El Gobierno central arranca la semana moviendo ficha en la polémica generada por el veto del Partido Popular y Vox a los ritos islámicos en Jumilla (Murcia). A través de la Delegación del Gobierno, ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento para que anule el acuerdo sobre el uso de las instalaciones municipales deportivos —que impide actos musulmanes que se venían celebrando años anteriores ahí como el Fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero— al entender que atenta contra la libertad religiosa.
La alcaldesa de Jumilla, Seve González, momentos antes del inicio del pleno extraordinario celebrado el viernes
Según han explicado fuentes del Ejecutivo, el requerimiento, presentado por la delegada del Gobierno y coordinado con los ministerios de Justicia y Política Territorial, sostiene que la normativa permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales, por lo que entiende que “las razones objetivas esgrimidas no se sustentan”. Aunque en el Gobierno explican que aún no se está en la siguiente pantalla, el requerimiento es el paso previo a poder abrir la vía judicial. Ahora, el Ayuntamiento tiene un mes para responder a él. Si no, se podría abrir la puerta a un contencioso-administrativo.
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En el requerimiento, al que ha tenido acceso La Vanguardia, el Gobierno apunta a que la motivación “real” del acuerdo del Ayuntamiento de Jumilla no responde a criterios técnicos ni organizativos, se aparta de criterios legales de gestión de los usos de los bienes públicos y, además, responde “a una finalidad ideológica de exclusión religiosa”. “Esta finalidad vulnera los principios constitucionales de libertad religiosa, igualdad y neutralidad administrativa, y constituye una clara desviación de poder”, señala el escrito firmado por la delegada de Gobierno en la Región de Murcia, María Dolores Guevara.
El Ayuntamiento de Jumilla aprobó a finales de julio, con los votos a favor del Partido Popular y la abstención de Vox, la moción que instaba al gobierno municipal “a iniciar los trámites oportunos de modificación del Reglamento de Uso y Funcionamiento de Instalaciones Deportivas Municipales a fin de que el uso de dichas instalaciones sea exclusivamente para el ámbito deportivo o actos y actividades organizadas por el Ayuntamiento de Jumilla, y en ningún caso para actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento”. En la práctica, esto supone un veto a las celebraciones musulmanas que se han venido celebrando en los últimos años en instalaciones deportivas, aunque en el texto no se hacía mención expresa a ella.
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Ahora el Gobierno de Pedro Sánchez considera que el acuerdo supone una vulneración del uso común general correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente, y que se ha incurrido en desviación de poder por utilizar competencia municipal para fines ideológicos ajenos al interés general. “No hay duda que el acuerdo cuya anulación se requiere incurre en desviación de poder, empleando la potestad municipal para impedir las celebraciones religiosas musulmanas de forma impropia, desviada, aunque aparentemente parece regular el uso de las instalaciones deportivas municipales, sin embargo, bajo dicha apariencia formal se encubre con toda claridad una vulneración del Derecho fundamental a la libertad religiosa”, recoge el requerimiento.
En un mensaje en X, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido la medida tomada por el Gobierno: “Frente a la deriva extremista de PPVox, defendemos la Constitución, los derechos y la libertad religiosa. Frenaremos sus medidas ultras, como hicimos ante trabas al aborto en Castilla y León o la censura en Murcia”, ha dicho Bolaños.
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El Gobierno entiende que la corporación municipal no desea limitar el uso de las instalaciones deportivas municipales a actividades de ámbito deportivo, sino excluir la celebración de las festividades religiosas que hasta ahora allí se celebraban “y que resultaban ser las musulmanas que periódicamente se venían realizando en dichos espacios”. Argumenta que la exclusión de actos religiosos ajenos al Ayuntamiento “sin acreditar perturbación del orden público ni conflicto de usos” constituye una restricción injustificada del ejercicio colectivo del culto y expone que la restricción de derechos fundamentales debe estar debidamente motivada, basada en criterios objetivos y sometida a control de proporcionalidad, tal y como establece el Tribunal Constitucional.
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Por todo ello, requiere a la corporación local que revoque el acuerdo, que contemplaba la modificación del reglamento de uso y funcionamiento de instalaciones deportivas municipales y que excluye actos religiosos ajenos a la corporación, por ser contrario al ordenamiento jurídico.
Desde el Gobierno, aunque no lo dejan plasmado en el requerimiento, se refirman en su compromiso de combatir ”política y jurídicamente cualquier iniciativa que intente ir minando los derechos y libertades e introducir a España en una dinámica autoritaria, en línea con otros países donde la ultraderecha ha ocupado posiciones de gobierno”, explican fuentes gubernamentales.
PSOE acusa a PP y Vox de “institucionalizar la islamofobia” y el racismo
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha acusado a PP y Vox de “institucionalizar la islamofobia” y el racismo tras la moción aprobada en el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), que insta al gobierno local a prohibir en sus instalaciones deportivas cualquier tipo de actividad ajena a las mismas.
“Cada pacto presupuestario que se da entre el Partido Popular y Vox, cada pacto de investidura que se da entre la derecha y la ultraderecha, hay un derecho que se recorta. Y no solo es que haya un derecho que se recorta sino que además la escalada es tan grande que incluso ahora como se ha demostrado en Jumilla son capaces de institucionalizar la islamofobia, de institucionalizar el racismo”, ha señalado Mínguez en un vídeo difundido por los socialistas.
El Ayuntamiento de Jumilla ha eludido pronunciarse este lunes sobre la impugnación que ha hecho el Gobierno. ”No va a haber declaración por parte del ayuntamiento”, han señalado a EFE fuentes municipales.
Por contra, el coordinador de la Comisión Islámica de la Región de Murcia, Walid Habbal, ha celebrado este lunes en declaraciones a EFE el requerimiento. ”¡Qué buena noticia!”, ha exclamado el presidente de la asociación Ucide en Murcia y coordinador de la Comisión Islámica, una entidad que agrupa a las 168 comunidades islámicas censadas en esta región, al conocer la impugnación del Gobierno.
