La tragedia de los incendios forestales, que en los últimos días están arrasando miles de hectáreas en distintos puntos del país, desembocó ayer en una intensísima refriega política que confirma que la polarización no entiende de treguas ni de zonas de exclusión.
Las llamas han golpeado con fuerza en Ourense, Tres Cantos o Tarifa, pero ha sido el fuego que ha castigado el paraje de Las Médulas, en Castilla y León —Patrimonio Mundial de la UNESCO—, el que ha avivado la chispa de la polémica que se ha librado en el terreno de las redes sociales con el ministro de Transportes, Óscar Puente, como protagonista tanto de los ataques al PP como de la respuesta de los de Alberto Núñez Feijóo, quienes han pedido su dimisión por sus “insensibles” y “deshumanizados” comentarios.
Un bombero en los trabajos de extinción del fuego de Las Médulas
El origen de la controversia se centra en la gestión del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, durante las primeras jornadas del incendio de Las Médulas. Tras tres días de fuego y un único mensaje en redes sociales sobre la crisis, Puente arremetió el lunes contra el presidente castellanoleonés y contra su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acusándoles de “estar de farra” en Cádiz y Gijón, respectivamente, mientras la región ardía. “Sinvergüenzas”, les llamó el vallisoletano, cuestionando así su implicación en la coordinación de la emergencia.
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Aunque Puente terminó borrando el mensaje, el Partido Popular no dejó pasar la ocasión de contestar. Y, ya entrada la noche, Feijóo elevó el tono escribiendo en su perfil que “si un ministro de mi Gobierno se permitiera bromear sobre el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas, sería destituido de forma inmediata”, declaró, reclamando al presidente Pedro Sánchez que cesara a Puente.
Sin ningún ánimo de rectificar, el titular de Transportes devolvió el golpe parafraseando a su adversario y, de paso, introduciendo en la coctelera el polémico episodio protagonizado por el president valenciano, Carlos Mazón, quien se ausentó sin dar explicaciones durante las horas más dramáticas de la dana que a finales de octubre dejó 219 víctimas mortales en la Comunitat Valenciana: “Si un presidente autonómico de mi partido estuviera de farra mientras el pueblo se ahoga, o mientras su territorio se quema, sería cesado de manera automática”, señaló.
Puente afea que Mañueco siguiera de vacaciones en Cádiz con el fuego avanzando, pero luego borra el tuit
La réplica motivó dos respuestas en la formación conservadora. El cierre de filas en torno a Mañueco negando cualquier vacío de poder durante su ausencia –algunas voces del PSOE también apuntan a que Isabel Díaz Ayuso está igual de ausente de la gestión del fuego en Tres Cantos al no haber acortado sus vacaciones en Miami– y el reproche a Puente a quien consideran “inhabilitado” para el cargo por la “insensibilidad” de sus palabras y símbolo de lo que describen como una falta general de sensibilidad de todo el Ejecutivo.
“Todos deberíamos mostrar un poco más de empatía y respeto”, resumió ayer la vicesecretaria sectorial del PP, Alma Ezcurra, en una comparecencia en Madrid. A su juicio, Puente debería abstenerse de “hacer bromas” y emplear un tono respetuoso con la ciudadanía.
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Una línea que siguieron la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, asegurando que el vallisoletano “debería ser cesado hoy mismo” por ser “tan frívolo como incompetente”, y el vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, apuntando que “hace mucho que deberían haberle echado del Consejo de Ministros”.
En paralelo, el PP registró en el Congreso una batería de 14 preguntas al PSOE para que detalle “quién está controlando los mensajes de odio que lanzan miembros del Consejo de Ministros en redes sociales mientras Sánchez está de vacaciones”. Una ofensiva que busca no solo arrinconar al titular de Transportes, sino abrir un nuevo frente contra el Gobierno en un terreno —el de las redes sociales— donde Puente es especialmente activo y polémico.
En paralelo el Gobierno decretando la Fase de Preemergencia en Situación Operativa 1 del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM). Una medida que incrementa la presión política sobre las comunidades, pero que no supone la asunción de competencias, puesto que la dirección y gestión de las emergencias sigue siendo autonómica.
El PP cierra filas en torno a su barón exigiendo la dimisión del ministro por su “insensibilidad”
Mientras los bomberos intentan extinguir las llamas sobre el terreno, el fuego político se aviva a golpe de tuit evidenciando que la mecha política es cada vez más corta e inflamable a través de las redes sociales.
El riesgo de la hegemonía territorial del PP
La ventaja de tener el mapa autonómico teñido de azul se ha convertido este verano en un arma de doble filo para el Partido Popular.
En un contexto de bronca política permanente, fruto de una polarización que extiende el enfrentamiento a cualquier ámbito —incluido el de las emergencias—, los incendios forestales han pasado a ser un nuevo campo de batalla entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.
Con once gobiernos regionales bajo su control y mayoría absoluta en el Senado —la Cámara de representación territorial—, la formación de Alberto Núñez Feijóo dispone de una plataforma privilegiada para ejercer oposición.
Pero el poder, en política, no siempre suma; también expone. Y cuando las emergencias golpean, la responsabilidad de gestionarlas recae en quien manda como bien debe recordar Carlos Mazón tras la dana de Valencia.
En plena ola de fuegos, el PP se enfrenta a la otra cara de su hegemonía territorial con la gestión de crisis de cuyo éxito o fracaso dependen importantes costes sociales y electorales.
Este verano, la práctica totalidad de los grandes fuegos afectan a territorios gobernados por el PP con especial incidencia en Castilla y León, una de las comunidades que inaugurarán el nuevo ciclo electoral junto a Andalucía, donde también se registran incendios en estos días. No es una casualidad, sino la consecuencia aritmética de su dominio de los territorios. Algo que no afecta a Vox, que tras las elecciones de 2023 decidió descabalgarse de los gobiernos autonómicos en los que había entrado, y que en consecuencia queda al margen de las críticas directas que vayan a recibir los gobiernos regionales por la gestión de esta catástrofe medioambiental.
La foto fija es clara: las llamas y la presión mediática apuntan a presidentes autonómicos populares, obligados desde diversos sectores a explicar la falta de medios, las carencias estructurales y las decisiones presupuestarias que afectan a la capacidad de respuesta.
