A partir de hoy ya se puede aplicar la modificación de la ley de Extranjería por la que se pondrá al cuidado, entre todas las comunidades autónomas, a parte de los más de 5000 niños que llevan tiempo acogidos en precarias condiciones en Canarias, Ceuta y Melilla. Trataremos de explicar de la manera más sencilla un problema complejo: porqué, cómo y con qué medios.
¿Qué significa el 'reparto' de menores?
Tal vez esta palabra, que utilizan muchas administraciones -y también los medios de comunicación- forme parte del problema. No se trata de repartir, si no de hacerse cargo de niños y adolescentes que, hoy en día, residen en España y están desamparados. De acuerdo con la Constitución (artículo 39.4) y de todas las leyes internacionales y estatales los menores de 18 años han de ser protegidos y auxiliados se si hallan en una situación de desamparo.
¿Quiénes son estos niños que están desamparados ahora?
Especialmente desde principios de este siglo la posición española -somos la décimo quinta potencia mundial- ha cambiado y ha pasado de ser un país emigrante a ser un país receptor de inmigración. Estos niños llegan de otros países. Dada la posición geográfica española, la mayoría de estos niños y adolescentes proceden de África. Según las estimaciones del Gobierno hoy en día hay más de 25.000 niños -no todos son africanos ni tan siquiera extranjeros- en esta situación, esto es algo más del 0,05% del total de la población española.
¿Por qué Canarias, Ceuta y Melilla piden que otras comunidades cuiden de los niños que tienen acogidos?
Canarias y las dos ciudades autónomas del norte de África son las principales vías de entrada de inmigración y por tanto también de menores desamparados. El caso de Canarias es especialmente acuciante ya que acoge en condiciones inadecuadas a una cuarta parte de los menores sin amparo de toda España, algo más de 5.000 niños, el 0,22% de su población. Esto es así porque Canarias se ha convertido en la principal puerta de entrada de inmigrantes dada su proximidad con África y eso a pesar de que España y la Unión Europea tratan de evitar a toda costa que se produzcan estos desembarcos.
¿Por qué una parte de los niños de Canarias no son desplazados a la Península para que se hagan cargo de ellos?
Pues porque la mayoría de las comunidades autónomas que, de acuerdo con el reparto de competencias del sistema autonómico son las administraciones responsables de la tutela de niños desamparados, no los quieren. Aquí se suman varios factores: el coste económico de mantener a estos niños y habilitar espacios y equipos de personal para que puedan integrarse adecuadamente y también el miedo de muchos alcaldes a albergar estos centros en sus municipios. Temen que le penalizará electoralmente si los aceptan. Así que, sí, en parte, que este problema se resuelva depende de los prejuicios de cada ciudadano. ¿Usted los tiene?
¿Qué ha hecho el Gobierno para solucionar esta crisis humanitaria?
Ante la oposición de muchas comunidades autónomas a acoger estos menores el Gobierno ha promovido una modificación de la ley de Extranjería para forzar a las comunidades a acoger un mínimo de niños y adolescentes y a crear un mínimo de plazas para albergarlos, cuidarlos e integrarlos en la sociedad española.
¿Cómo se ha calculado la capacidad de cada comunidad para acoger a menores?
Para calcular la capacidad ordinaria se ha tomado como referente la población de cada comunidad. Se pidió a todas las autonomías que informasen de cuántos menores tenían a su cargo, para tener por fin la cifra de todos los niños y adolescentes extranjeros sin familia en España. 25.551 fue el dato resultante. Se ha divido por la población total española, dando una ratio de 32,6 por cada 100.000 habitantes. Y luego se ha ido aplicando esa ratio a cada comunidad en función de sus habitantes. Así, por ejemplo, si Baleares tiene 1,2 millones de habitantes, le corresponde tener 403 plazas disponibles para acoger a menores. Otro ejemplo: si Catalunya tiene 8,1 millones de habitantes le corresponde disponer de 2.650 plazas, a Madrid, 2.325, a Cantabria 194... La tabla que acompaña esta respuesta incluye la capacidad asignada a todas las comunidades.
¿Cómo se van a asignar los menores a cada comunidad?
Siguiendo este cálculo de plazas que debe tener disponibles. Cada comunidad deberá hacerse cargo de esos 32,6 niños por cada 100.000 habitantes. Por esa razón hay comunidades que no recibirán más menores porque ya tienen todas las plazas asignadas ocupadas y otras sí porque o no las tienen o si las tienen no están ocupadas.
¿Por qué Catalunya no va a recibir menores salvo los que decida acoger voluntariamente?
Catalunya, con 8,1 millones de habitantes y en función del cálculo realizado por el Gobierno central le corresponden 2.650 plazas. Pero según los últimos datos tiene 5.100 plazas disponibles y todas ellas ocupadas. Es decir, ha hecho más que de sobra los deberes abriendo plazas en los últimos años razón por la cual queda fuera de la distribución, aun así, ha ofrecido acoger a unos cuarenta niños más voluntariamente. Para que se entienda mejor veamos un caso opuesto: la capacidad en función de la ratio en la Comunidad Valenciana es de 1.767 pero sólo cuenta con 1.638 menores. Deberá hacerse cargo de más chicos y chicas.
¿Cómo se activa el mecanismo de redistribución de los cuidados de los menores?
Con la declaración de la contingencia migratoria. Es el botón verde para poder activar el desplazamiento a otras comunidades autónomas. Se puede solicitar cuando el sistema de acogida autonómica triplique su capacidad ordinaria. Este es el caso de Canarias que debería tener una capacidad de 737 plazas y tiene más de 5000 menores. También Ceuta y Melilla, con una capacidad ordinaria inferior a treinta plazas, mientras que cuentan con 421 y 256 menores, respectivamente. Una vez verificado, se activarán las salidas a otras comunidades autónomas.
¿Pueden otras comunidades declarase en situación de contingencia migratoria?
Sí, todas pueden hacerlo. Por primera vez, atendiendo a un criterio tan objetivo como la población, se establece el número de menores migrantes no acompañados que cada comunidad debería tener para avanzar a un sistema más igualitario. Pero con estas cifras, el argumento de algunas comunidades que se dicen saturadas cae por su propio peso. Por ejemplo, Baleares defiende que está al triple de su capacidad con más de 600 menores a su cargo, pese a tener poco más de 180 plazas [un informe publicado hoy mismo por la agencia EFE modifica esta cifra y estima que en realidad Baleares sólo cuenta con 72 plazas específicas para menores inmigrantes]. Sin embargo, de acuerdo con la ratio que fija la ley aprobada por el Congreso su capacidad asignada es de 406 menores. Para declararse la contingencia migratoria debería triplicar esos 406, con 1212 niños y adolescentes en las islas. Algo que, por el momento, no sucede.
¿Qué pasa si una comunidad no acoge a menores que le han sido asignados?
Podría intervenir la Fiscalía en la medida que su cumplimiento es obligatorio. Se presupone que todas las comunidades actuarán conforme a ella. ¿Se atrevería un gobierno autonómico a ordenar a los funcionarios incumplir la ley? ¿Y acatarían esa orden los funcionarios? Está por ver. Pero hay un precedente: El Tribunal Supremo ha obligado al Gobierno central a hacerse cargo de un millar de menores que residen en Canarias que al llegar pidieron acogerse al derecho de asilo, un derecho que, de inmediato les convierte en dependientes del Estado y no de las comunidades autónomas. Pues bien, el Gobierno central sólo ha podido trasladar a la Península a poco más de cincuenta de estos niños. ¿Porqué? Porque el Estado no encuentra lugares donde acogerlos. Si esta situación continúa el Supremo podría actuar contra el Gobierno.
Y por último ¿Esto quién lo paga?
El cuidado de los menores es una competencia política autonómica. Si el Estado cambia la ley y les obliga a cambiar sus criterios debe financiar este cambio. Por ahora el Gobierno ha creado un fondo finalista -sólo para utilizarlo con este fin- de cien millones de euros.
