La puesta en marcha del mecanismo de reparto de los menores migrantes no acompañados que saturan los centros de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla no acalló ayer el ruido político entre el Ejecutivo central y los autonómicos, la mayoría en manos del PP, aunque también Castilla-La Mancha, en manos del PSOE, y el País Vasco, donde gobierna el PNV, entraron en escena.
El choque entre el Gobierno y el PP subió de tono a raíz del “lenguaje chantajista y amenazante” que la dirigente popular Carmen Fúnez observó en las advertencias del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que reiteró que la Fiscalía y las fuerzas de seguridad tomarían cartas en el asunto si alguna comunidad autónoma se negaba a cumplir la ley.
“No vamos a aceptar lecciones de un Gobierno acorralado por la corrupción, ni media”, exclamó Fúnez, que recomendó a la Moncloa que “actúe para controlar las fronteras y luchar contra las mafias” en lugar de “perjudicar” a Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana porque Pedro Sánchez “depende de sus socios separatistas” en Catalunya y Euskadi: “¿Por qué no pueden ir allí?”.
Igual que las comunidades del PP, Castilla-La Mancha se plantea recurrir el decreto del Gobierno
Que estos menores desamparados se han convertido en arma arrojadiza entre políticos de uno y otro signo se confirmó no solo por el hecho de que el PP gobierna en Canarias en alianza con Coalición Canaria, sino también porque un veterano barón popular como el ceutí Juan Jesús Vivas se sumó a la petición de la contingencia migratoria –también lo hizo Melilla– para descongestionar los abarrotados centros de acogida de la ciudad autónoma norteafricana.
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Lejos de verlo como una contradicción entre sus diferentes líderes territoriales, Génova observa la constatación de que la crisis actual es consecuencia de la falta de política migratoria del Gobierno español: “La unidad de mensaje no se ha roto”, aseguró Fúnez, que respaldó a Vivas porque “conoce mejor que nadie” las “complejas circunstancias” de Ceuta, enclave fronterizo, como Melilla, también del PP, con Marruecos.
Lejos de verlo como una contradicción en Génova creen que la crisis actual es consecuencia de la falta de política migratoria del Gobierno
Y que el alojamiento, la manutención y la educación de estos jóvenes que huyen del hambre y la guerra en el Sahel es asimismo un problema de recursos lo dejó claro que una comunidad socialista, Castilla-La Mancha, se plantee, como la mayoría de las del PP, con Baleares –que sufre el flujo de pateras desde Argelia– y Madrid al frente, recurrir ante el Tribunal Supremo el decreto del Gobierno por falta de financiación.
Mientras, en el País Vasco, el lehendakari, Imanol Pradales, explicó en su primera comparecencia tras el verano que este miércoles telefoneó al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, para salir al paso de sus declaraciones públicas unas horas antes. ”¿Cuántos inmigrantes cruzan de Francia al País Vasco en patera?”, había expresado en tono crítico el presidente de Andalucía.
El líder vasco puntualizó, en primer lugar, que le llamó para evitar polémicas a través de los medios en torno a un tema tan sensible, al tiempo que le trasladó que Euskadi acoge a “muchos más” menores que los que le corresponderían por población.
Por esta razón, según subrayó Pradales, ha quedado fuera de la nueva distribución de menores y no, como afirmó Moreno Bonilla, por que se le hubiera reconocido la condición de “frontera norte”, algo que el lehendakari negó de plano que se haya producido. Pradales, finalmente, trasladó al líder andaluz que “el 50% de los menores no acompañados que llegan a Euskadi llegan en autobús, fundamentalmente desde Andalucía”, y le pidió colaboración al respecto.
