El Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, presentado en el Congreso por el presidente Pedro Sánchez para afrontar la crisis por el caso Cerdán, ha sido elaborado de la mano de la OCDE y se estructura en 5 ejes y 15 medidas que buscan abarcar tanto la actividad pública como la privada para perseguir y prevenir la corrupción.
Pedro Sánchez y María Jesús Montero en el pleno
Eje1. Prevención de riesgos y fortalecimiento de controles
1)Agencia Independiente de Integridad Pública. Se creará para aunar el control sobre la corrupción, disgregado ahora en un exceso de organismos. Asumirá las competencias clave en materia de supervisión, prevención y planificación. La nueva agencia deberá de tener facultades para iniciar investigaciones, supervisar el cumplimiento de normas y articular mecanismos de protección para informantes de corrupción.
2)Extender el uso de mapas de riesgo a todos los fondos públicos.
Se extenderá a todo el sector público el mapeo de posibles riesgos partiendo del modelo que se aplica a los fondos Next Generation. El objetivo es minimizar los riesgos de corrupción en la contratación pública.
3)Ley de Administración Abierta. Participación ciudadana.
Se impulsará la aprobación de esta ley para fomentar la transparencia en la actividad pública. En el nuevo portal de transparencia del Estado se publicará información sobre contratos públicos, retribuciones de personal o declaración de bienes. Se ampliará el control a los altos cargos con controles aleatorios sobre situación patrimonial. La ley prevé facilitar la participación ciudadana a través de consultas públicas en cuestiones sobre asuntos públicos.
4)Transformación de la Plataforma de Contratación del Sector Público con Big Data e IA
La nueva plataforma permitirá reforzar la transparencia y prevenir la corrupción con el uso de IA por su capacidad de realizar auditorías a gran escala mediante en análisis estadístico de datos abiertos. Se incorporarán diferentes fuentes de información.
5)Proyecto de ley de transparencia e integridad de los grupos de interés.
Actualmente en tramitación parlamentaria, su objetivo es regular el lobbying en España y establecer un marco legal de las relaciones entre las instituciones públicas y los grupos de interés. Se creará un registro de grupos de interés.
6) Refuerzo del control sobre la financiación y economía de los partidos.
Se modificará la ley actual de financiación. Todos los partidos y sus fundaciones que reciban fondos públicos por más de 50.000 euros tendrán que someterse a auditoría. Se rebaja a 2.500 euros el umbral para hacer públicas las donaciones. También se endurecerá la legislación sobre subvenciones públicas para gastos electorales.
Eje2. La protección del informante
7)Garantías de protección a los denunciantes de corrupción.
Revisar la operatividad de los canales internos de denuncia. Incluir a los informantes en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar la protección de las personas que acuden a denunciar a la Fiscalía, policía u órganos judiciales reciben la misma protección. Se reforzarán las garantías para quienes sufren represalias y derecho a indemnización por el daño sufrido.
8)Más capacidades para el Ministerio Fiscal y el Poder Judicial.
Se crearán secciones específicas de anticorrupción con jueces especializados y su presencia en todo el territorio. Se revisará la Ley Orgánica del Poder Judicial para crear en los juzgados de instancia una sección específica de corrupción.
Se reforzará la Fiscalía Anticorrupción con más medios.
Se atribuirá al Ministerio Fiscal la instrucción de los procesos penales.
Se dará preferencia a las causas que competen a cargos públicos.
9)Control y sanción a empresas corruptoras.
Se endurecerán las sanciones a empresas corruptoras con multas proporcionales a los ingresos anuales o al beneficio obtenido. Se la inhabilitará para subvenciones públicas.
Se mejorará la aplicación de las listas negras (Blacklisting) para excluir a aquellas que no pueden participar en procesos de contratación. Se reformará el Código Penal para automatizar su inhabilitación. Se propone un sistema de compliance anticorrupción para las empresas.
Se incorporará la titularidad sobre participaciones sociales en el Registro Civil para mejorar la transparencia de las sociedades limitadas.
10) Endurecer castigos y nuevas medidas por delitos de corrupción contra la Administración Pública.
El Código Penal no tipifica un delito concreto de corrupción y se modificará para: Penalización agravada de la obstrucción a la justicia por casos de corrupción. Se vincularán los beneficios penitenciarios a la restitución de las cantidades obtenidas. Se amplia el plazo de prescripción de la acción penal. Se recupera el delito de administración desleal del patrimonio público.
Eje4. Recuperación de activos
11) Se reforzará la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA).
Se debe transponer la directiva. Se dotará de mayores medios para gestionar les encargos del Ministerio Fiscal y tribunales.
12) Decomiso administrativo o decomiso preventivo.
Estas figuras facilitarían el decomiso de bienes sin condena previa. Está ya prevista en el Código Penal pero se ampliaría a ámbitos como el civil o el administrativo.
Eje5. Promover una cultura anticorrupción y de integridad en la ciudadanía, administración y empresa
14) Campañas sociales para promover una cultura anticorrupción.
15)Encuesta anual sobre percepción y experiencia de la corrupción.
