El documento surgido de la reunión de la comisión bilateral celebrada ayer en Barcelona implica que formalmente, el Gobierno español hace suyo el contenido del acuerdo suscrito entre el PSC y ERC por el que Salvador Illa fue investido presidente de la Generalitat el 8 de agosto del 2024.
Aquel acuerdo comprometía exclusivamente a las fuerzas políticas catalanas. Ahora el Gobierno central lo asume, aunque sin grandes concreciones y tratando de modular un sistema de financiación que sea exportable al resto de comunidades.
En resumen, estas son las seis ideas básicas del acuerdo.
Gestión tributaria. El Gobierno central abre la puerta a que la Generalitat pueda gestionar y recaudar los impuestos que pagan los catalanes a través de la Agencia Tributària de Catalunya. No obstante, precisa que esa gestión se podría hacer en red, con el concurso de la Agencia Estatal y también con las agencias tributarias que deseen sumarse a este modelo abierto no sólo a Catalunya.
Solidaridad. Si en algo el documento firmado ayer es explícito es en el desarrollo del principio de solidaridad por el cual Catalunya, como una de las comunidades que cuenta con una mayor capacidad de generación de recursos se compromete a someterse a los mecanismos de nivelación que permitan corregir la diferencia de recursos disponibles en cada comunidad en función de sus capacidad fiscal. En cualquier caso, y como en el resto de epígrafes, el documento no contiene ninguna cifra que permita determinar qué puede ganar y qué puede perder Catalunya en el futuro.
Singularidad. El acuerdo entre PSC y ERC definían su modelo como una financiación singular para Catalunya. El pacto suscrito ayer entra la Generalitat y la Administración central describe un sistema “adecuado para las necesidades y singularidades de todos los territorios”. Es decir, Catalunya podrá tener un sistema singular, el resto de comunidades también. Una singularidad para todos.
En este sentido, el documento señala la predisposición del Gobierno central a transferir dinero para financiar las competencias que no tienen otras comunidades –por ejemplo, la policía autonómica o la gestión del
sistema penitenciario–.
Ordinalidad. Uno de los objetivos políticos y financieros de este acuerdo es alcanzar el principio de ordinalidad por el cual una comunidad mantiene el mismo puesto en ingresos antes y después de devengar la cuota de solidaridad. Es llamativo que el texto sostiene que Catalunya reclama como condición necesaria la aplicación de este principio, pero el Estado se limita a subrayar que el modelo ha de ser “conciliable con el tratamiento adecuado de las necesidades y singularidades de todos los territorios”. Que cada cual lo interprete como mejor le convenga. En cualquier caso, la delimitación de estas necesidades y singularidades queda al albur de lo que acuerde un grupo de trabajo de la Administración central y la Generalitat.
Competencia fiscal. En el acuerdo se reconoce la potestad a futuro de una ampliación de la capacidad normativa. No obstante –tal y como ya recogía el documento firmado entre ERC y PSC para la investidura–, el pacto ha de incluir una limitación de la competencia fiscal a la baja. En el fondo de este propósito está la competencia fiscal con Madrid.
Marco legal. El documento reconoce la relación bilateral entre Catalunya y el Gobierno central, pero deja claro que este modelo deberá aprobarse en los foros multilaterales, esto es, el Consejo de Política Fiscal y Financiera y el Congreso de los Diputados.
