La polémica moción impulsada por Vox y aprobada por el PP en la localidad de Jumilla, que busca vetar el uso de las instalaciones deportivas y espacios públicos para las actividades religiosas, podría estar más cerca de quedarse en papel mojado tras la amonestación del Gobierno.
Según informa el medio murciano La Verdad, fuentes del Ayuntamiento de Jumilla afirman que los técnicos prepararan un informe jurídico y técnico para deliberar si la moción que salió adelante con los votos del PP y la abstención de Vox, es o no legal.
La alcaldesa jumillana prometió este análisis tras las críticas que generó la moción. Ahora se acelerará para responder, en el plazo de un mes, al requerimiento del Gobierno central. Este exige a la corporación municipal retirar una medida que, pese a las explicaciones que Génova ha esgrimido hasta ayer mismo —insistiendo en que el texto “no menciona a ninguna religión”—, en la práctica afecta solo a la celebración de dos fiestas islámicas.
“Lo que se aprobó definitivamente no veta absolutamente nada, no habla de confesiones”, reiteró ayer en varias ocasiones el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, quien ejerció de portavoz nacional. No obstante, y si se concluye que la medida no cumple el ordenamiento jurídico, el Consistorio ha ha matizado que procederá a anular la moción.
La delegada del Gobierno en Murcia advierte al ayuntamiento con los juzgados si no responden al requerimiento
Según el Gobierno, la motivación “real” del acuerdo del Ayuntamiento de Jumilla no responde a criterios técnicos ni organizativos, se aparta de criterios legales de gestión de los usos de los bienes públicos y, además, responde “a una finalidad ideológica de exclusión religiosa”.
La delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, expone en declaraciones para el diario murciano que si el Ayuntamiento de Jumilla no responde en el plazo acordado al requerimiento, la Abogacía del Estado llevará dicho acuerdo a los juzgados mientras se estudian otras vías para anular la moción aprobada.
En paralelo, y sin esperar a la resolución del Consistorio, la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI) ha confirmado la interposición de una demanda de impugnación ante los tribunales competentes. En palabras de su presidente, Mounir Benjelloun, el veto impulsado por PP y Vox solo puede calificarse de “persecución”, “racismo” e “islamofobia”.
