Cuando falta una semana para que se vuelva a abordar la cuestión de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea, España ha remitido una nueva propuesta a los 26 estados miembros restantes con el objetivo de superar las dudas que aún existen entre algunos países, especialmente Alemania. El documento que el Ministerio de Exteriores ha enviado a las capitales europeas, al cual ha tenido acceso La Vanguardia, incorpora un nuevo artículo con el que reafirma el “compromiso” español de asumir los costes derivados de la implementación de la oficialidad de estas tres lenguas.
Según fuentes diplomáticas, el memorándum remitido incorpora “más aclaraciones sobre el contexto y los criterios estrictos para evitar precedentes”, que es precisamente una de las preocupaciones que habían manifestado algunos países ante la posibilidad de que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego abriera la puerta a que surgieran reclamaciones en el seno de sus naciones para que otras lenguas minoritarias lograran este mismo rango dentro del club comunitario.
Un intercambio de opiniones
El Consejo del próximo viernes solo votará la petición si hay consenso, algo poco probable
El texto de Exteriores reitera que no sentará precedentes porque “no hay otras lenguas” que cumplan los requisitos propuestos para la oficialidad. Sobre la manera en la que España pone encima de la mesa que esto se haga efectivo, el documento recoge que se aplique gradualmente, empezando con las regulaciones aprobadas por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. Este punto de partida arrancaría en 2027.
Sobre los aspectos financieros, España propone incluir un artículo en el borrador en el reglamento del Consejo con una fórmula donde España se comprometería a asumir todos los costes. Según una estimación preliminar de la Comisión Europea, serían unos 132 millones.
Lee tambiénEscepticismo en Dinamarca sobre los “avances” en el nuevo intento para la oficialidad del catalán
El debate sobre este asunto está incluido en el orden del día de la reunión del 18 de julio y solo se sometería a votación si hubiera consenso para ello. Cabe recordar que la última vez que se trató la oficialidad fue en la cita del 27 de mayo, cuando hubo prácticamente una decena de países que manifestó sus reticencias a esta carpeta. Ante ello, no se votó y España se comprometió a seguir “aclarando las dudas” a estos estados para que el acuerdo se pueda adoptar “lo más pronto posible”.
Sin embargo, fuentes cercanas a las conversaciones apuntan que hasta la fecha no ha habido cambios de posición dentro de los países reticentes, por lo cual es muy posible que como la unanimidad seguirá lejos el viernes que viene, el asunto no se llegue a votar en el próximo Consejo de Asuntos Generales. La intención parece ser mantener la atención sobre este asunto, algo que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se ha marcado como una prioridad durante este año 2025.
La presidencia danesa del Consejo de la UE, quien será el árbitro en este partido hasta finales de año, ha reiterado su disponibilidad a introducir este punto en el orden del día siempre que España lo pida. Sin embargo, la semana pasada la ministra de Asuntos Europeos de Dinamarca, Marie Bjerre, ya trasladó su escepticismo sobre los avances que se han logrado en este mes y medio. “Respetamos si España desea volver a incluirlo en la agenda, pero no veo que haya habido ningún avance en los países que apoyan o no apoyan la cuestión”, aseguró ante un grupo de periodistas europeos. “Dinamarca no obstaculizará la unidad y no obstaculizará una decisión, pero no veo ningún cambio respecto a la última vez”, insistió.
