado al Supremo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En el auto se hace mención expresa a que todas las adjudicaciones analizadas tienen un denominador común: “todas ellas fueron adjudicadas a la empresa Acciona Construcción actuando en U.T.E. con otras de menor envergadura, sin que en ninguno de los casos la adjudicataria presentara la mejor oferta económica, invariablemente favorecida en la licitación por criterios de valoración subjetiva”. La UCO alude a las obras desarrolladas, siempre en el marco de actuación del Ministerio de Transportes y a través de la dirección general de Carreteras o de Adif, en Logroño, Sevilla, Sant Feliu de Llobregat, El Mayor y Murcia).
Santos Cerdán, a su llegada al Tribunal Supremo con su abogado Benet Salellas
En su resolución, el juez no da credibilidad a las explicaciones ofrecidas por Cerdán, quien ha dicho no recordar haber mantenido esa clase de conversaciones, que las mismas no se encontrarían completas o que aparecerían, en términos generales, descontextualizadas.
A Puente tampoco le ha convencido su argumento de que el único motivo de que aparezca imputado en la causa es por “una suerte de 'reacción' de 'determinadas fuerzas', cuya identidad no termina de concretar, disconformes con su decisiva participación en la formación de un Gobierno progresista, y en particular con respecto a su intermediación o negociación con otras formaciones políticas nacionalistas (lo mismo vascas que catalanas)”.
En su defensa, Cerdán ha aludido a la manipulación de las grabaciones del exasesor Koldo García en las que se ha basado la UCO de la Guardia Civil para determinar las sospechas sobre él. García habría grabado a Cerdán en varias ocasiones hablando de supuestos amaños de contratos tanto en Navarra como a través del Ministerio de Transportes en la época de José Luis Ábalos, beneficiando a varias empresas, principalmente Acciona, a cambio de supuestas mordidas. De hecho, su defensa ha anunciado que va a ordenar una pericial de las grabaciones para lograr su nulidad.
El juez da validez a las grabaciones y rechaza la tesis de que García sea un agente
Sin embargo, el juez da auténtica validez a las grabaciones. En su auto, explica que éstas fueron halladas en poder de uno de ellos, quien habría decidido, “por algún motivo no difícil de imaginar, grabarlas primero y conservarlas después en su poder”.
Además, dichas grabaciones, “como resulta más que evidente”, no se habrían producido con el propósito inmediato de denunciar los hechos a los que aquéllas se referían. “Ya se ha dicho que su aportación a las actuaciones se produjo como consecuencia (indeseada y desconocida) de una intervención policial y no por la particular y libérrima decisión de la persona que, indiciariamente, las grabó”, subraya.
Por estas razones, “parece difícilmente concebible” que las mismas no se hubieran producido en realidad “y que resultaran consecuencia de una artificiosa manipulación de García, a medio de procedimientos vinculados al uso de la inteligencia artificial u otros equivalentes, haciendo aparecer como intervinientes en la conversación a personas que, en realidad, no hubieran participado en ella”.
Tampoco existe consideración o razonamiento alguno, según el instructor, que permita entender que las grabaciones pudieran haber sido editadas (omitiendo, alterando o manipulando el curso natural de la conversación), “extremo éste que además resultará fácilmente acreditable por los correspondientes expertos”.
Tampoco cree que exista ningún elemento que permita considerar como hipótesis “mínimamente factible que García tuviera la condición de agente encubierto o provocador, en cuya supuesta condición habría persistido durante años, habiendo entablado una intensa relación con Cerdán, desde luego mucho antes de que tuviera lugar la formación del 'Gobierno progresista' y las negociaciones con las fuerzas políticas nacionalistas a las que el investigado reiteradamente se refiere como motivo motor de su imputación”.
El exdirigente socialista y exdiputado ha defendido su inocencia, ha negado haber recibido dinero indebido y exculpa al PSOE de cualquier sospecha de financiación irregular. Ha basado su defensa es que se le está persiguiendo políticamente por lograr acuerdos con el PNV y con Bildu. Sostiene que negoció con el partido nacionalista vasco a través de Antxón Alonso el pacto para la moción de censura del 2018 que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa.
Ha indicado que con Junts la situación fue diferente, porque en la primera etapa del Gobierno no tenían relación con el partido de Carles Puigdemont y fue Pedro Sánchez quien le dijo que no podían no comunicarse con un partido así. Le encargó el diálogo con Junts.
Persecución judicial
En base a esta persecución judicial por su labor política, ha dicho que cree que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, será el siguiente por pactar con Junts la ley de Amnistía y los pactos para cerrar el gobierno de Pedro Sánchez.
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Uno de los puntos que le perjudican es el contrato privado que firmó con precisamente Antxón Alonso como administrador único de Servinabar 2000 en el año 2016 para adquirir el 40% de las participaciones, de esta sociedad mientras recibía contratos públicos en Navarra, donde él era secretario general del partido.
En su declaración ha explicado que firmó ese contrato en 2016 porque iba a dejar la política y entrar en el mundo empresarial pero lo habló con su mujer y decidió seguir en política por lo que ese contrato nunca se hizo oficial. Tras ello le dijo a Antxón Alonso que se olvidase del documento, que lo rompiese.
Para el juez, esta explicación “contrasta vivamente esa tesis con el hecho cierto que Alonso conservara todavía el mencionado documento y, muy especialmente, con las capacidades de gestión o vínculos de Cerdán con respecto a Servinabar varios años después de eso”.
No obstante, ha reconocido su relación de amistad con el empresario y ha explicado que ha sido su puerta de entrada para tener contactos con PNV y Bildu, con quien luego ha logrado pactos progresistas, según explican fuentes presentes en el interrogatorio.
Niega participación alguna en amaños
Su defensa le ha preguntado por tres contratos por los que habría sido beneficiada Servinabar por valor de 60 millones de euros. Los investigadores lograron vincular a estas empresa con dos adjudicaciones en Navarra y el proyecto de una tercera. Una de ellas sería la obra de la denominada Mina Muga concedida junto con Acciona por 56,9 millones de euros. Otra sería del pabellón deportivo Navarra Arena por 3,7 millones de euros, también de la mano de Acciona.
Cerdán ha subrayado en su declaración, según estas mismas fuentes, que le sorprende porque en ese tiempo estaba en la oposición y no hizo ninguna gestión. Además ha explicado que se trata de empresas privadas, y además en esa época se encontraba Bildu en el gobierno regional.
Respecto de su relación con Koldo García y Ábalos, ha explicado que con el primero lo conocía por su militancia en Navarra. Sin embargo, ha negado que fuera él quien influyera para que Ábalos le fichara como asesor cuando fue nombrado ministro. Según Cerdán, Ábalos le nombró libremente y éste sólo despachaba con el ministro una vez por semana por temas de partido, porque además de titular del MITMA era secretario de organización del PSOE mientras que él era secretario de coordinación territorial.
Ha insistido que el único interés que él tenía sobre las obras que adjudicaba Transportes es porque su función como secretario territorial del PSOE era conectar los territorios con el ministerio. Era la persona de contacto dentro del partido y el Gobierno.
Respecto este argumento, el juez alerta que Cerdán no se preocupó tanto “por el interés que las referidas obras pudieran tener para la ciudadanía”, sino por “los beneficios electorales que la licitación o ejecución de aquéllas pudieran representar para su partido”.
En relación a su participación en la designación de altos cargos del MITMA, Cerdán ha apuntado directamente al exministro socialista José Blanco. Ha sostenido que es normal que el Ejecutivo forme parte del proceso de designación, buscando perfiles técnicos y políticos del partido que puedan ocupar cargos. Blanco intervino ofreciendo nombres tanto a Ábalos como a él y compartían los nombres con los ministerios para que ellos pudieran elegir.
Cerdán ha intentado desmentir todas las sospechas vertidas por la UCO. Los agentes vinculaban un pago que le hizo García de 600 euros con la distribución de una mordida. Su argumento es que fue la devolución de una deuda con García el 31 de agosto de 2017 en su cuenta de BBVA. Justo antes fueron las primarias García le había ido dejando dinero para viajes, gasolina u hoteles.
“Insinuaciones ofensivas”
Luzón ha visto más riesgo de destrucción de pruebas y de fuga en Cerdán que en el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, para quienes están fijadas medidas como retirada de pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias quincenales en el juzgado.
El argumento del fiscal es que Santos es el líder de una supuesta organización criminal, que habría puesto en marcha ya en Navarra y que luego continuó en Madrid cuando llegó en 2017 tras el nombramiento de Sánchez como secretario general del PSOE.
Según Luzón, Cerdán llevó la corrupción al MITMA. A su juicio, algunos mensajes cruzados con García sobre “expresivos” y las conversaciones “explícitas”. Considera que las grabaciones realizadas por García tienen una “enorme carga incriminatoria”. Además, sostiene que las explicaciones ofrecidas por Cerdán son “pobres y sesgadas” e intenta colocarme en una posición “victimista”, además de ofrecer una insinuación “ofensiva” de que la causa instruida en el Supremo es porque forma parte de un gobierno progresista.
El juez da el visto bueno a los argumentos del fiscal y avala que en el caso de Cerdán, contrariamente a Ábalos o García, existe riesgo de destrucción de pruebas porque la parte de su investigación está en una fase inicial, se desconoce su patrimonio real y no se le ha registrado su domicilio, con lo que la destrucción se hace más evidente.
“Es obvio que, en esas circunstancias, las posibilidades de que, permaneciendo en libertad, pudiera el investigado ocultar, alterar o destruir elementos de prueba relevantes en este procedimiento, cobra una vigencia que, en los otros casos (registradas las viviendas de García y Ábalos, intervenidos sus dispositivos telefónicos e informáticos, y muy avanzada ya su investigación patrimonial) no tiene”.
En su auto, Leopoldo Puente dibuja el papel de cada uno de los investigados en la trama. El de Cerdán era el que distribuía los beneficios económicos de las mordidas. “No solo consta indiciariamente justificado que pudiera ser la persona que hacía llegar a García y Ábalos sus ilícitos beneficios, sino que era también quien interactuaba con las empresas favorecidas por la adjudicación, comprometiéndose a reclamar los pagos debidos cuyo concreto mecanismo, hasta este momento desconocido, él no podía ignorar”, apunta.
A su juicio, “Cerdán habría de ser inequívocamente conocedor del importe total de los indebidos pagos en relación con cada una de las obras adjudicadas, así como también de procedimiento concreto por el cuál la adjudicataria satisfacía las comisiones o premios pactados (en metálico, a través de empresas terceras con simulación de inexistentes servicios, por trasferencias a personas, físicas o jurídicas, interpuestas, etc).
Puente calcula las mordidas en por lo menos 5 millones de euros
Puente advierte que tampoco se puede perder de vista en este asunto que el total de las obras adjudicadas a Acciona importaba una suma muy próxima a los 550 millones de euros. “A partir de las conversaciones grabadas resultaría que Ábalos y García habrían percibido por ellas, como indebido premio económico, la cantidad de 550.000 euros, siendo adeudados todavía, otros 450.000 igualmente comprometidos (de los que, tal vez, 70.000 podrían haberse destinado a la adquisición de una “bajera”). Un millón en total, en términos aproximados”, añade.
De hecho, el juez no descarta que haya más beneficiarios por las mordidas porque considera que lo que se habrían quedado los tres es una cifra menor. “El botín indiciariamente obtenido por, o comprometido para Ábalos y García representa un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas”.
Puente explica que en el supuesto que la mordida fuera de un 1% de la obra, “dicho premio equivaldría a una cantidad superior a los cinco millones de euros, varias veces mayor que la parte que indiciariamente correspondía a Ábalos y García”.
Por eso, el juez sospecha que podría haber más personas, físicas o jurídicas, “además de Ábalos, García y Cerdán”, que pudieran haberse lucrado con estas adjudicaciones, “eventualidad que, desde luego, no puede ser descartada en este momento”.
