El Govern de la Generalitat ha aprobado el último paso necesario para activar la primera convocatoria de subvenciones del denominado plan de barrios, un plan para la mejora urbana, ambiental y social de los barrios y villas que requieren una atención especial en Catalunya y que prevé movilizar unos 1.600 millones de euros hasta el año 2029, de los cuales 1.000 millones los pondrá el Ejecutivo catalán y el resto, los ayuntamientos. Esta primera convocatoria pondrá a disposición 200 millones de euros, y el Govern prevé abrirla formalmente a los ayuntamientos el 15 de septiembre para que los gobiernos locales presenten sus solicitudes y proyectos antes del 15 de octubre.
El plan de barrios prevé en total cinco convocatorias anuales como la que se acaba de aprobar, que permitirán llevar a cabo alrededor de 120 programas de intervención integral que incorporarán acciones de transformación física (en el ámbito urbanístico, vivienda y eficiencia energética e hídrica), transición ecológica (actuaciones de emergencia climática, infraestructura verde urbana, servicios ambientales y economía circular) o acción sociocomunitaria (reducción de las desigualdades sociales, equidad de género, salud y educación y económica y ocupación).
Pueden ser consideradas áreas de atención especial los barrios, villas o zonas que tengan una renta per cápita por debajo de la media de Catalunya y que cumplan los umbrales urbanos, ambientales y sociales establecidos en las bases de las convocatorias.
Para recibir las subvenciones del plan de barrios, los municipios de más de 20.000 habitantes pueden presentar proyectos que supongan un gasto de entre 6 y 25 millones de euros. Sin embargo, el límite presupuestario de los municipios de menos de 20.000 habitantes se sitúa entre los 3 y 12,5 millones de euros.
El plan de barrios prevé en total cinco convocatorias anuales como la que se acaba de aprobar
En rueda de prensa posterior, la consellera de Territori y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, se ha felicitado por la aprobación del último trámite que dará el pistoletazo de salida a un plan “muy esperado” en muchas partes del territorio y que bebe de exitoso plan de barrios impulsado por el president Pasqual Maragall. Para Paneque, este plan permitirá “reforzar la cohesión social, mejorar la vida de los barrios y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con proyectos transformadores y evaluables”
Decreto ley de refuerzo de la ATC
En esta primera reunión del Consell Executiu del nuevo curso político, el Govern también se ha aprobado el decreto ley con las modificaciones necesarias del régimen jurídico de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), para adaptarlo a los nuevos requerimientos derivados del despliegue de la hacienda catalana y el nuevo sistema de financiación singular. Unas modificaciones acordadas entre el Govern y ERC tras la reunión de la comisión bilateral Estado Generalitat del pasado 14 de julio en la que nación el pacto para la financiación singular. Estos cambios n paso adelante en el reforzamiento de la ATC, para que en un futuro recaude todos los impuestos, con la mirada puesta en el IRPF en el 2028.
El objetivo es que la ATC disponga de las herramientas jurídicas y organizativas necesarias para ejercer con plenas garantías las nuevas competencias resultantes de la aplicación del nuevo sistema. Para ello, el decreto ley modifica el Libro segundo del Código tributario de Catalunya, aprobado en 2017 y que regula la administración tributaria de la Generalitat.
El decreto otorga a la ATC plena autonomía en materia de personal y establece la figura del contrato programa com a instrumento de governanza
Entre las novedades que introduce el decreto ley destacan el establecimiento del contrato programa como instrumento de gobernanza y la creación de nuevos cuerpos tributarios con perfiles profesionales ajustados a las necesidades reales de la agencia, así como el otorgamiento de mayor autonomía a la ATC para diseñar su estructura organizativa y gestionar al personal.
También se crearán dos nuevos cuerpos tributarios: el cuerpo de agentes tributarios y el cuerpo superior de informática tributaria. El primero se ocupará de desarrollar las tareas administrativas vinculadas a la tramitación de los procedimientos de aplicación de los tributos y de asistir a la ciudadanía en la confección y presentación de las declaraciones y autoliquidaciones. En el caso de los informáticos tributarios, sus funciones serán analizar las necesidades de las distintas unidades y estructurar la información tributaria para garantizar su coherencia e interoperabilidad, así como adaptar y poner en marcha nuevas tecnologías para mejorar la eficacia de los procesos tributarios.
Por último, el decreto ley confiere a la ATC plena autonomía en materia de personal y para la negociación colectiva de las condiciones de trabajo del personal de los cuerpos tributarios y por la aprobación de su oferta pública de empleo. También le atribuye la potestad para el diseño de su estructura organizativa, determinando que la Agencia se estructura en servicios centrales y territoriales, en los que se integrarán las diferentes unidades directivas.
