El acuerdo rubricado ayer entre los gobiernos de España y de la Generalitat para un modelo de financiación singular para Catalunya ha recibido un rechazo frontal tanto por parte del PP, de Vox y de Podemos, como de varias comunidades autónomas, entre ellas muchas receptoras de fondos con el modelo actual, pero también algunas que se ven perjudicadas. Los gobiernos autonómicos críticos con el acuerdo entre los socialistas y ERC no fueron solo los del Partido Popular sino también los de Castilla-La Mancha y Asturias, ambos del PSOE.
La primera reacción contundente contra el modelo catalán la marcó el Partido Popular, con la advertencia de que la financiación singular va a suponer una “asfixia” para el bolsillo de todos los españoles. Así lo expresó el portavoz popular, Borja Sémper, en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité de dirección del partido, en la que admitió que “Catalunya necesita tener mejor financiación”, pero “no se puede hacer en una sala, de espaldas a todos los españoles, mediante parches o atajos”.

El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ayer, en un acto de la Asociación Interprofesional Vinos de Valdepeñas.
El PP defiende que el nuevo modelo de finaciación debe acordarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que participan el Gobierno de España y todas las autonomías. “Lo que es de todos se negociará entre todos –subrayó Sémper–, no en reuniones bilaterales donde Sánchez acepta de rodillas el chantaje en condiciones leoninas”. El portavoz del PP dijo que el presidente del Gobierno “ha roto el principio de igualdad y de equidad”, y no descartó ninguna vía jurídica o política contra el acuerdo.
Sémper insistió en que el “cupo secesionista”, la expresión que utiliza el PP para referirse a la financiación singular, es un “pago para alargar la agonía” del Gobierno. “Estamos ante la compra del silencio de sus socios ante la corrupción, y con el dinero de todos”, dijo. Y fue más allá, vinculando el acuerdo con una financiación ilegal del PSOE de la que no hay indicios: “A Sánchez no le importa la financiación singular, sino la financiación irregular de su partido. Por eso no le importa desguazar el Estado para seguir en la Moncloa”.
Un argumento parecido al del PP fue el de Podemos, cuyo portavoz, Pablo Fernández, acusó al PSOE de intentar “tapar” sus casos de corrupción y de machismo a través de la financiación. Desde Vox, Santiago Abascal, dijo: “Estamos en manos de una mafia que toma decisiones solo para permanecer en el poder”.
En línea con estos argumentos esgrimidos desde la oposición, varias comunidades, muchas receptoras de fondos con el modelo actual, criticaron también la financiación singular. Entre ellos, dos socialistas: el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pidió que no les tomen “por tontos” y vinculó el acuerdo a “pagar favores, chantajes, o lo que es peor, pasos adelante en la ruptura de la unidad, que es lo mismo que la igualdad”, y el portavoz del Gobierno de Asturias, Guillermo Peláez, defendió que se debe negociar entre todos.
Extremadura habla de “saqueo” de Catalunya, Aragón lo califica de “tropelía” y Andalucía ve “un golpe duro para España”
Desde el PP fueron varios los gobiernos autonómicos que criticaron la propuesta de financiación para Catalunya, aunque se trata de un esquema “generalizable” a otros territorios. Desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, se denunció que la financiación singular para Catalunya es “un despropósito” y se acusó a Sánchez de hacer “corrupción de Estado” con esta propuesta. La presidenta Isabel Díaz Ayuso vaticinó que el país avanza hacia una “república plurinacional de manera inexorable” y no descartó recurrir al Tribunal Constitucional.
También apuntó a la vía jurídica el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para evitar un modelo que “rompe la caja común, la solidaridad entre todos los españoles y el equilibrio entre las comunidades”. Otro presidente del PP, Juanma Moreno, dijo que Andalucía “hará valer su fuerza” para combatir “un golpe duro a España”.
Sumar celebra que se abra el debate y pide más recursos para todos y acabar con el dumping fiscal de Madrid
La también popular María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, habló de “saqueo” y aseguró que reivindicará y luchará por una financiación “justa” para su comunidad frente al “cuponazo” de la “mal llamada financiación singular” del Gobierno central con Catalunya. El consejero de Hacienda de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, también del PP, calificó el modelo catalán de “tropelía” y “escándalo”. Y la presidenta balear, Marga Prohens, acusó al jefe del Ejecutivo de “pagar el peaje de su continuidad con el dinero de los ciudadanos de Baleares”.
Foment ve el acuerdo como un paso relevante hacia un sistema más justo para Catalunya
Por su parte, la Generalitat valenciana que dirige Carlos Mazón consideró que es “un paso más en ese camino que el independentismo ya inició hace mucho tiempo y que no tiene más objetivo que romper con el sistema de solidaridad y con el sistema autonómico” de financiación, en palabras de su consejera de Hacienda y Economía, Ruth Merino.
Desde Canarias, el presidente Fernando Clavijo (CC), que gobierna en coalición con el PP, aseguró que este acuerdo es básicamente “quitarle dinero a los canarios para mandarlo” a Catalunya.
En el lado opuesto, Sumar celebró que se abra el debate sobre la “imprescindible reforma” de la financiación, en la que pide acabar con el dumping fiscal que practica la Comunidad de Madrid con sus rebajas de impuestos y dotar de más recursos a las comunidades.
También la patronal catalana Foment del Treball celebró el acuerdo como “un paso relevante hacia un sistema más justo, eficiente y adaptado a las necesidades específicas de Catalunya”.