El PP ha registrado en el Congreso las 50 preguntas sobre corrupción que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, planteó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comparecencia monográfica sobre el caso Koldo el pasado 9 de julio y que, según denuncia el PP, no fueron contestadas.
En una nota de prensa, el PP ha informado este viernes de que su grupo parlamentario ha registrado este documento, que Feijóo entregó ese día a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, para que el Gobierno les dé una respuesta por escrito, como marca el Reglamento del Congreso.
Las 50 preguntas están divididas en seis bloques, según explica el PP, que van desde la “protección del Gobierno” a los ex secretarios de Organización socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán, a “las cloacas del PSOE”, pasando por la “variante machista” del caso Koldo, los “problemas judiciales en el entorno de Sánchez”, el procesamiento del fiscal general del Estado o la ley de Amnistía.
Entre otros asuntos, el PP se interesa por cómo se financió la campaña de primarias en la que Pedro Sánchez fue elegido secretario general socialista, el “pen drive” que entregó en Ferraz la exsocialista Leire Díez, o el socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar, Antxon Alonso, quien “facilitó el apoyo de PNV y Bildu a la investidura” del jefe del Ejecutivo.
También preguntan al Gobierno “sobre el conocimiento de presuntos episodios de acoso sexual protagonizados por personas del entorno de confianza del presidente, así como sobre la contratación en empresas públicas de mujeres prostituidas”.
Otras cuestiones se centran en los “problemas judiciales de la mujer del presidente del Gobierno”, Begoña Gómez, y de su hermano, David Sánchez, o las “relaciones” con el caso Koldo de expresidentes autonómicos socialistas como Ángel Víctor Torres o Francina Armengol.
En la batería de preguntas, el PP interroga a su vez al Gobierno por el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y por si “teme” que “se conozcan conversaciones entre personas con altas responsabilidades en el PSOE o en el Ejecutivo y el presidente del Tribunal Constitucional con motivo de la Ley de Amnistía”.