“Cualquiera que defienda Aragón debe posicionarse contra este acuerdo, que va contra la línea flotación de nuestros intereses”. Eso es lo que el presidente de Aragón, Jorge Azcón, pretende plantear a los máximos representantes políticos de la comunidad autonómica, a los que va a convocar de urgencia con vistas a acordar un frente común contra el pacto sobre financiación anunciado ayer para Catalunya. “No somos imbéciles. Cuando hablan de singularidad están hablando de insolidaridad”, ha criticado sobre el mismo.
De esta forma, el líder popular busca dejar en evidencia las contradicciones que, a su parecer, tiene la ministra Pilar Alegría en tanto que miembro del Gobierno central a la par que secretaria general del PSOE aragonés, federación que bajo la batuta del expresidente Javier Lambán siempre se mostró contraria a un acuerdo singular para la comunidad vecina.
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“El interés de Aragón está por encima de cualquier otro cargo”, ha dicho sobre Alegría el barón popular, que también planea convocar un pleno extraordinario en las Cortes para consensuar, “como ha habido siempre”, una posición común sobre el tema. “Si ahora el PSOE cambia de opinión, lo van a tener que explicar con mucho detalle”, ha añadido.
El pasado febrero, ya se vivió una situación similar cuando Azcón convocó a la nueva secretaria general para abordar la inclusión de los criterios de despoblación y orografía, caballo de batalla de las comunidades más despobladas, en el nuevo sistema de financiación. En aquella ocasión, Alegría evitó el cara a cara enviando en su lugar a la entonces portavoz y hoy senadora Mayte Pérez.
Financiación
El departamento de Hacienda calcula una merma de 230 millones de euros anuales si se aprueba el pacto para Catalunya
Como la mayoría de comunidades autónomas, Azcón ha mostrado desde un principio su “oposición frontal” a un pacto que, según los cálculos del departamento de Hacienda regional, hará perder a las arcas aragonesas hasta 230 millones de euros al año. “Si el actual sistema ya es insuficiente para pagar los servicios públicos, el acuerdo de Sánchez e Illa será la puntilla”, ha subrayado.
El presidente, que ayer llamó a la “rebelión cívica” de la ciudadanía contra este acuerdo que “desmantela” lo servicios públicos, no ha explicitado en qué se sustancia esa iniciativa más allá de que la población hagan una labor “pedagógica” con su entorno cercano.
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Eso sí, no ha descartado movilizaciones futuras y ha confirmado su intención de presentar un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales si el sistema al final se aprueba. “No somos idiotas ni imbéciles. No vamos a aceptar un sistema de financiación que se pacta en Catalunya y del que quieren que nos repartamos las sobras”, ha insistido.
