Con satisfacción. Así acoge el Govern los términos del acuerdo con el Gobierno central para la financiación singular de Catalunya sellado este lunes en la comisión bilateral Estado-Generalitat. Pese a la falta de concreción en cifras o plazos para que el modelo de financiación tome cuerpo, y de que en el documento del acuerdo el Ejecutivo central no asume uno de los aspectos claves, el principio de ordinalidad, en el Govern sostienen que este principio, que determina todo el sistema dle financiación, es imprescindible y que incluso está garantizado y recogido en el acuerdo.
La consellera de Economía, Alícia Romero, ha admitido en una entrevista en TV3 que “evidentemente faltan concreciones” sobre el modelo de financiación porque ayer la comisión bilateral solo pactó “una estructura” del nuevo sistema, pero ha considerado “imprescindible” que se respete el principio de ordinalidad en el nuevo modelo de financiación, un principio que pretende evitar que Catalunya pierda posiciones en cuanto a la renta per cápita tras su aportación a la caja común en concepto de solidaridad. De hecho, Romero ha asegurado que si este concepto no forma parte del nuevo sistema de financiación, Catalunya “no estará”.
El hecho de que este concepto aparezca solamente en el preámbulo del acuerdo sellado entre los dos gobiernos y no en la parte dispositiva del mismo ha sido justificado por la consellera de Economia como la única vía para lograr un acuerdo con el Gobierno central que no hiciera que el debate con el resto de territorios fracasara a las primeras de cambio. Según Romero, el Gobierno central también defiende este principio aunque en el pacto solo se señala que es Catalunya quien lo defiende.
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La ordinalidad “afecta a todo el modelo”, ha advertido la consellera y en todo caso se tendrá que incluir “más adelante”. “El Gobierno de España quiere aplicar este principio ponderado con otros, y esperamos que sea así”, ha señalado Romero. Desde el Govern consideran que es un elemento fundamental para evitar que Catalunya quede por debajo de lo que le tocaría por la aportación al Estado.
La consellera portavoz, Sílvia Paneque, ha insistido en ello. Tras la reunión del Consell Executiu ha insistido en que este principio “es fundamental” para el Govern, pero “se tiene que hacer con el resto”, ha advertido. Y “aquí el Gobierno tiene un trabajo a hacer”, pero este principio “queda totalmente protegido y determinado”, ha querido zanjar.
La ordinalidad “es una cuestión que no podía quedar completamente determinada y está en el preámbulo”
“Tú ordenas respecto al resto de las comunidades autónomas, por tanto el Gobierno tiene un trabajo que hacer de negociación con el resto” de territorios y por eso “es una cuestión que no podía quedar completamente determinada y está en el preámbulo”, ha admitido Paneque.
Sin embargo, la portavoz ha insistido en que para el Govern “es fundamental para recibir proporcionalmente a la riqueza que se genera y no es razonable recibir menos que lo que genera”.
Para el Govern “es fundamental recibir proporcionalmente a la riqueza que se genera”
Romero ha asegurado que el acuerdo con el Gobierno “nos ha costado mucho” y que “ha sido una negociación difícil” a pesar de las inconcreciones. En este sentido, “es evidente que no hay cálculos de aportación a la solidaridad, ni sobre la ordinalidad”, como tampoco queda definida en el acuerdo la cesta de impuestos ni la participación de Catalunya en cada uno de los impuestos. Todo esto “es lo que ahora tenemos que negociar con el Gobierno”, ha explicado la titular de Economia, que ha desvelado que el grupo de expertos liderado por Martí Carnicer está haciendo cálculos y que “en septiembre u octubre” estarán disponibles. Estos cálculos serán la base para negociar.
De igual forma, El Govern ha encargado a la tecnológica Indra un informe para planificar el desarrollo de la Agència Tributària de Catalunya, por lo que “la semana que viene podemos saber en qué fechas estaremos en disposición de gestionar el 100% del IRPF”, ha informado la consellera, que ha recordado que este proceso se lleva a cabo en “coordinación” con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
