El Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción presentado esta mañana por el presidente Pedro Sánchez en el Congreso ha sido elaborado por el Gobierno de coalición de la mano de la OCDE y, según ha señalado el presidente, del prestigioso departamento encargado de mejorar la calidad democrática. De esta manera, el Ejecutivo ha buscado el amparo y el paraguas internacional para la elaboración de un plan con 15 medidas como respuesta al caso Cerdán, donde en primer lugar ha anunciado la creación de una Agencia de Integridad Pública para luchar de “forma independiente” contra la corrupción.
Comparecencia de Sánchez en el Congreso (Dani Duch)
Este órgano, según ha explicado el presidente, supervisará las prácticas de los múltiples organismos existentes en España para perseguir la corrupción. Este organismo asumirá competencias clave “en la lucha contra la corrupción y la integridad pública” aunando las de organismos ya existentes y excesivamente dispersas a entender del presidente. El plan gubernamental apuesta por realizar “mapas de riesgo”, para minimizar los riesgos de corrupción en la contratación pública. Se realizarán también controles aleatorios en el patrimonio de los altos cargos públicos. Y se aumentará la dotación de la Oficina de Recuperación de Activos para agilizar la recuperaciones de los bienes robados.
Con el objetivo de abordar todos los aspectos de la lucha anticorrupción, se propone el refuerzo del control sobre los partidos políticos y fundaciones a someterse a auditorías externas, y se baja el umbral de publicidad de las donaciones a 2.500 euros. El plan presentado por Sánchez aborda también la protección de los informantes sobre casos de corrupción al considerar que el actual sistema no es suficiente. Se entiende que la aportación ciudadana es fundamental para hacer frente a la corrupción por lo que se reforzará la protección de su anonimato así como la seguridad de todo el canal de denuncia.
Entre los objetivos del Ejecutivo destaca asimismo la apuesta por mejorar la capacidad del Estado en la investigación y sanción de los casos de corrupción. Para ello se reforzará la Fiscalía Anticorrupción, creando secciones en los nuevos juzgados de instancia.
La estrategia presentada por el Gobierno pone también la mirada en las “empresas corruptoras” en un entramado caracterizado por el pago y el cobro de comisiones. Y sitúa el foco más allá de los corruptos, para evitar, según Sánchez, que algunos “se vayan de rositas”. En este sentido, se endurecerán las sanciones para disuadir al ámbito privado de entrar en estas prácticas. Y destaca la decisión de crear listas negras (Blacklisting) para excluir de las contrataciones a aquellas corporaciones que hayan sido condenadas por corrupción, cohecho o blanqueo de capitales. En esta línea, se quiere reformar el Código Penal para que se automatice la inhabilitación de una empresa.
El presidente del Gobierno ha señalado que este plan debe de ir acompañado también de un cambio en la cultura del país, por lo que apostó por una campaña de concienciación en contra de la corrupción. Un plan que supervisará periódicamente la OCDE que, como se señalaba, ha estado en toda su elaboración.
