El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha advertido a Santos Cerdán que el camino de la conspiración lo único que va a hacer es ralentizar la causa. Por eso se opone a entrar en el intento del socialista de averiguar si el exasesor Koldo García era en realidad un infiltrado de la Guardia Civil que le provocó para cometer un delito y salpicarle en un caso de corrupción.
El magistrado recuerda en un auto que la causa ya de por si tiene dimensiones considerables. Recuerda a Cerdán que no hay “previsión razonable de que la causa vaya a conducirse en la fase de instrucción en un tiempo particularmente breve”.
El magistrado considera que los investigados tienen el derecho de que no haya dilaciones en la causa y evitar que ésta se “inflame, discurriendo por caminos paralelos, ajenos o irrelevantes”.
Por eso, se niega a investigar el número de oportunidades en las que Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, haya podido actuar como colaborador de la Guardia Civil.
“Además, de resultar abierto ese inútil portillo, ninguna razón habría para desestimar después cuántas diligencias, acusaciones o defensas, pudieran proponer para seguir dibujando los perfiles de esa, irrelevante aquí, posible colaboración dando de este modo lugar a una suerte de instrucción especular”.
No obstante, Puente sí acepta realizar una pericial, encargada al Departamento de Ingeniería Digital del Servicio de Criminalística (SECRIM) de la Guardia Civil para ratificar que las grabaciones realizadas por García y que implican a Cerdán no han sido manipuladas ni recortadas. Además, acepta darle copia de todos los audios intervenidos a García porque la Unidad Central Operativa (UCO) Guardia Civil sólo ha utilizado aquellos que consideraban de utilidad para la investigación.
Lo que no acepta el juez es darle copia de toda la documentación incautada a García, no solo los audios, porque dado su volumen -que asciende a 10 terabites, lo que corresponde a 65 millones de páginas- todavía está siendo analizado.