La Audiencia Nacional ha descartado como testigos del juicio de los Pujol al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a otros miembros de la llamada policía patriótica, aunque acepta que declaren los propietarios de la Banca Privada de Andorra (BPA) que presuntamente les facilitaron información sobre la fortuna de la familia.
En un auto, adelantado ayer por Catalunya Ràdio y al que ha tenido acceso La Vanguardia, la Audiencia ha resuelto sobre las últimas testificales propuestas por las partes para el juicio que a partir del próximo mes de noviembre sentará en el banquillo al expresidente catalán Jordi Pujol y sus siete hijos por la fortuna, presuntamente fruto de la corrupción, que la familia ocultó durante décadas en Andorra.
Por el juicio desfilarán cerca de 200 testigos, aunque el tribunal ha rechazado varias declaraciones propuestas por la defensa, que pretendía con ellas poner sobre la mesa las maniobras de la llamada operación Catalunya, en su intento de demostrar que tras la causa contra los Pujol se esconde una guerra sucia encaminada a frenar el proceso independentista catalán.
Eugenio Pino no testificará
En concreto, la Audiencia ha denegado la petición de la defensa para que testifiquen en el juicio Villarejo y otros cuatro miembros de la llamada policía patriótica, entre ellos Eugenio Pino, que fue número dos de la Policía Nacional en el Gobierno de Mariano Rajoy y condenado por facilitar a la unidad que investigaba a los Pujol un pendrive con datos reservados sobre Jordi Pujol Ferrusola que previamente habían sido robados.
También descarta como testigos a Celestino Barroso y Marcelino Martín-Blas, los policías nacionales que en 2014 se reunieron con Higini Cierco para que les facilitara información bancaria de Jordi Pujol y otros líderes independentistas, según mantiene el expropietario de BPA, entidad que fue intervenida en el 2016.
El motivo del tribunal para descartar estos testigos es que lo que se pretende con ellos “no es objeto” del procedimiento del caso Pujol, que, añade el auto, está “limitado a la posesión de los fondos en Andorra y el desconocimiento de su origen, que la Fiscalía ha vinculado en su escrito de acusación a posible actividad de corrupción”.
Por el contrario, la sala sí acepta como testigos a los dueños del BPA en relación con “la obtención de la documentación bancaria de las cuentas de la familia Pujol” que dio lugar a la primera comisión rogatoria expedida en el marco de la causa.
Maria Victoria Álvarez, entre los testigos
Según el tribunal, dichos testigos deben admitirse a la vista que la defensa ha planteado, entre sus cuestiones previas, la “ilicitud de la prueba” relativa a la información sobre los fondos que la familia Pujol tenía en Andorra.
Otro de los testimonios de la defensa que la sala ha aceptado es el de María Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, que en el 2012 denunció, primero ante la Policía y posteriormente ante el juez, que había acompañado a su entonces pareja en viajes a Andorra, adonde el primogénito llevaba mochilas con una gran cantidad de billetes de 500 euros.
María Victoria Álvarez en el Parlament
Posteriormente, la propia testigo admitió que acudió a denunciar la supuesta corrupción de los Pujol en la Comisaría General de la Policía Nacional en Madrid a instancias del excomisario Villarejo, que contactó con ella haciéndose pasar por periodista, y un socio suyo.
Pese a ser uno de los testigos clave en la apertura de la investigación del caso Pujol, la Fiscalía Anticorrupción no la incluyó en su lista de testigos del juicio, aunque pidió a la sala que adjuntara a la causa su declaración judicial.
También declararán como testigos en la causa el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y el exconseller de ICV Salvador Milà. Ambos, que fueron titulares de los Departamentos de Medio Ambiente de la Generalitat, han sido propuestos por la Gustavo Buesa, exsocio de Jordi Pujol Ferrusola, en relación con las licencias ambientales concedidas a centros de residuos que el empresario gestionaba.