El Gobierno y la Generalitat cierran su curso político dando una marcha extra al cumplimiento de los acuerdos de investidura, en este caso, con Esquerra Republicana. Ambos ejecutivos han dado luz verde este martes, antes de las vacaciones de verano, a la creación de la empresa mixta Rodalies de Catalunya para que ésta pase a ser la gestora del servicio ferroviario. Con este paso, también se han aprobado los estatutos de esta nueva compañía, cuya mayoría accionarial está en manos de Renfe (50,1%), mientras que el porcentaje restante está en manos de la Generalitat.
La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha celebrado la rueda de prensa de hoy este paso como un “hecho histórico” porque implica “el despliegue de las competencias ferroviarias de Catalunya”. Paneque ha subrayado que supone pasar de la titularidad que posee la Generalitat desde 2009 a ser los “gestores directos” del servicio. La puesta en marcha de esta operadora, ha defendido la consellera de Territori, permitirá a Catalunya “tener un papel determinante, fundamental y central en el servicio”, por lo que ha pronosticado que conllevará “un giro en el modelo de transporte público ferroviario del país”.
Paneque ha destacado que el consejo de administración de la empresa contará con una mayoría de miembros -cinco de los nueve que lo integrarán- designados por la Generalitat. Será “clave”, ha expuesto, esta “proximidad” para mejoras de elementos clave en la comunicación, información de posibles incidencias o la atención a los usuarios. La empresa tiene un capital fundacional de dos millones de euros.
Por lo que hace al calendario de implementación, el Govern contempla que todos los pasos para que la nueva empresa funcione con plena normalidad estén listos antes de que finalice este año. Para lo que no contempla, por ahora, un plazo concreto es para solicitar modificaciones accionariales con el objetivo de que la Generalitat tenga la mayoría de la operadora. Cabe recordar que finalmente se aceptó que no se llegara al 50% en favor de Renfe Viajeros por las resistencias de los sindicatos.
La senda de cumplir los compromisos de investidura también se sustancia con la autorización del Institut Català de Finances (ICF) a crear la sociedad mercantil para que pueda operar como entidad de crédito, un proyecto para el que necesita el beneplácito del Banco de España y del Banco Central Europeo. Es otra de las patas que forma parte del pacto que alcanzaron los socialistas con Esquerra para permitir que Salvador Illa fuera elegido presidente de la Generalitat el pasado 8 de agosto.
Este es un trámite requerido para poder obtener la licencia bancaria. La junta de gobierno del ICF ha aprobado el proyecto este mes y la intención es presentarlo ante las autoridades europeas para poder operar como banco. Paneque se ha mostrado optimista con la posibilidad de que se conceda esta luz verde por parte del BCE y ha destacado que, si así es, el ICF podrá “promover actividades de fomento de la economía catalana” con la concesión, por ejemplo, de créditos y financiación a proyectos empresariales, con el foco puesto en las pymes.
Sin embargo, el punto en el que sigue habiendo resistencias es en el modelo de financiación y la recaudación de impuestos, elementos en los que ERC exige más avances o, de lo contrario, no negociarán presupuestos para el 2026. El Govern asegura que comprende la “frustración” de los republicanos en el hecho de que no se vaya “tan rápido” como se esperaba, pero pone en valor el acuerdo de la bilateral con el Estado y se reafirma en que cumplirá lo suscrito con los de Oriol Junqueras. En esta línea, la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, ha remarcado que defienden el respeto al principio de ordinalidad.
Al mismo tiempo, ha considerado que “no sería justo” señalar a María Jesús Montero -en la línea de lo manifestado por Esquerra- como única culpable de que la cuestión esté encallada: “Es un asunto muy complejo, que hayan pasado tantos años y no se haya avanzado en este ámbito ya indica que hay complejidad en la carpeta”. Eso sí, ha insistido en que se tiene que “honrar los acuerdos de investidura”.
Por otro lado, el Consell Executiu ha acordado este martes destinar 800.000 euros a la Associació d'Amics de La Bressola para poder financiar los gastos destinados al personal docente. De este modo, la consellera Paneque ha sostenido que “se refuerza el compromiso del Govern con el mantenimiento de la oferta de enseñanza y cultura en catalán” en Francia.
Aún en el ámbito lingüístico, el Govern ha acordado ampliar la plantilla estructural del Departament de Política Lingüística que dirige Francesc Xavier Vila y otros dos programas temporales de incremento de personal. Uno está orientado al cumplimiento y seguimiento del Pacte Nacional per la Llengua con 21 plazas durante tres años. El otro prevé potenciar el uso y presencia del catalán en las tecnologías con 14 plazas.