Los niños y adolescentes migrantes que hace meses que esperan en los desbordados centros de Canarias un destino en la Península se han convertido en un arma política en la lucha sin descanso entre el Gobierno del PSOE y Sumar y los ejecutivos autonómicos del PP, la inmensa mayoría.
Los criterios de reparto, por los que comunidades como Madrid o Andalucía, que han creado menos plazas que las que les correspondería según su población y nivel de renta, deberían recibir un número superior de menores que los que irían a Catalunya o el País Vasco, donde ya se han alcanzado los objetivos fijados, han puesto en pie de guerra a los barones populares, a los que el Ejecutivo central recuerda que las leyes están para cumplirlas y que, de lo contrario, habrá consecuencias.
Baleares pide equipararse a Canarias y que se active la contingencia migratoria
Y ayer se sumó a esta batalla política, en la que los derechos humanos pasan a un segundo plano y los niños y adolescentes africanos son tratados como incómoda mercancía, el Gobierno de Baleares, cuya presidenta, la popular Marga Prohens, en buena medida presionada por la ultraderecha de Vox y toda vez que a sus costas llegan cada vez más pateras desde Argelia, lleva meses insistiendo en que no recibirá ni un solo migrante de Canarias.
Prohens pide que se active la contingencia migratoria también en Baleares, adonde deberían viajar 49 menores de los centros canarios, y así lo formalizará mañana el Consell de Govern. Argumenta que ya acoge a 680 menores migrantes no acompañados para los que, no obstante, asegura que no pedirá su traslado a la Península.
Sin embargo, el delegado del Gobierno en Baleares descartó de plano esta posibilidad, porque no se cumplen las condiciones para declarar la emergencia en función del cupo de menores: Baleares, que aduce dificultades para encontrar personal cualificado y ampliar los espacios de acogida en un territorio bajo gran presión urbanística, debería tener más de 1.200 jóvenes migrantes para entrar en los criterios de reparto, porque tiene 430 plazas asignadas aunque solo disponga de 186.
Como otras comunidades del PP, el Govern balear recurrió ante el Tribunal Constitucional, un frente judicial que ayer amplió Madrid al elevar al Supremo un recurso contra el real decreto del Gobierno que establece los baremos de reparto al entender que “infringe principios de solidaridad y lealtad entre administraciones”.
Además de alegar invasión de competencias, el dilema de fondo es económico, ya que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acusa a la Moncloa de no aportar los recursos necesarios para la correcta atención de los 647 jóvenes asignados, cuya manutención y educación tendría que costear la Comunidad. Y, por supuesto, también político, porque Madrid aduce el presunto trato de favor a Catalunya y Euskadi por las “cesiones” de Pedro Sánchez a sus aliados.
Ante la amenaza de que una petición de cautelares paralice la aplicación de la ley, que entra en vigor hoy, el Gobierno reaccionó por partida doble: el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el de Justicia, Félix Bolaños, advirtieron que si algún territorio se negara a acoger a los menores, “lógicamente” intervendrían las fuerzas de seguridad, para “hacer que se cumpla la legislación”.
Y aunque el dirigente popular Elías Bendodo calificó de “vergüenza” que Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana vayan a recibir “a la mayoría” de los menores, garantizó que los presidentes autonómicos del PP siempre cumplirán la ley.
